Henrique Alves, ministro de Brasil, renunció, tras en acatamiento al llamado del vicepresidente centrista Michel Temer, enfrentado a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, quien trata de contener una sangría que la dejaría más expuesta a un juicio político en el Congreso.
Rousseff, del partido de los Trabajadores (PT), sostuvo conversaciones con sus siete ministros del partido PMDB, el mayor de la coalición, pero no evitó que el jefe de la cartera de Turismo, Henrique Alves, renunciara porque, según dijo, el tiempo del diálogo "se agotó", según informó la agencia AFP.
El Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) debe anunciar el martes su ruptura con el gobierno, en el momento en que la jefa de Estado más lo necesita para contener un proceso de destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas.
"Estamos calculando que más del 80% votará por abandonarlo", manifestó Osmar Terra, diputado del PMDB y miembro de la mesa directiva que definirá la moción.
El PMDB, con sus 69 diputados y 18 senadores, será clave en el resultado del impeachment, que avanza rápidamente y podría concluir hacia mediados de abril si la Cámara lo aprueba por una mayoría de dos tercios (342 de los 513 diputados) y luego el Senado por más de la mitad de sus 82 escaños.
Rousseff sería apartada en ese caso de su cargo por un período máximo de 180 días, hasta que la Cámara alta dé su veredicto final, esta vez por una mayoría de dos tercios.
"Se creó una onda expansiva que no tiene vuelta. El gobierno lo está intentando, ofrece cargos, pero ya nadie le cree", precisó por su parte Terra, que también integra la comisión que analiza el pedido de juicio de destitución en la Cámara de Diputados.
Temer, un discreto abogado constitucionalista de 75 años, expresó a finales de 2015 su molestia con Rousseff por su "desconfianza" en el PMDB y se quejó de ser tratado como un "vicepresidente decorativo", que "perdió todo protagonismo político".
Ahora, de ser destituíla la mandataria, asumiría la jefatura de Estado hasta 2018 con un programa económico liberal, que contempla recortes del gasto público y la revisión de programas sociales y del sistema de pensiones.
La crisis brasileña entró en una espiral en las últimas semanas, alimentada por los escándalos de corrupción de la estatal Petrobras y por una recesión económica de escala histórica. Por otra parte, la tensión volvió a reflejarse esta tarde Congreso, cuando la Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentó un nuevo pedido para destituir a Rousseff, en medio de un tumulto entre partidarios y adversarios del gobierno.
El documento de la OAB incluye parte del testimonio de un senador del PT, Delcidio do Amaral, investigado por la justicia, que acusó a la funcionaria, en el marco de un acuerdo de reducción de penas, de intentar interferir en las investigaciones de Petrobras y al ex presidente Luiz inacio Lula da Silva de comandar el esquema fraudulento que costó más de 2.000 millones de dólares a la petrolera.
