La temporada actual no es la mejor para las playas de Uruguay, especialmente para uno de los destinos preferidos de muchos argentinos, Punta del Este. A pesar de los numerosos esfuerzos del gobierno que encabeza José "Pepe" Mujica para atraer turistas, como la posibilidad de alquilar viviendas en pesos argentinos, este año hubo un 40 por ciento menos de visitantes provenientes del otro lado del Río de la Plata.
El diario de Montevideo El País, en un editorial, acusó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de boicotear la industria turística uruguaya, con medidas como los controles cambiarios y el "cepo al dolar".
"Mediante la implementación de drásticas medidas económico-monetarias, se hizo evidente que Cristina Kirchner se propuso evitar la presencia de sus coterráneos en suelo uruguayo en este verano, subiendo así la apuesta a su contumaz política de mala vecindad", escribió el matutino.
El país opinó que "alcanzaba con observar la menor cantidad de vehículos matriculados en Argentina circulando en el Este para concluir que Cristina tuvo su premio, es decir, que logró sustraerle al Uruguay una buena parte de sus ingresos por actividad turística".
El diario también cuestionó al gobierno uruguayo por la "preocupante" inseguridad que sobre todo afectó a Punta del Este, donde varios empresarios, incluyendo los argentinos Alejandro Bulgheroni y Santiago Soldati, sufrieron robos en sus viviendas, llegando a montos millonarios y, en ocasiones, hasta dos veces en la misma semana.
"La inseguridad en que también ha caído Punta del Este, un flagelo que antes se mantenía al margen del balneario y que hoy es motivo de conversaciones cotidianas entre los veraneantes y titulares de primera plana en diarios del mundo. "Punga del Este" lo rebautizó irónicamente un largo artículo de una publicación argentina que repasaba detalladamente los sucesivos asaltos a lujosas residencias. Y no es para reírse", cuestionó el matutino.
El País reclamó al gobierno de Mujica que invierta en mayor seguridad en los balnearios y que comience a aplicar la llamada "ley de vagancia" para prevenir futuros delitos. "Si no es así, Punta del Este corre riesgos de dejar de ser el gran negocio que el Estado tiene", concluyó.
