La acusación formal por supuestos actos de corrupción contra Luiz Inácio Lula da Silva presentada esta semana por el Ministerio Público Federal de Brasil colocó en el centro de la escena a la esposa del ex presidente, Marisa Letícia Rocco, a quien los fiscales también apuntaron por presunto lavado de dinero.
La ex primera dama es una pieza clave en la trama por la que el MPF denunció a su marido: las gestiones que hizo el matrimonio para comprar un lujoso tríplex en el balneario de Guarujá, y que ahora son objeto de las pesquisas de los fiscales, se hicieron a su nombre.
Lula fue denunciado por corrupción pasiva y lavado de dinero; su esposa, por lavado. El MPF afirma que el matrimonio recibió dádivas por un valor de cerca de 1,1 millones de dólares por parte de una empresa involucrada en el escándalo del Petrolão, la constructora OAS, que les habría pagado refacciones y decoraciones en el departamento de Guarujá. A cambio, OAS habría sido beneficiada con contratos de Petrobras.
Aunque el procurador del MPF, Roberson Pozzobon, admitió que no existen “pruebas cabales” de que el tríplex perteneciera a Lula y Marisa Letícia, el funcionario dijo que sí hay “evidencias” de que la propiedad real del departamento, registrado a nombre de OAS, era del ex matrimonio presidencial.
Los abogados de Lula niegan tajantemente que el departamento pertenezca a su cliente. Aducen que el ex mandatario estuvo sólo una vez en el tríplex, cuando evaluaba una posible compra de éste. Explicaron que, en 2005, Marisa adquirió una cuota parte en un emprendimiento inmobiliario cooperativo en Guarujá. Pagó las cuotas mensuales hasta 2009, cuando el proyecto fue transferido por sus antiguos emprendedores a OAS. Según los abogados de Lula, la ex primera dama no adhirió al nuevo contrato con la constructora, sino que conservó el derecho de solicitar la devolución de lo depositado hasta entonces.
En 2014, el matrimonio visitó, junto al entonces presidente de OAS, Léo Pinheiro, uno de los departamentos del edificio para evaluar su posible compra. Los abogados admiten que Marisa y su hijo Fábio Luís volvieron luego a visitar el tríplex, cuando estaba en obras. Sin embargo, en 2015, el matrimonio finalmente decidió no comprar el departamento y reclamó la devolución de la cuota parte.
Indignado. El miércoles pasado, durante una reunión de la dirigencia petista en San Pablo, Lula recibió las primeras noticias sobre la acusación del MPF. Según los asistentes, se mostró indignado por la inclusión de su esposa en la denuncia. El diario Estado de S. Paulo publicó ayer que Lula les habría manifestado a sus colaboradores su temor a que el juez Moro dicte la prisión preventiva contra Marisa. A esta altura, nada debería sorprender.