Trump echó a la fiscal general que desafió su orden contra los inmigrantes

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump removió este lunes del cargo a la secretaria interina de Justicia, Sally Yates, luego de que ésta emitiera un comunicado en el que aseguraba que no defendería la orden ejecutiva sobre inmigración por considerarla ilegal.

Yates había ordenado además a su equipo a no apoyar el polémico decreto del mandatario que impide el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes. "No estoy convencida de que el decreto sea legal", escribió Yates a sus subordinados.

Yates estaba al frente del Departamento de Justicia desde la renuncia de Loretta Lynch, y debía permanecer en el cargo hasta que el Senado confirme a Jeff Sessions al frente de la cartera.

En una nota oficial de tono inusualmente agresivo, la Casa Blanca afirmó que Yates "traicionó el departamento de Justicia al negarse a aplicar una directiva legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos".

Trump designó al Fiscal General del Distrito Oriental de Virginia, Dana Boente, para ocupar el cargo hasta la confirmación de Sessions, partidario de aplicar "mano dura" contra los inmigrantes ilegales y cuya designación abordará el martes la Comisión de Justicia del Senado, antes de ir al plenario de esa cámara.

Boente prometió defender el decreto de Trump, el que dijo que era "legal tanto de forma como de contenido", por lo que rescindió las directivas de Yates e instruyó a sus subordinados "a cumplir con nuestra obligación y defender el decreto legal de nuestro presidente". También se anunció la designación de Thomas Homan al frente de la agencia de Migración y Aduanas en lugar del actual jefe interino de Migración y Aduanas Daniel Ragsdale. Homan ayudará a "asegurar la aplicación de nuestras leyes de inmigración dentro de Estados Unidos, en consonancia con el interés nacional", dijo el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, en un comunicado.

El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de refugiados (para los refugiados provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

En medio del caos, el gobierno fue blanco de múltiples demandas en la justicia para anular los efectos del polémico decreto. Hasta ahora, Fiscales Generales de 16 Estados ya manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de la medida de Trump.

Rechazo generalizado

La polémica sobre el decreto antimigratorio dejó a Trump en el centro de un fuerte rechazo a la nueva política. El senador John McCain, peso pesado del partido Republicano y ex candidato presidencial, dijo el domingo que el decreto y la nueva política estadounidense para refugiados era simplemente equivocada. En Silicon Valley, cuna de las empresas de tecnología, los responsables de gigantes como Apple, Microsoft, Google, Facebook, Airbnb y Netflix coincidieron en que bloquear el ingreso al país a refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes es "contrario a los valores estadounidenses".

Lloyd Blankfein, director ejecutivo del gigante Goldman Sachs, envió un mensaje de voz a los funcionarios del banco: "esta no es una política que apoyamos y además ya es cuestionada en tribunales federales". Hasta el ex presidente Obama rompió el silencio este lunes: apoyó las protestas en todo el país y denunció la discriminación por razones religiosas, dijo su portavoz Kevin Lewis.

En tanto, el portavoz interino del Departamento de Estado, Mark Toner, confirmó que un número aún no confirmado de diplomáticos estadounidenses prepara una nota interna de disenso a la nueva política migratoria. En respuesta, Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, advirtió este lunes a esos diplomáticos que "deben seguir el programa o irse".