Luiz Inácio da Silva no quiere correr riesgos innecesarios: sus abogados presentaron este martes un pedido de hábeas corpus ante la posibilidad cierta de que el ex presidente termine en la cárcel, luego de que un tribunal confirmara –y agravara- el miércoles pasado la condena a prisión por corrupción que le aplicó el juez Sergio Moro. El recurso fue presentado ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
A pesar de que no pudo confirmarse que fuera su propietario, Moro condenó a Lula por entender que un lujoso tríplex en Guarujá, en el litoral de San Pablo, y una reforma millonaria que se le efectuó, encubrían en realidad un “agradecimiento” de más de 600 mil dólares de la constructora OAS por negocios concretados durante sus gobiernos. OAS, junto a Odebrecht, son las dos grandes empresas golpeadas de lleno por el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.
Al emitir su fallo, el tribunal de Porto Alegre que mantuvo la condena de Lula, estipuló que el líder del PT –que encabeza todas las encuestas para las elecciones de octubre- debería ser detenido apenas se agotaran todos los recursos que su defensa presentó ante la justicia.
El “caso Lula” ha reavivado un intenso debate en Brasil sobre si corresponde detener o no a un condenado en segunda instancia mientras aún tiene apelaciones pendientes. El año pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF), la corte brasileña, estableció en un fallo dividido que los acusados en segunda instancia podían ir presos después de que un tribunal confirmara la condena de un juez. El caso generó tanta polémica -porque alcanzaba a varios políticos del actual gobierno y a poderosos empresarios, que podían ser detenidos- que finalmente ningún tribunal lo aplicó.
Los abogados de Lula quieren garantizar ahora que a su defendido se lo tratará de la misma forma que a esos políticos y empresarios, y que no lo enviarán a la cárcel, como en su momento autorizó la Corte, mientras aún tiene recursos pendientes para anular su sentencia. La defensa del ex presidente ya adelantó que también presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, alegando que su condena incluye una violación a sus derechos humanos.
Si el ex presidente fuera detenido, cuando los otros condenados no lo fueron, la ya elevada tensión que provocó su condena podría generar gravísimos incidentes.
Pero los problemas del ex presidente no terminan aquí. Pese a su decisión de desafiar a la justicia y mantener su candidatura para octubre –que el PT proclamó días atrás- en los próximos días se conocerá otro fallo que casi con seguridad volverá a condenarlo, pero con elementos más firmes que en el caso del tríplex. Se trata de una estancia en Atibaia, en el interior de San Pablo, que también fue objeto de millonarias reformas financiadas por Odebrecht y OAS. La diferencia es que, en este caso, la fiscalía sostiene tener pruebas de que es propiedad de Lula, que efectivamente fue visto varias veces en el lugar, a diferencia del caso de Guarujá.
