AFP / ANSA
Acapulco
Una vez más el horror golpeó ayer a México, desnudando la impunidad y la violencia del crimen organizado. Tras una denuncia de los vecinos, las autoridades hallaron decenas de cadáveres en un crematorio abandonado del balneario de Acapulco. “Hasta el momento llevamos 61 cuerpos contabilizados. Estaban en avanzado estado de descomposición”, confirmó el fiscal del estado de Guerrero, Miguel Angel Godínez, señalando que están tratando de identificar cuántas mujeres y niños hay entre ellos. Aún no se sabe si el macabro descubrimiento está vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Iguala, un poblado ubicado a 200 kilómetros de esta ciudad turística.
El fiscal no precisó las causas de la muerte ni el tiempo que llevaban en el lugar. Los cadáveres, localizados dentro del crematorio privado que había sido abandonado hace casi un año, estaban apilados, envueltos en sábanas y cubiertos con cal. Un imponente operativo de seguridad rodeó el jueves por la noche la zona, luego de que vecinos dieran aviso por un fuerte olor que salía del Crematorio del Pacífico, ubicado en la Colonia Navidad de Llano Largo.
El fiscal señaló que hay “indicios y líneas de investigación respecto de lo ocurrido”. A las pocas horas, los dos propietarios del establecimiento fueron detenidos. Aunque aún las autoridades no lo confirmaron, entre los cadáveres habría restos de mujeres y adolescentes e incluso de un niño. Fueron necesarias dos furgonetas de la morgue y cinco horas de trabajo para poder sacar y trasladar los cuerpos.
En Acapulco, una de las ciudades más peligrosas del país, el crimen organizado amenaza a la población local con secuestros, extorsiones y asesinatos. El centro turístico está ubicado en el convulso estado de Guerrero, donde en septiembre desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un crimen que estremeció a la comunidad nacional e internacional.
Muy cuestionado por la responsabilidad del Estado municipal y nacional, el presidente Enrique Peña Nieto habló hace diez días sobre la masacre. “Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, tragedia y dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, afirmó por ese entonces el mandatario.
La investigación oficial recogió testimonios de integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes fueron capturados y confesaron que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basural del municipio de Cocula, vecino a Iguala. Sin embargo, los familiares de las víctimas no creyeron en la versión oficial y contrataron al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), liderado por Mercedes Doretti, hija de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Los especialistas argentinos examinaron los restos hallados en aquel basural, pero sostuvieron que no se correspondían con los de los normalistas desaparecidos.
Para Human Rights Watch (HRW), en tanto, la investigación por parte de la Justicia mexicana genera serias dudas. “Es difícil confiar en sus conclusiones, por múltiples razones. Primero, porque sabemos que en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, torturas, irregularidades, presiones. También todo el mundo está enterado de que los peritajes que se suponía que había en los laboratorios en Austria no se pudieron hacer para el resto de los estudiantes”, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización no gubernamental.
