Donald Trump revirtió ayer aspectos cruciales del acuerdo firmado por Barack Obama y Raúl Castro para normalizar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba. En un acto celebrado en la Pequeña Habana, en Miami, el presidente calificó al régimen cubano como “brutal”, lo acusó de vender armas a Corea del Norte y propiciar el “caos” en Venezuela, y exigió la celebración de elecciones “libres” y la liberación de presos políticos. Las incendiaras declaraciones fueron parte del anuncio de una nueva política hacia La Habana, que congela el deshielo y defiende el polémico embargo comercial.
Los dos principales cambios que impulsa la Casa Blanca son trabas a los viajes de estadounidenses a la isla y la prohibición de concretar negocios con el Grupo de Administración de Empresas (Gaesa), un holding estatal controlado por los militares cubanos. Washington justificó su nueva política como un intento de reducir drásticamente el flujo de dinero que le llega al gobierno cubano y presionarlo para que permita un mayor desarrollo del sector privado. Estados Unidos mantendrá, no obstante, las relaciones diplomáticas con Cuba y su embajada en La Habana. Los viajes familiares y las remesas que envían los cubanoamericanos tampoco estarán afectados.
“A partir de ahora, estoy cancelando completamente el acuerdo unilateral con Cuba”, dijo Trump en un pequeño teatro repleto de cubanos estadounidenses, entre ellos veteranos de la frustrada invasión a Bahía de Cochinos. “No queremos que los dólares estadounidenses vayan a parar a un monopolio militar que explota y abusa de los ciudadanos de Cuba y no levantaremos las sanciones hasta que se liberen los presos políticos”, agregó el mandatario.
Región. El líder republicano también criticó al gobierno de Venezuela y aseguró que garantizará la “libertad” en todo el hemisferio. “Es mejor para Estados Unidos tener libertad en nuestra región, tanto en Cuba como en Venezuela”, dijo, al tiempo que agregó que Castro “envió armas a Corea del Norte e incentivó el caos” en la República Bolivariana, refiriéndose a las protestas en las que murieron 72 venezolanos.
Túnel del tiempo. Trump, rodeado de los congresistas Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, apeló a una retórica más propia de la Guerra Fría que de la actualidad. “No nos vamos a quedar callados ante el comunismo”, dijo, al señalar que los cubanos han sido testigos de cómo esta “ideología fracasada ha destruido una nación”.
Además, interpeló a La Habana a reformular el tratado firmado en 2015 con Obama: “Retamos a Cuba a que venga con un nuevo acuerdo que beneficie a los cubanos y a los estadounidenses”.
En diálogo con PERFIL, Michael Shifter, presidente de Inter American Dialogue, señaló al senador Rubio como el ideólogo de los anuncios. “Ahora que Trump es investigado por la justicia, necesita de amigos en el Congreso, incluyendo entre ellos a Rubio, una voz influyente en el Comité de Inteligencia del Senado”, explicó.
El magnate, sin embargo, no dio marcha atrás a la eliminación de Obama de la política de “pies secos/pies mojados”, que canceló la residencia a los cubanos que llegaran a Estados Unidos sin permisos legales.Ben Rhodes, asesor del ex mandatario demócrata, opinó que los cambios son “una oportunidad” para que el castrismo se aferre aún más al poder.
Por su parte, Raúl Castro aún no opinó sobre la medida de Trump.
Una puerta a dreamers
El gobierno de Donald Trump anunció ayer que no deportará a los dreamers, los jóvenes extranjeros que llegaron de niños a Estados Unidos sin papeles. Sin embargo, confirmó que expulsará a sus padres, cancelando así un plan para legalizar a millones de inmigrantes con hijos nacidos en el país.
Trump había prometido en su campaña deportar a los indocumentados, construir un muro en la frontera con México y eliminar el DACA, que permite que 1,7 millones de jóvenes estudien, tramiten permisos de trabajo y una licencia de conducir. Ahora, dio marcha atrás, lo que motivó que grupos pro inmigrantes celebraran con cautela esa decisión.
Sin embargo, eliminó una propuesta de Obama de 2014 para proteger también de la deportación a unos 3,6 millones de madres o padres de niños nacidos en Estados Unidos. Ese programa, conocido como DAPA, nunca ha sido implementado debido al riesgo de demandas judiciales.