La llamada marcha del 18F, que se realizará el próximo miércoles en la Argentina, convocada por un grupo de fiscales, parece ser el corolario de un largo enfrentamiento entre la administración de Cristina de Kirchner y un sector de la Justicia. Pero la conflictividad entre los dirigentes políticos y los funcionarios judiciales está lejos de ser un rasgo exclusivamente argentino. Se trata más bien de un verdadero clásico sudamericano: todos los gobiernos actuales de la región mantuvieron o mantienen batallas de cierta magnitud con el Poder Judicial en sus respectivos países.
En Brasil, el ex presidente del Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, se convirtió en enemigo público del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) al erigirse como el principal sostén del caso judicial del “mensalão”, acerca de un presunto esquema de sobornos por parte del Ejecutivo durante la gestión de Lula da Silva. El ex mandatario llegó a acusar públicamente al máximo tribunal de haber operado políticamente para perjudicarlos a él y a Dilma Rousseff.
Los casos de conflicto entre el chavismo y la Justicia venezolana son innumerables. Los dos más resonantes que Nicolás Maduro ha heredado de Hugo Chávez son los escándalos en torno a Eladio Aponte Aponte, el ex magistrado de la Corte Suprema que fue destituido por supuestos vínculos con el narcotráfico y luego se exilió en los Estados Unidos bajo protección de la DEA; y de María Lourdes Afiuni, una jueza afín a la oposición que fue encarcelada durante tres años y cuyo encierro provocó quejas internacionales contra el gobierno desde un amplio espectro ideológico.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos debió negociar punto por punto con asociaciones de magistrados los términos de su proyecto de reforma de la Justicia luego de que, en 2012, fracasara un primer intento de concretarla por la resistencia de los representantes del Poder Judicial a un boceto que, según plantearon, les arrebataba atributos a los jueces en favor de los legisladores.
En los últimos meses, el gobierno paraguayo de Horacio Cartes entró en una puja con el Poder Judicial para transferir a la órbita del Poder Ejecutivo la Dirección de Registros Públicos, considerada como la mayor caja recaudatoria del aparato judicial del país.
A principios de 2013, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay confrontó directamente con el gobierno de José Mujica al declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de una ley de 2011 que había sido impulsada por el oficialismo y que dejaba sin efecto la llamada Ley de Caducidad, una amnistía para los represores de la última dictadura militar.
Bolivia es uno de los casos más extremos de lucha entre las castas política y judicial: tras asumir su nuevo mandato, Evo Morales prometió impulsar una reforma judicial –a través del instrumento del referéndum– para aceitar el mecanismo de designación de magistrados por consulta popular. El Ejecutivo boliviano considera que el sistema judicial del país está “en crisis” y Morales insiste en que la inoperatividad y la corrupción “son el cáncer de la Justicia boliviana”.
Como se ve, el duelo K con un grupo de fiscales en la Argentina no es ninguna rareza en la región.
