El juez federal de Tucumán, Fernando Luis Poviña, ordenó al diario El Tribuno de Salta que entregue información sobre tres usuarios que dejaron comentarios en notas de la edición digital del matutino amparado en "Actuaciones reservadas por averiguación de paradero" en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad.
Por segunda vez en cinco meses (el primer pedido fue en octubre) Poviña exigió a los responsables del periódico los números de protocolo (IP) de las últimas cinco conexiones y datos registrales que se dispongan en la base de datos y almacenamiento digital de los usuarios "Calafate", "Burrumayo" y "Kanon".
El diario, propiedad de la familia del ex gobernador salteño Juan Carlos Romero, rechazó el pedido aduciendo en artículos publicados en la web que se "ampara en la reserva de la fuente de la información y no revela la misma, máxime en este caso, el cual involucra a lectores que comunican sus ideas en ejercicio del derecho de libre expresión".
Sin embargo, el pedido judicial no atañe el derecho constitucional de la reserva de fuente: "Dan a entender de que yo estaba buscando a las personas según su opinión. No tiene nada que ver con eso", explicó a Perfil.com el juez federal de Tucumán, que subroga el juzgado jujeño, Luis Fernando Poviña. "Es una causa por búsqueda de paradero, por una persona que tiene pedido de captura nacional e internacional por el delito de homicidio agravado", reseñó. "Son causas de lesa humanidad en varias jurisdiccionales".
Consultado por este portal, el jefe de redacción de El Tribuno, Francisco Sotelo, expresó: "Nosotros no podemos permitir que destruyan el periodismo digital, es una avasallamiento brutal contra una nueva forma de comunicación". Al mismo tiempo, precisó: "No comparto en absoluto las opiniones de estas tres personas, como no comparto otras, pero con el criterio del juez habría que cercenar cualquier opinión que uno no comparte".
"No es una causa de para judicializar los dichos de nadie", insistió en aclarar Poviña. "No tiene nada que ver con la libertad de expresión. De ninguna manera está puesta para criminalizar los dichos de nadie ni se trata de censura previa. No tiene nada que ver con penalizar a una persona por sus comentarios", indicó.
Consultado por intempestiva reacción de El Tribuno, el magistrado respondió: "Desconozco por qué reaccionaron de esta manera, ,es algo bastante claro, nunca se trató de un delito de calumnias e injurias o de apología del delito".
