La campaña de las elecciones generales del domingo en España se desarrolló principalmente a base de consignas, eludiendo a menudo el debate de fondo sobre los programas de los dos principales candidatos y los de sus potenciales aliados para gobernar.
El Partido Popular (PP, conservador) de Alberto Núñez Feijóo, al que los sondeos auguran la victoria, pero sin mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados a menos que se alíe con el partido de extrema derecha Vox, desplegó sus propuestas en 112 páginas y 365 medidas bajo el título: “Es el momento”.
“Adelante”, reza por su parte el programa de 272 páginas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, que quiere gobernar con la izquierda radical de Sumar.
Ayudas sociales vs. rebajas de impuestos. El PSOE destaca el fuerte crecimiento económico de los últimos años (5,5% en 2021 y 2022) y una inflación que volvió a situarse por debajo del 2% en junio, un comportamiento globalmente mejor que el de los vecinos europeos de España.
El PP acusa a los socialistas de desatender el poder adquisitivo de las familias y propone una rebaja temporal del IVA en la carne, el pescado y las conservas. Promete reducir la presión fiscal mediante una reforma integral del sistema que incluya la eliminación del impuesto sobre las grandes fortunas.
El PSOE está decidido en cambio a prolongar el impuesto temporal a los beneficios de los bancos y las empresas energéticas, así como el de las grandes fortunas, que Sumar quiere que se conviertan en permanentes.
Los socialistas, que aumentaron el salario mínimo y reformaron el mercado laboral para tratar de acabar con los contratos precarios, proponen ahora “un pacto por el pleno empleo” con los sindicatos y las patronales y un “plan de choque” contra el desempleo juvenil, muy elevado en España.
Los conservadores admitieron que la reforma del mercado laboral era “sustancialmente buena” y aseguraron que no la derogarían. Sí proponen derogar la reciente ley destinada a frenar la subida de los alquileres. Y combatir el aumento de la deuda pública, que supera el 110% del PIB, y reducir el déficit presupuestario tras años de endeudamiento “descontrolado”.
Medio ambiente: el choque. Prioridad de la extrema izquierda, la “transición ecológica justa” ocupa un lugar de honor entre los socialistas.
Su programa prevé establecer objetivos cuantificados de protección de los espacios naturales, a diferencia del PP, cuyos diputados europeos votaron la semana pasada contra la ley de restauración de los ecosistemas, un texto emblemático del Pacto Verde de la UE.
Prolongar la vida útil de las centrales nucleares y desarrollar el hidrógeno verde son las medidas energéticas estrella del PP, mientras que el PSOE, opuesto a la energía nuclear, insiste en las renovables.
Sobre el tema crucial del agua, en un país cuya agricultura depende del regadío para exportar sus frutas y verduras a toda Europa, el líder del PP prometió llevar “el agua adonde no la hay”. La izquierda denuncia estas propuestas como poco realistas e insiste en la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de agricultura.
Vox, escéptico ante el cambio climático y paladín del mundo rural tradicional, aboga por abandonar el Acuerdo de París de reducción de emisiones y por derogar una ley de 2021 sobre cambio climático y transición energética.
Fractura social. Núñez Feijóo se compromete a “abolir el sanchismo” (en alusión a Pedro Sánchez), es decir, “todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y atentan contra las mayorías”, en primer lugar la de autodeterminación de género.
También quiere revertir la ley contra las agresiones sexuales conocida como “ley del solo sí es sí”, que tuvo como efecto indeseado la excarcelación o la reducción de penas a delincuentes sexuales, así como la ley que permite abortar a las menores de más de 16 años sin autorización paterna y la que legaliza el suicidio asistido.
En materia de inmigración, los socialistas quieren aumentar la capacidad de acogida, mientras que el PP reclama un sistema de inmigración selectivo y controles fronterizos más estrictos.
Por último, el PP quiere derogar la ley de “memoria democrática”, aprobada en octubre de 2022 para rehabilitar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo, por considerar que reabre viejas heridas.
