Investigan a la hija del rey Juan Carlos por blanqueo de capitales

afp/dpa/ansa
Desde Madrid
La monarquía española, acorralada en la Justicia y vilipendiada en las calles, no levanta cabeza. La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, será investigada por la Justicia por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales. El juez José Castro tomó ayer esa decisión después de recibir las últimas diez declaraciones de renta de la esposa de Iñaki Urdangarín, en las que habría duplicado sus ingresos.
El magistrado tiene en la mira las declaraciones juradas que hizo la infanta entre 2007 y 2010. El yerno del rey, imputado en la misma causa, habría defraudado al fisco español por al menos 240 mil euros durante 2007 y 2008. Castro imputó a la infanta Cristina el 3 de abril por cooperación o complicidad en la supuesta trama de su esposo para desviar fondos públicos.
Sin embargo, tras la oposición de la fiscalía, un tribunal de segunda instancia dejó en suspenso la acusación contra Cristina, pero abrió la puerta para investigarla por un presunto delito fiscal. La infanta es copropietaria junto a Urdangarín del 50% de Aizóon, la “sociedad pantalla que su marido usaba para defraudar” al fisco, según los tribunales españoles.
De acuerdo con la Justicia ibérica, la infanta “debería saber que Aizóon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar”. Según esa hipótesis, el dinero desviado habría sido destinado a pagar gastos particulares de los duques de Palma. Con esos fondos, Cristina y Urdangarín habrían reformado su vivienda de Barcelona, que había sido comprada en 2004 por siete millones de euros.
Además Urdangarín facturó a Aizóon, constituida como sociedad inmobiliaria, “ciertos servicios de carácter personalísimo”, como el servicio doméstico de su vivienda, que –según apuntan los jueces– nada tenía que ver con la actividad de la inmobiliaria señalada.
El tribunal apunta que si bien la infanta podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que “provenía de un delito de malversación o de fraude”, lo que resulta “más dudoso” es que la infanta “desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la hacienda pública”.
Nóos, de la que la infanta era vocal, no pagaba el impuesto de sociedades por estar inscrita como sociedad sin fines de lucro. La segunda hija y el yerno del rey Juan Carlos adujeron que investigar sus declaraciones de la renta vulneraba su derecho a la intimidad, pero el magistrado les contestó que la Justicia trataba de aclarar hechos de “obvia trascendencia”, que formaban parte de la instrucción del caso.
Según publicó ayer el diario El País de España, la infanta Cristina pasó de cobrar 162.360 euros en 2007 en concepto de retribuciones dinerarias por rendimientos de trabajo a lograr un total de 319.260 en 2009. Esos datos fueron consignados en las declaraciones de renta que presentó a la Agencia Tributaria (AEAT). Por estas horas el juez Castro indaga en esos documentos, que ponen contra la espada y la pared a la Casa Real de España.