La calma postriunfo electoral fue efímera para el gobierno de Dilma Rousseff. Luego de una de las mayores redadas anticorrupción en la historia de Brasil, que terminó ayer con la detención de al menos 23 ejecutivos de las empresas constructoras más grandes del país, las implicancias de la Operación Lava Jato comenzaron a hacerse sentir en el mundo político y empresarial brasileño. Cuando el durísimo tono de la campaña parecía empezar a quedar atrás, la investigación sobre el presunto desvío de millonarios fondos públicos a través de la compañía estatal Petrobras volvió a colocar al Partido de los Trabajadores (PT) en el ojo del huracán.
Anteayer, 300 agentes de la Policía Federal arrestaron en simultáneo a 23 personas -dos permanecían prófugas el sábado a la noche- involucradas en la presunta red corrupta y allanaron oficinas en Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba y Recife. Entre los detenidos se encuentran el ex director de Servicios de Petrobras Renato Duque, y los presidentes y ejecutivos de empresas de primera línea, como Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, OAS, Iesa, UTC, Mendes Junior, Engevix y Galvão Engenheria.
La Policía Federal también allanó las oficinas de la firma Odebrecht y el Ministerio Público solicitó una orden de detención para dos directivos de esa compañía, Rogério de Araújo y Márcio Faria, pero el juez no la concedió.
Esas firmas tienen contratos con Petrobras por 22 mil millones de dólares. Según las sospechas de la Justicia, Duque –designado por el PT en la petrolera– sobrefacturaba al menos 3% los contratos, y parte de ese dinero era desviado al financiamiento de campañas de legisladores del oficialismo y partidos políticos aliados. Se estima que el esquema fraudulento movilizó más de 3.800 millones de dólares de manera ilegal en la última década.
A poco de su derrota en las urnas, la oposición salió ayer a capitalizar el caso. “Por las acciones de este gobierno, Petrobras incorpora la perversa marca de la corrupción a su bellísima historia”, afirmó Aécio Neves (PSDB), rival de Dilma en el ballottage de octubre. En la misma dirección, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso dijo que “como brasileño, me da vergüenza hablar de lo que está ocurriendo en Petrobras”.
De viaje en Australia por la cumbre del G20, Rousseff guardó ayer silencio sobre el “Petrolão”. En su nombre habló el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien aseguró que la mandataria está al tanto del operativo policial y pidió investigar “todo lo que haya de irregular” en la trama. “Hay un intento de politizar las investigaciones para hacer de ellas una prolongación de la disputa electoral –acusó Cardozo–. Pero ya hubo un resultado en las urnas. La investigación no es un tercer turno electoral”.
Según publicó el diario paulista Estadão, la mayor preocupación del oficialismo en este momento es “blindar a Dilma contra la extensión del escándalo, que ya es considerado en Planalto como la mayor crisis del gobierno petista desde la administración de Lula da Silva”. De acuerdo con la publicación, los asesores de la jefa de Estado trabajan en una estrategia de “contención de daños” que muestre que fue ella misma quien inició la limpieza de Petrobras cuando forzó la renuncia de directivos sospechados de corrupción.
El escándalo puede ser aún mayor, ya que todavía falta que se revelen los nombres de los políticos y legisladores favorecidos por el desvío de fondos, justo cuando Rousseff se dispone a conformar el gabinete para su próximo mandato. Por lo pronto, en Brasilia preocupa la posibilidad de que la Operación Lava Jato lleve a la parálisis de multimillonarias obras públicas adjudicadas a las empresas constructoras involucradas.
Si la Justicia encuentra culpables a sus directivos –que enfrentan cargos por formación de cartel, corrupción, asociación ilícita, fraude a la ley de licitaciones y lavado de dinero–, las licitaciones que obtuvieron del Estado podrían ser anuladas. Esa suerte podrían correr las principales obras del inmenso programa Progreso de Aceleración del Crecimiento, que incluye proyectos como la central nuclear Angra 3 en Río (por 9.200 millones de dólares) o la refinería Abreu Lima en Pernambuco (13.600 millones de dólares).
Ayer, la Policía Federal comenzó a interrogar a los detenidos del viernes, a los que se sumaron directivos de Camargo Corrêa, que se entregaron voluntariamente a la Justicia. La investigación dio sus primeros pasos en marzo, cuando fue arrestado el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa. A cambio de una reducción de su pena, Costa denunció el presunto esquema de pago de sobornos a más de cincuenta legisladores y gobernadores. Ocho meses más tarde, las autoridades judiciales comienzan a cosechar las tempestades de aquella confesión.
