Entre septiembre de 2020 y febrero de este año se llevaron a cabo las negociaciones de las “Directrices Voluntarias sobre los Sistemas Alimentarios y Nutrición” (Dvsan) en el ámbito del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU. En ellas la representación argentina sostuvo una posición alineada con los intereses del sector corporativo agroexportador, oponiéndose a que se incorporen términos tales como “transformación o transición de los sistemas agroalimentarios” o “agroecología”, y aún a “dietas sostenibles y saludables” o “mercados locales”. Esto es fuertemente cuestionado por el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Originarios (MSC).
Ante la posibilidad de que nuestro país sostenga esta insólita posición en la Cumbre de Sistemas Alimentarios Sostenibles (septiembre 2021), y cuando comenzó el debate de las “Recomendaciones de Políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores”, impulsado por la sociedad civil global; un conjunto de organizaciones impulsó una “Carta al gobierno argentino para que no se oponga a la agroecología en el CSA de la ONU”, que en poco tiempo sumó miles de adhesiones de organizaciones campesinas, pueblos originarios, socioambientales, consumidores, cátedras universitarias e investigadorxs, así como reconocidas personalidades.
Dice: “Durante las negociaciones actuales de las recomendaciones la Argentina se ha convertido en el país líder de la oposición a la agroecología, secundado por Brasil, EE.UU. y Chile. Así, el gobierno argentino se presenta ante la comunidad internacional como defensor de un modelo agroalimentario insostenible. Insiste en hacer hincapié en “enfoques innovadores”, como la “agricultura climáticamente inteligente” o la “intensificación sostenible”, promovidos por las corporaciones transnacionales, en vez de la agroecología”. Además: “Dice desconocer los sistemas participativos de garantía para la agroecología (SPG’s) a pesar de que el propio MAGyP está involucrado en su desarrollo; niega las referencias a los “diez elementos de la agroecología” de la FAO (aprobados por ella en 2019); insta a que no se recomiende la “disminución del uso de plaguicidas” sino la “promoción de las buenas prácticas agrícolas”; presenta al comercio internacional como la “única vía necesaria y sostenible para la seguridad alimentaria”, rechazando la mención a los mercados locales de cercanía por considerarlos una “barrera al comercio internacional”; se niega a aceptar la “disminución” de plaguicidas, fertilizantes y antibióticos, y solicita se mencione su “optimización”; niega a que se dispongan créditos, subsidios e incentivos a la agroecología, entre otros.”
En oposición a esto la carta plantea que “la agroecología, como ciencia, práctica y movimiento se encuentra en constante crecimiento en la Argentina, demostrando que una agricultura que regenere el entramado social, económico y ambiental no solo es necesaria y urgente, sino posible”. Finalmente enumera la cantidad de iniciativas oficiales de promoción de la agroecología con las que la posición actual en el CSA entra en franca contradicción, empezando por la creación de la Dirección Nacional de Agroecología en el ámbito del MAGyP.
Retomando el planteo del MSC: “La premisa fundamental de la Cumbre tendría que ser aquella que fomente el enfoque holístico y sistémico que reconozca la naturaleza multidimensional de la alimentación (social, económica, ecológica, cultural y política); que afirme la soberanía alimentaria, los derechos de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios, y los reclame como bienes comunes que no queden a merced de lógicas de mercado”.
Plantean que “aún es tiempo de cambiar el rumbo” de esta posición, asumiendo otra que “busque hacer realidad el derecho humano a la alimentación adecuada y la Soberanía Alimentaria”.
*Periodista.
Integrante de Huerquen Comunicación.
