Maquiavelo afirmaba que la política no tiene relación con la moral. Indudablemente el pueblo venezolano piensa diferente y la comunidad internacional se está haciendo sentir. ¿A Maduro le queda poco tiempo?
Privación ilegítima de la libertad de civiles y dirigentes políticos no afines al gobierno, monopolio discursivo instaurado en medios de comunicación, caída del crudo, escasez de productos básicos, crisis económica acuciante, son tan sólo algunos de los disparadores que han desatado un resquebrajamiento en los niveles de confianza necesarios para gobernar una nación.
En Brasil los escándalos de corrupción y el profundo deterioro de la economía han desplazado a una presidencia elegida democráticamente. Venezuela hoy atraviesa uno de sus peores momentos históricos. Ya no se trata de un mero descontento popular. Está en juego el mismo orden democrático.
La Carta Democrática Interamericana que data del 11 de septiembre de 2001 reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. En este sentido, se recalca entre los propósitos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principio de no intervención. Pese a ello, se estipula que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en la Organización. Así, conforme al Art. 3 son elementos esenciales de la democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
La democracia requiere para sí transparencia en las actividades gubernamentales, respeto por los derechos sociales y libertad de expresión y de prensa.
Argentina protagonizó la confusión constante en un río revuelto de aguas turbias. Pocos días atrás el seno del Presidente Macri pedía a gritos un “llamado a la acción” mientras que, la Canciller Malcorra, se distanciaba haciendo uso del arte de la diplomacia: “el problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos entre sí, encontrando un mecanismo de diálogo que les permita decidir cómo van a resolver la crisis”. Pareciese que apelar a la Carta no fuese la solución. Pese a ello no podemos eludir como país nuestra condición. Hoy presidimos el Consejo Permanente de la OEA.
La fuerte demanda instada por la comunidad internacional sumada a la solicitud del Secretario General, Luis Almagro y el objeto de críticas a los que se vio sometida Argentina frente a la inactividad política, llevó a que finalmente nuestro país convocase a una sesión extraordinaria. El próximo 23 de junio, la OEA votará si corresponde o no la Carta Democrática al país petrolero. Se espera la aplicabilidad del Art. 20: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.”
De no prosperar la vía diplomática y una vez constatada la ruptura del orden democrático, la Asamblea General está facultada a suspender a Venezuela del ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Se requiere para ello del voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de manera inmediata (Art. 21).
No se trata de una simple suspensión. Se alecciona a un país y se lo alerta internacionalmente estableciendo una clara valla a la impunidad de los dirigentes de turno que se entronan en los gobiernos bajo un marco despótico ultrajando los derechos inalienables de todo ciudadano. La democracia garantiza una convivencia ordenada política y socialmente, el respeto a la dignidad humana, la libertad, los derechos de todos y cada uno de los miembros. Se refuerza y profundiza con la participación libre de todos los habitantes.
La libertad dignifica la esencia de todo hombre y la democracia es el marco para su desarrollo. Sin democracia no se ejercitan los derechos y libertades individuales, no se protegen los derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y el derecho a la protección de la ley en un plano de igualdad, la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de una sociedad.
Pasar por alto lo que sucede en Venezuela y alegar que se trata de una problemática meramente nacional y soberana implica lisa y llanamente convalidar lo que sucede puertas adentro de una nación. No se trata de una situación particular. Vidas humanas en juego y un sistema democrático que resquebraja el espíritu de la OEA.
No siempre la vía diplomática es la adecuada. ¿Hasta cuándo será utilizada como “excusa ligera” para no intervenir? La comunidad de valores puede llegar a provocar un viraje de cosmovisiones. Tenemos la oportunidad histórica como región para marcar la diferencia frente a la indiferencia reinante.
(*)Analista Política Internacional. Magister en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Università di Bologna). Abogada, Politóloga y Socióloga (UBA) / Twitter: @GretelLedo