The Economist criticó a los K por el asilo al chileno

La decisión del gobierno de refugiar al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza -acusado del homicidio del senador Jaime Guzmán en 1991- generó un conflicto internacional para el kirchnerismo cuyas repercusiones aún no se agotan.

Ahora, el influyente semanario británico de economía y política The Economist publicó un editorial con fuertes críticas a la medida de Cristina Fernández de Kirchner, su línea diplomática y su política de derechos humanos.

The Economist reconoció los esfuerzos de Néstor y Cristina Kirchner por enjuiciar a los represores de la última dictadura militar. Pero "esa justicia no se extendió a las (pocas) víctimas de las guerrillas izquierdistas; incluso muchos de sus ex miembros forman parte del gabinete kirchnerista", afirmó el artículo.

"El matrimonio presidencial tiene un doble criterio gracias a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en 2005, de permitir la reapertura de los casos de la 'guerra sucia', aplicados sólo a los crímenes de lesa humanidad, los cuales -bajo la ley argentina- sólo son los cometidos por representantes del Estado", sostuvo la publicación. Y Cristina "saboteó su declarada revisión apolítica del pasado cuando concedió asilo político a un líder guerrillero chileno".

Según The Economist, lo que puso en "un aprieto" a la presidenta argentina fue el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo al asilo de Apablaza. En especial los argumentos de Hebe de Bonafini , quien dice que el ex guerrillero no tendría un juicio justo en Chile por la permanencia de las duras leyes antiterroristas pinochetistas.

"Pero negar el pedido de extradición es un riesgo mayor: afectará severamente la relación con Chile y debilitará la autoridad moral de Argentina para reclamar sus propias extradiciones, como la de los ocho iraníes acusados de planear el atentado a la AMIA", opinó la revista. Y añadió: "también apoyaría las sospechas de que el compromiso de los Kirchner con la justicia sería sólo una excusa para un ajuste de cuentas".

La decisión fue tomada por recomendación de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que argumentó que Apablaza no era "un ciudadano común" sino un "militante político, un luchador contra la dictadura". Pero los miembros con voto en la CONARE "son representantes de ministerios controlados por el Poder Ejecutivo", sostuvo el artículo.

"Chile está furioso, previsiblemente", afirmó The Economist. Y concluyó: "Pero todos los ex guerrilleros latinoamericanos deben estar respirando tranquilos ahora que parece que pueden pedir asilo en un país cuyos 'principios inalienables', en palabras de Cristina Kirchner, incluyen 'la lucha permanente contra la impunidad'".