El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, llamó ayer a los independentistas catalanes a asumir que el 1º de octubre “no va a haber” referéndum, tras las enérgicas medidas emprendidas esta semana contra la consulta. “Lo más sensato, lo más razonable y lo más democrático hoy es parar. Digan que no hay el referéndum que saben que no va a haber”, clamó Rajoy desde Palma de Mallorca, en un acto del Partido Popular (PP).
En su esfuerzo por impedir la consulta, prohibida por la Justicia española, el gobierno de Rajoy dio ayer un enérgico paso al asumir la coordinación de las fuerzas policiales en Cataluña, incluyendo los Mossos d’Esquadra, la policía regional. “El Estado de derecho ya impidió el referéndum, ellos lo saben, son plenamente conscientes”, sentenció el jefe de gobierno, que se aferró a los tribunales para frustrar la vocación secesionista de la Generalitat.
Por orden del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, un coronel de la Guardia Civil coordinará las labores de su fuerza, de la Policía Nacional y de los Mossos, con el fin de impedir que se celebre el referéndum, catalogado de “ilegal” por la Justicia.
El gobierno catalán no tardó en denunciar la medida como una suspensión de la autonomía de la región, al tiempo que sostuvo que los uniformados no aceptarían la medida. “Denunciamos la voluntad de intervenir los Mossos d’Esquadra”, dijo el consejero de Interior, Joaquim Forn, cuyos servicios están “estudiando” un recurso legal.
El Ministerio del Interior español, en tanto, negó esa versión y sostuvo que la decisión “no supone que se retire competencia alguna a los Mossos d’Esquadra”.
Pese a la negativa difundida por la Generalitat, la cúpula de los Mossos difundió un comunicado en el que sostuvo que la instrucción de la fiscalía “en ningún caso supone la intervención” del cuerpo. Además, agregó que en “toda su historia mostraron un respeto escrupuloso a las órdenes” de jueces, tribunales y el ministerio fiscal, una posición que seguirán manteniendo. Sin embargo, afirmaron que “no comparten que una parte de la actividad del cuerpo sea ordenada y tutelada por un órgano que depende del Ministerio del Interior”.
La medida agregó un nuevo condimento a la crisis, ya que Cataluña defiende con celo su autonomía. Durante la semana, la tensión aumentó tras un operativo de la Justicia, encabezado por la Guardia Civil, que allanó edificios gubernamentales, incautó millones de boletas electorales y detuvo a catorce funcionarios vinculados con el referéndum.
Por otro lado, el viernes dimitieron los miembros de la junta electoral creada para la consulta, a los que el Tribunal Constitucional (TC) impuso multas de 12 mil euros diarios.
Sin embargo, el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, dejó claro que la consulta sigue adelante al aseverar que hay “planes de contingencia” para garantizar la votación. En su cuenta de Twitter publicó un enlace de acceso a la web de información sobre el referendo, al día siguiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenara cerrar otra web con la misma
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