Triste, solitario y final. El cerco sobre Dilma Rousseff se va cerrando y amenaza la estabilidad institucional de Brasil. Las encuestas revelan que su aprobación cayó a mínimos históricos. Once pedidos de impeachment avanzan en la Cámara de Diputados, comandada por un ex aliado devenido en enemigo, Eduardo Cunha. La Justicia golpea con el Lava Jato, la megacausa de corrupción que involucra a la petrolera estatal Petrobras y a parlamentarios del oficialismo y de la oposición, y amenaza hasta a Luiz Inácio Lula da Silva. Para colmo, la economía caerá este año el 1,5%, según previsiones del Ministerio de Hacienda, agudizando la recesión y la debilidad del gobierno.
Como adelantó ayer PERFIL, el gobierno tendió puentes con el ex presidente Fernando Hernique Cardoso, del PSDB, para contener “el fuego amigo” de sus aliados, que desde el Congreso motorizan los pedidos de juicio político.
Según el último sondeo de la consultora MDA, contratada por la Confederación Nacional del Transporte (CNT), la desaprobación de Rousseff llegó al 79,9% en julio. Tan sólo el 7,7% de los encuestados sostuvo que la gestión de la mandataria es buena o muy buena, tres puntos menos que en marzo, cuando un millón de personas salieron a las calles a protestar contra la corrupción en Petrobras.
Pero, ¿por qué la caída en las encuestas de la mandataria es tan pronunciada? “Porque la economía es un desastre, con inflación alta, cercana al 9%, más que el doble de la meta original del gobierno, con una recesión que está acelerando el desempleo; y porque hay denuncias graves de corrupción involucrando a altos funcionarios del gobierno, además de sospechas sobre la financiación de la campaña de la propia Dilma”, respondió a PERFIL Clóvis Rossi, analista político del diario Folha de São Paulo.
“Criminalización”. Ante las críticas contra su sucesora, el ex presidente Lula salió a respaldarla y, en una polémica declaración, afirmó que la izquierda en Brasil está siendo “perseguida” y comparó esa situación con el Holocausto. “Estoy cansado del tipo de persecución y la criminalización que intentan hacer con la izquierda de este país. Parecen los nazis criminalizando al pueblo judío y los romanos criminalizando a los cristianos”, disparó ayer el mandatario. “Nunca en la vida había visto a personas que dicen ser democráticas y no aceptan una elección en la que se eligió a una mujer como presidenta de la República”, añadió Lula.
Aunque no fue mencionado, uno de los destinatarios de sus palabras fue Cunha, el dirigente del PMDB que preside la Cámara de Diputados y que rompió con el Planalto. “Las encuestas muestran que la gente quiere que haya un cambio. Y es por eso que el PMDB debería rever su posición de continuar en la coalición de gobierno”, disparó esta semana el legislador, acusado por la Justicia de haber participado en el esquema de sobornos de Petrobras. El vicpresidente Michel Temer, del mismo partido, admitió que la alianza con el PT podría romperse en 2018, cuando se celebren las próximas presidenciales. Sin embargo, dentro del gobierno temen que Cunha arrastre antes a otros dirigentes, que podrían ser salpicados por el Lava Jato. “El PMDB es claramente la clave. Si decide que es mejor llegar ya al poder con la destitución de Dilma, en vez de esperar la elección de 2018, se acabó. Pero no es fácil en un partido con tantos caciques regionales –ninguno nacional– llegar a un consenso sobre el mejor camino a seguir”, agregó Rossi.
Batalla cultural. Preocupada por la repercusión de la crisis en los medios de comunicación, Rousseff grabó ayer una participación en el programa de televisión del PT, que se emitirá el próximo 6 de agosto, contará con la coordinación del publicista Joao Santana y también aparecerán Lula y el presidente de la agrupación, Rui Falcao.
Dilma enfrenta un doble desafío: la crisis económica, derivada de la recesión y la elevada inflación, y el descrédito político, que crece a medida que surgen nuevas revelaciones del Petrolão. Si no recupera la iniciativa, su gobierno y el PT se arriesgan a un escenario incierto e inédito.
Para Odebrecht, es “ilegal” la prisión de su CEO
agencias
Desde San Pablo
La constructora brasileña Odebrecht, envuelta en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, consideró “ilegal” y “arbitraria” la nueva orden de prisión preventiva emitida el viernes contra su presidente, Marcelo Odebrecht, quien fue ayer transferido a un complejo penitenciario común. El y otras 22 personas fueron denunciadas formalmente por la Fiscalía de Brasil por corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir.
“A partir de ahora, los abogados podrán conocer las alegaciones imputadas a los ejecutivos investigados y también será posible analizar el conjunto de documentos presentados por la acusación, lo que finalmente viabilizará el debido ejercicio del derecho de defensa”, subrayó ayer Odebrecht en un comunicado. La constructora precisó que las alegaciones de la Fiscalía, realizadas “de forma mediática y escandalosa”, no justifican “bajo ninguna hipótesis” el mantenimiento de la prisión “arbitraria e ilegal” de Marcelo Odebrecht y de cuatro ex ejecutivos de la firma.
