Vertiginosamente, Brasil descendió al “noveno círculo del infierno”. Cayó de ser la séptima economía del mundo a la novena. Pasó de ser una de las potencias emergentes de los Brics a una severa crisis política, económica e institucional. Acorralada por la Justicia y las amenazas de un impeachment en el Congreso, la presidenta Dilma Rousseff denunció que Brasil vive un “golpe democrático a la paraguaya”, en alusión a la destitución en 2012 del entonces mandatario Fernando Lugo.
Según informó el diario Folha de São Paulo, la declaración de la jefa de Estado tuvo lugar el jueves durante una reunión a puertas cerradas con sus 31 ministros. En ese encuentro, recurrió a la ironía del “golpe democrático”, al sostener la posibilidad de que la oposición recurra a un mecanismo institucional para apartarla del poder. Fue su primera reacción al conocer la condena del Tribunal de Cuentas al manejo fiscal del gobierno en 2014.
Rousseff ya había calificado como “una versión moderna del golpe” al trámite de juicio político en su contra que analiza el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de recibir sobornos en el Petrolão. Por su parte, el ministro de Presidencia, Jaques Wagner, criticó que la oposición haga un “uso político” de una herramienta jurídica “muy especial”.
Recesión. Ese no es el único frente que acosa a Dilma. El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió esta semana sus previsiones para las economías de la región. En ese documento sostiene que el Producto Bruto Interno (PBI)de Brasil caerá 3% en 2015 y 1% en 2016. De esa forma, Brasil retrocedería de ser la séptima a la novena economía mundial, siendo superada por India e Italia. Desde 2010, cuando la economía creció un 7,5%, que el gigante sudamericano no estaba entre las primeras economías del mundo. Por ese entonces gobernaba Luiz Inácio Lula da Silva, el antecesor de la mandataria y líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Pese a que en los primeros doce años del oficialismo se registró un bienestar económico y un fuerte crecimiento de muchos de los índices económicos, las tensiones comenzaron en 2013, con las fuertes protestas contra el Mundial de Fútbol y en reclamo de mejores servicios públicos. Desde ese entonces, la actividad económica comenzó a caer. La inflación y el desempleo también alcanzaron máximos históricos. La primera será, según previsiones del propio gobierno, del 9,3%, mientras que la desocupación trepó al 8,3% en el primer semestre.
La recesión amenaza con dinamitar el legado del oficialismo. Además, pone a Rousseff en una situación incómoda: durante su segundo mandato, la economía podría retroceder a los índices de los primeros años de Lula. Más que una década ganada, todo parece indicar que Brasil sufrió un empate en el último minuto. Ahora, lo único que queda es la incertidumbre de un alargue que se jugará en los tribunales, en los mercados y en el Congreso, con la espada de Damocles del tan temido juicio político.
El Senado definirá su suerte
El Congreso brasileño inició ayer el trámite de revisión de los balances fiscales correspondientes a 2014 del gobierno de Dilma Rousseff, cuya reprobación fue recomendada esta semana por el Tribunal de Cuentas. La mesa de entradas del Senado recibió el dictamen del tribunal y el presidente de la Cámara alta, Renan Calheiros, tiene previsto remitirlo ahora a la Comisión Mixa de Presupuesto. La comisión tendrá un plazo de 82 días para estudiar el informe, debatirlo, presentar enmiendas, someterlo a votación y enviarlo al pleno del Congreso.
El dictamen del Tribunal de Cuentas concluye que el Gobierno cometió una serie de irregularidades para maquillar en 106.000 millones de reales (cerca de 28.200 millones de dólares) el resultado del presupuesto de 2014. La oposición sostiene que ese dictamen es una “prueba” de que Rousseff violó la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que daría sustento jurídico a los reiterados pedidos de que se inicie un juicio político con el objetivo de destituir a la presidenta.
El gobierno atribuye esas irregularidades en las cuentas a “fallos formales” y espera que la mayoría oficialista logre la aprobación de los balances a pesar de las tensiones con algunos partidos de la coalición.
