La crisis en Venezuela tomó en los últimos días la forma de un problema ya no sólo político y económico, sino también policial. En menos de dos semanas, al menos cinco personas murieron baleadas en el marco de la represión de las protestas opositoras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El clima de violencia callejera pone en el centro de la escena a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), las dos fuerzas de seguridad que tienen a cargo la “contención” de las manifestaciones antichavistas. El accionar policial supone un dilema para Maduro: lo necesita políticamente para no perder la pulseada callejera, pero ofrece un fuerte argumento a los opositores que denuncian una escalada represiva por parte del gobierno.
Desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano realizó el pasado 29 de marzo un intento fallido de arrogarse las facultades del Poder Legislativo, las movilizaciones contra el oficialismo en Caracas y en otras ciudades del país tomaron un ritmo casi diario. El pulso de esas marchas viene marcado por choques frecuentes entre los agentes de la PNB y la GNB, que apelan sistemáticamente al uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma, y los manifestantes, muchos de los cuales utilizan máscaras de gas y gomeras, palos y bombas molotov contra los efectivos policiales.
En ese contexto murieron los cinco ciudadanos baleados y otras decenas de personas resultaron heridas. La primera víctima fatal fue Jairo Ortiz, un joven de 19 años que recibió un disparo en el pecho el 6 de abril, cuando unas veinte personas que hacían un piquete en el estado de Miranda fueron reprimidas por un cordón policial. Ortiz no estaba participando en la protesta; de hecho, su padre se quejó luego de que se “politizara” la muerte de su hijo. Lo cierto es que un agente de 27 años de la PNB fue arrestado como presunto culpable de su asesinato.
Balazo. El 11 de abril, el estudiante Daniel Quilez, de 20 años, murió luego de que le pegaran un tiro en el cuello durante una manifestación en la ciudad de Valencia. El gobernador chavista del estado de Carabobo, Francisco Ameliach (PSUV), admitió que la bala que mató a Quilez pertenecía a la policía regional de su gobernación.
La seguidilla de muertes continuó en la noche de ese mismo día en el estado de Lara. Brayan David Principal, un niño de 14 años, recibió un disparo en la panza en Barquisimeto. En esa misma ciudad, alguien descargó 11 balas sobre Miguel Angel Colmenares, de 36 años. Otras 12 personas fueron heridas con armas de fuego durante esa noche. El Ministerio Público asegura que está investigando los hechos. Testigos citados por la prensa venezolana atribuyeron ambas muertes a los llamados “colectivos”: grupos de choque armados que se desplazan en motocicletas y buscan disolver las concentraciones opositoras.
En su origen, los colectivos eran agrupaciones de militantes chavistas abocados a la organización política y a la labor social en los barrios marginales de las grandes ciudades venezolanas. Con el correr de los años fueron ganando autonomía respecto de la dirigencia orgánica del PSUV hasta convertirse en bandas que operan en los márgenes de la ley. Lo que preocupa es la inacción de la PNB y la GNB cuando dichos grupos aparecen en escena. “Hay un patrón que se repite: cuando las fuerzas de seguridad se ven rebasadas por las protestas, aparecen estos grupos de choque –dijo a PERFIL la especialista venezolana en seguridad Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional–. Actúan en zonas liberadas por las fuerzas de seguridad, e incluso en coordinación con ellas. Muchos miembros de los colectivos son ex policías. La PNB y la GNB los dejan actuar, y ha sido así incluso en ocasiones en las que dispararon en forma indiscriminada contra columnas de manifestantes”.
Otro muerto. Anteayer se confirmó la muerte de una quinta persona: Antonio Gruseny Calderón, de 32 años, quien recibió un tiro a quemarropa y varios balazos de goma de la GNB durante las protestas en Lara. A diferencia de la PNB, una fuerza federal creada por Hugo Chávez en 2009 y dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores, la Guardia Nacional Bolivariana, es uno de los cuatro cuerpos que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y tiene funciones similares a las de una policía militar o gendarmería. Su misión principal no es la prevención o sanción de delitos comunes, sino el “mantenimiento del orden interno”.
Identificados. “Junto con el Ejército, la GNB es una de las fuerzas más partidizadas de Venezuela y es un cuerpo con bajo nivel de profesionalización –subrayó San Miguel–. En los últimos años, el gobierno apostó por la incorporación de agentes que reciben cursos de apenas seis meses y luego salen con fusil a las calles con la misión de ‘garantizar’ el orden público. Son oficiales identificados con el partido de gobierno que responden a incentivos económicos, y que resultan muy efectivos en términos de represión y de uso indiscriminado de la fuerza”.
Mientras ve cómo su posición se deteriora en los frentes político, económico y diplomático, el gobierno de Maduro ha sido hasta ahora exitoso en mantener firme la cadena de mando sobre las fuerzas armadas y de seguridad. El Ejecutivo cuenta con hombres de su máxima confianza para conducir a los uniformados que le sirven como dique de contención frente a la presión opositora en las calles.
El control del orden interno y la seguridad ciudadana están hoy en manos de los generales Néstor Reverol, ministro para Relaciones Interiores y Justicia, y Antonio Benavides Torres, comandante de la GNB. Ambos son cuestionados por el rol que jugaron durante la polémica represión de las protestas opositoras de 2014, en muchos aspectos similar a la que se observa hoy. Dirigentes de la oposición denunciaron ayer la existencia de otros dos muertos en manifestaciones, aún no confirmados oficialmente. La sombra policial se ciñe aún sobre la crisis en Venezuela.
