El reconocido juez español, Baltasar Garzón, pidió la colaboración de juristas y organizaciones internacionales para que declaren a su favor en España, donde enfrenta un juicio por prevaricato - fallar concientemente contrario a derecho - por investigar desapariciones durante la última Guerra Civil española, cuando gobernaba el dictador Francisco Franco.
Ahora, el diario El Mundo de España publica que la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado por unanimidad pedir un informe a la Fiscalía sobre si procede suspender cautelarmente en sus funciones al juez. Garzón había solicitado, en este marco, que se cite a Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte, que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2005, entre otros funcionarios judiciales.
Se los llama a declarar en calidad de "testigos" de "la existencia de interpretaciones usuales en la comunidad de los países civilizados que aplican las nomras de derecho penal internacional" en defensa de la jurisdicción universal, que 1998 le permitió a Garzón lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres.
De avanzar esta embestida contra el magistrado, podría quedar suspendido temporalmente de sus funciones. En octubre del año 2008, Garzón comenzó a investigar sobre la suerte de 114 mil desaparecidos entre los 1936 y 1939 y en la etapa posterior al franquismo asegurando que la " detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad" son permanentes. La Justicia se opuso, en principio, amparándose en la ley de amnistía de 1977.
Otra de las querellas que enfrenta Garzón tiene que ver con haber percibido 200.000 euros por unos cursos patrocinados por el banco Santander impartidos en la universidad de Nueva York en 2005 y 2006. La denuncia fue presentada por la ONG Manos Limpias, identificada con la derecha española.
