Perú cierra por seis meses su servicio de inteligencia debido a un escándalo de espionaje; Uruguay reconoce tener agentes del Mossad en su país; Colombia acusa a la ex directora de seguridad nacional de violación ilícita en las comunicaciones durante el gobierno de Alvaro Uribe; y no es necesario agregar que la Argentina se encuentra en plena reestructuración de la ex SIDE.
La lista de episodios escandalosos relacionados con los sistemas de inteligencia es extensa. Latinoamérica está atravesando un momento muy particular de puja entre los gobiernos y sus servicios de seguridad. Andrés Gómez de la Torre Rotta, ex director y profesor de la Escuela Nacional de Inteligencia de Perú, habló con PERFIL y afirmó que no es casual que en este momento se haga evidente el problema que afrontan las democracias con los servicios de inteligencia.
“Hay una corresponsabilidad evidente de la clase política, partidos y grupos de presión que hacen una suerte de deliberado olvido u omisión sobre las actividades de inteligencia: construyen en el poder una política de delegación y dejan en manos de militares o policías el sector, que no está del todo mal por cierto, pero que no se arriesgan a hurgar en el poder encubierto”, agregó el autor de diversos estudios sobre el desarrollo de las fuerzas de seguridad en Latinoamérica.
Esta semana, el Gobierno peruano suspendió las operaciones por 180 días de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para reestructurar la oficina, a raíz de denuncias por espionaje ilícito a políticos de la oposición, que incluía a la propia vicepresidenta, Marisol Espinoza, distanciada del gobierno. “No es la primera vez que se planea el rediseño del servicio de inteligencia peruano”, aseguró Gómez de la Torre Rotta. En 2000 ya hubo denuncias de abusos y, cuatro años después, en la presidencia de Alejandro Toledo, se conformó una Comisión de Reforma de Inteligencia y se elaboró un Proyecto de Ley.
En Colombia, hace quince días, se entregó a la Justicia María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), disuelto en 2011. Las expectativas están puestas en si revelará quién le dio la orden en el escándalo de las chuzadas, el caso de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a trabajadores públicos de Venezuela y Ecuador por parte de la agencia de inteligencia colombiana y el DAS durante el gobierno de Alvaro Uribe, entre 2002 y 2010.
Que los servicios de inteligencia vuelvan a tropezar con la misma piedra, según el especialista, se debe a “no sostener en el tiempo las reformas e intentos de rediseño de las entidades de inteligencia de la región en democracia, como la resistencia al cambio de la propia comunidad de inteligencia, al interior de los organismos”.
Destellos de la Guerra Fría
Los servicios de inteligencia latinoamericanos surgieron en Argentina y Brasil en la década del cuarenta y en Colombia y Perú en los sesenta, en un contexto que se caracterizaba por el desarrollo de la Guerra Fría y la contención al avance del comunismo. Para el especialista peruano Andrés Gómez de la Torre Rotta, esta época de enfrentamiento abierto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética –cuya penetración sobre otros países no sólo se dio en el ámbito económico, sino también militar y logístico– generó que las fuerzas “sean recreaciones típicas de confrontación este-oeste y mundo bipolar, amén de una estructura burocrática netamente militar”.
A pesar del paso del tiempo y los cambios que se fueron dando, sobre todo a partir de 2000, aún hoy “persiste, muy encubiertamente, esta lógica conservadora de persecución interna”, aseveró Gómez de la Torre Rotta, profesor de la Escuela Nacional de Inteligencia de Perú.
