El intento de secesión catalana nació intervenido

La sangre llegó al río. España se asoma a una crisis sin precedentes en su historia democrática reciente. El Parlament de Cataluña declaró ayer la independencia y la constitución de una “república catalana como Estado independiente y soberano”. En represalia, el gobierno español de Mariano Rajoy ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención de la comunidad autonóma y destituir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo su Govern. Además, Rajoy disolvió el Parlament catalán y convocó a elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. Con la proclamación independentista consumada, y ya sin margen para negociaciones de último momento, se abre un escenario probable de uso de la fuerza y represión.

La de ayer fue una jornada tan histórica como dramática. Empezó con una sesión del Legislativo catalán en la que se aprobó por setenta votos a favor, diez en contra y dos abstenciones un proyecto de las fuerzas de Junts pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP) que propuso declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente que “acabe con la redacción y aprobación de la Constitución de la república”. La votación fue secreta y en urna con el fin de evitar acciones penales futuras contra los secesionistas. La oposición unionista se retiró del recinto al momento de votar.

Antes de la votación, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, leyó la propuesta de Junts pel Sí. “En virtud de lo que se acaba de exponer, constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, dijo. El proyecto también insta al Govern a activar una ley de transitoriedad hacia la independencia y fija un plazo máximo de quince días para conformar un “consejo asesor del proceso constituyente” y convocar luego a elecciones constituyentes. Esta vez, Puigdemont se llamó a silencio y dejó que hablaran otros voceros de la coalición.

La declaración unilateral de independencia es el desenlace de un crítico proceso abierto el 1° de octubre, cuando el Sí a separarse de España triunfó en un referéndum popular celebrado en medio de un enorme operativo represivo montado por el gobierno español. La proclamación de la república catalana responde, a su vez, a la preanunciada decisión de Rajoy de echar mano al artículo 155.

Ayer, un consejo de ministros encabezado por el presidente español resolvió la destitución de Puigdemont y todo el gobierno de la Generalitat, así como de la conducción de la policía autonómica y de los delegados del Govern en Madrid y Bruselas. Rajoy también apeló la declaración de independencia ante el Tribunal Constitucional. “Respondemos a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles”,  manifestó en una breve declaración luego del Consejo.

Rajoy aseguró que “el Estado dispone de medios suficientes para, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas”. Más allá de su oferta de garantías, es factible que la toma del control de las instituciones públicas catalanas por parte del gobierno central requiera la intervención de las fuerzas de seguridad, lo que podría derivar en escenas de represión y violencia similares a las que se registraron durante el 1-O. Es que los colectivos independentistas catalanes se preparan para una “resistencia civil pasiva” en las calles contra lo que consideran un “golpe de Estado” de Madrid.
La estrategia de Rajoy se completa con la disolución del Parlament y el llamado a elecciones autonómicas. La pelota vuelve ahora al campo de los independentistas catalanes, que deberán debatir en el seno de su coalición si acatar o no esa convocatoria. Llegado este punto de la crisis, el margen para dar marcha atrás es casi nulo para el separatismo.

Es por eso que, una vez más, el pulso de las calles resultará decisivo. Al cierre de esta edición, miles de catalanes se congregaban ayer en los alrededores de los edificios más simbólicos del autogobierno, dispuestos a resistir una eventual irrupción de las fuerzas de seguridad. Si está realmente dispuesto a ir a un choque frontal, Rajoy tendrá que hacerlo con mucho timing.

Acusados de “rebelión”
La reacción del Estado español frente a la declaración de independencia de Cataluña incluirá una querella por “rebelión” contra el Govern y contra los miembros del Parlament que respaldaron tramitar la declaración de independencia, incluida la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. La Fiscalía General de España disponía desde hace varios días del grueso de la acusación y aguardaba el momento de la proclamación de la república catalana y la respuesta del gobierno español de Mariano Rajoy para presentarla. La Fiscalía aguardó hasta la efectiva aplicación del artículo 155 de la Constitución española para asegurarse de que los acusados no puedan resguardarse en sus fueros parlamentarios. Sin embargo, el hecho de que la votación haya sido secreta podría dificultar la acusación.