El segundo debate presidencial en Argentina mostró a los candidatos que el domingo próximo competirán por la Presidencia de la Nación como formuladores de convicciones más que de ideas para la solución de los problemas que cada eje temático presentaba. Como algunos comentaristas expresaron, el debate con la organización propuesta se convierte en un género televisivo, con líneas narrativas y estilos de interpretación prefijados que impiden la sorpresa y sólo permiten que sus protagonistas muestren su destreza para encarnar el rol asignado.
Frente a la previsibilidad de la mayoría de las afirmaciones, apareció como contundente, original y aplicable al grave diagnóstico que los participantes formulaban del estado actual del país, el llamado de Nicolás del Caño a una Asamblea Constituyente para solucionar la grave crisis social y económica del país. Si bien el candidato no aludió a la necesidad de una reforma constitucional ni planteó en forma clara si se refería al procedimiento establecido en la Constitución para la reforma de nuestra carta magna, dejó solitariamente propuesto y sin que ninguno de sus contrincantes recogiera el guante -por no encontrarse el tema dentro del previsible guión- la necesidad de un nuevo pacto social para enfrentar la gravedad institucional, económica y social que atraviesa la Argentina y que todos los participantes del debate dejaron expuesta.
La aspiración de la Reforma Constitucional de 1994 de modernizar nuestras instituciones y salvar los defectos que dentro de la Constitución histórica no habían sido idóneos para permitir su estabilidad, fracasó estentóreamente como de la crónica cotidiana y del relato de todos los candidatos quedó expuesto, ya que ni la calidad institucional del país ni la calidad de vida de sus habitantes logró mejora. Muy por el contrario, las falencias del federalismo, la desconfianza en el sistema judicial, los índices de pobreza y desempleo que con diversa atribución de responsabilidades todos los participantes del debate afirmaron muestran un dramático resultado contrario.
En esa reforma constitucional se incorporó el arts. 36 -cláusula de defensa de la democracia- que en sus dos últimos párrafos califica a los actos de corrupción como “atentados contra la democracia”. Las acusaciones lanzadas contra el período del peronismo Duhalde-kirchnerista – que involucraba al candidato Alberto Fernández en forma directa pero también indirecta a Roberto Lavagna- y contra el actual Presidente Macri, muestran el fracaso de la norma constitucional para prevenir y ser freno de estos actos que producen una grave deslegitimación del sistema y atentan contra el principio de igualdad en el que se funda.
Desentrañar las causas del colapso no era el objetivo del debate, y menos aún de este escueto comentario, pero con la propuesta de Asamblea Constituyente lanzada por el candidato de las fuerzas de izquierda se abre una posibilidad que el derecho permite para afrontar situaciones extremas. Si el estado actual de Argentina es la consecuencia de una acumulación de equivocaciones y efímeras ilusiones, podemos advertir desde el derecho que la resistencia a ordenar las conductas a las normas ha sido la variable que ha impedido el desarrollo institucional del país y la posibilidad de reencontrar un camino que conjugue calidad institucional y bienestar general.
De lo expuesto por los candidatos y de la amañada versión histórica de la Argentina reciente que todos dieron, se deduce que el mayor desafío que enfrenta el país es superar la distorsión entre la norma constitucional y la realidad, aunque la alusión a la Constitución haya sido inexistente. La posibilidad de instaurar el respeto estricto del derecho como conducta habitual de gobernantes y gobernados es la asignatura pendiente de una sociedad que no pudo lograrlo durante varias décadas y, que pese al dolor sufrido por las reiteradas prácticas autoritarias, no supo restablecer un acatamiento indispensable de las normas que constituyen la base del sistema. El desdén hacia las normas y una irrefrenable vocación por su interpretación caprichosa y sectaria es lo que quedó expuesto en el debate como diagnóstico subyacente de la realidad argentina.
El mayor desafío que enfrenta el país es superar la distorsión entre la norma constitucional y la realidad, aunque la alusión a la Constitución haya sido inexistente
Para restablecer un orden jurídico quebrado, que también denota un enfrentamiento social, la rehabilitación de un pacto de convivencia que significa la celebración de una Asamblea Constituyente y la discusión para modificar o ratificar la organización constitucional puede ser el camino idóneo para alcanzar la paz, la libertad y una igualitaria prosperidad, que son los fines esenciales de un estado social de derecho. La historia enseña que sólo se logran con instituciones sólidas y eficaces.
