La olla a presión que es Venezuela podría destaparse hoy. En un clima de creciente tensión social, los venezolanos están convocados a las urnas para votar a los futuros miembros de la Asamblea Nacional Constituyente decretada por el presidente Nicolás Maduro. La oposición denuncia que la medida es ilegal y ha llamado a manifestarse en todo el país mientras se desarrolle la elección. Es tal el temor a un estallido de violencia que algunas embajadas extranjeras retiraron a su personal de Caracas y aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos a esa ciudad.
Al igual que Hugo Chávez en 1999, Maduro convocó en mayo pasado a un proceso para reformar la Constitución. La diferencia es que Chávez celebró antes un referéndum para que la decisión se tomara por voluntad popular, mientras que Maduro lo hizo por decreto. Aunque ofreció pocos indicios sobre los cambios que podría aplicar la Constituyente, el gobierno insiste en que ésta servirá para sacar al país de su crisis política y económica. En cambio, el antichavismo señala que el “decretazo” presidencial es anticonstitucional y afirma que el gobierno busca una vía para establecer un régimen autocrático y para perseguir a la disidencia.
Tras dos días de piquetes en las mayores ciudades del país, la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a concentrarse hoy en las principales avenidas de los 23 estados para protestar contra la Asamblea. “Habrá dos fotos: los centros electorales vacíos y las calles repletas”, vaticinó el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski. Casi todos los postulantes que aparecerán en las boletas son oficialistas ya que el antichavismo desconoce la validez de la votación.
Uno de los puntos más cuestionados del proceso es el sistema de elección de los miembros de la Asamblea. El Consejo Nacional Electoral, afín al gobierno, estableció un método que pondera a las zonas rurales, donde Maduro es más popular, y relega a los grandes centros urbanos. Cada estado tendrá un delegado por municipio, sin importar la cantidad de habitantes. Así, por ejemplo, un estado como Miranda, donde gobierna Capriles y donde residen tres millones de personas, tendrá menos representantes que Falcón, donde vive un millón. Además, de los 364 delegados, 173 serán elegidos por lo que el chavismo llama las “fuerzas vivas” de la sociedad: sindicatos, organizaciones estudiantiles, comunidades indígenas y otros grupos.
Esta semana, figuras prominentes del gobierno hicieron declaraciones que alarmaron aún más a la oposición. La primera dama, Cilia Flores, candidata a la Constituyente, dijo que ésta creará una “comisión de paz y justicia” para garantizar que los responsables de los disturbios en las marchas opositoras “paguen y aprendan la lección”. Diosdado Cabello, número dos del chavismo, anticipó que la Asamblea podría eliminar la inmunidad judicial para los legisladores del Parlamento, de mayoría opositora, y que podría reformar por completo la Fiscalía General de la República. Esa oficina pertenece hoy a la fiscal Luisa Ortega Díaz, una histórica funcionaria chavista que rompió con Maduro y se convirtió en el símbolo de las fisuras internas que asolan al oficialismo.
Según una reciente encuesta de Datanálisis –una de las pocas consultoras fiables en Venezuela–, el 77% de los ciudadanos está en contra de la Constituyente; sólo el 19% estima que una reforma constitucional garantizaría la “paz y estabilidad” del país como afirma el gobierno; y casi la mitad cree que el verdadero objetivo de la Asamblea es asegurar la continuidad de Maduro en el poder.
Sea como fuera, existe el riesgo de que las elecciones de hoy aceleren la espiral de violencia, que ya arrojó un saldo de más de cien víctimas mortales en el último mes. Sin evidencias de que exista una negociación de último momento entre oficialismo y oposición, Venezuela se asoma a un nuevo capítulo de su crisis.
Cancelan vuelos internacionales a Caracas
El temor a que el inicio del proceso hacia la Asamblea Nacional Constituyente derive en un estallido de violencia en Venezuela provocó que algunos países retiraran ayer al personal diplomático y a sus familiares de las embajadas en Caracas. Además, algunas aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos a esa ciudad.
La aerolínea francesa Air France anunció la suspensión de sus viajes entre París y Caracas desde hoy hasta el martes próximo. “Ante la situación actual en la capital venezolana, estamos obligados a suspender nuestros vuelos de París a Caracas del domingo 30 de julio al martes 1° de agosto”, informó la compañía. Lo mismo hizo la española Iberia con su conexión desde Madrid.
La decisión de las aerolíneas se produjo un día después de que el gobierno de los Estados Unidos ordenara a los familiares del personal de su embajada en Caracas que abandonaran Venezuela a causa de los “crímenes violentos” en el país y “la falta generalizada de alimentos y medicinas”. En respuesta, el canciller venezolano Samuel Moncada acusó a Washington de crear deliberadamente alarma sobre la situación. “Si ellos evacúan a su personal, otras embajadas los copian, porque dicen, ‘algo saben los norteamericanos que nosotros no’”, especuló el funcionario. En efecto, la India decidió evacuar a su personal, y otros países recomendaron a sus ciudadanos no viajar a Venezuela.
