Denuncian la matanza "industrial" de 11.000 presos en Siria

Tres exfiscales internacionales acusaron al régimen sirio de Bashar Al Asad de torturar y matar detenidos a "nivel industrial", en un informe basado en el testimonio de un desertor y encargado por Qatar, país que apoya a los rebeldes sirios.

El informe, publicado por el diario británico The Guardian y el canal informativo estadounidense CNN, se basa en el testimonio no autentificado y las fotos facilitadas por esta fuente, anónima por razones de seguridad.

El confidente, un fotógrafo que afirma haber desertado de la policía militar siria, suministró a los expertos forenses comisionados por el gabinete jurídico que representa a Qatar unas 55.000 fotos digitales de 11.000 presos muertos. El fotógrafo afirma que murieron en cautiverio antes de ser transportados a un hospital militar para ser fotografiados.

Se trata de 11.000 muertos únicamente en una región. "La cifra viene de un único lugar, que no puedo revelar por razones de seguridad", dijo a la BBC Desmond de Silva, uno de los tres autores del informe. "Hay muchos más" muertos en el conjunto de Siria, añadió De Silva, que fue fiscal del tribunal especial para Sierra Leona.

Las imágenes "dan cuenta del asesinato sistemático de detenidos por hambre y torturas. Se ven ojos arrancados, gente horriblemente golpeada, cuerpos mutilados, son imágenes terribles", dijo.

"Las fotos de los cadáveres demacrados recuerdan a los de los campos de concentración nazis", añadió. "Estimamos que los elementos que nos proporcionó [el confidente] pueden contribuir a hallar crímenes contra la humanidad", explicó De Silva a la BBC.

El exfiscal estimó "muy poco probable" que se trate de fotos falsas. El documento de 31 páginas fue redactado por Desmond de Silva, Geoffrey Nice, fiscal jefe en el juicio del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, y David Crane, que inculpó al presidente liberiano Charles Taylor.

La publicación del informe coincide con el inicio de la conferencia Ginebra II destinada a sacar a Siria de la guerra civil. Los autores del informe consideraron creíbles al testigo y sus pruebas después de someterlos a "un examen riguroso", y pusieron el resultado de su trabajo a disposición de la ONU, gobiernos y organizaciones de defensa de los derechos humanos.