lunes 10 de mayo de 2021
OPINIóN ECONOMISTA DE LA SEMANA
02-05-2021 07:11

Discutir la productividad, el empleo y el régimen previsional

02-05-2021 07:11

Esta semana me invitaron a participar en una de las ocho mesas de diálogo en el marco del Consenso Económico y Social, cuyos contenidos editados se difundieron el 1º de mayo en conmemoración al Día del Trabajador. El título de la mesa en la que participé era Productividad y Empleo decente.

La mesa fue plural, además de quien escribe estaban Martín Rapetti, Carlos Leyba, Paula Abal Medina y la actual Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec. La coordinación estuvo a cargo de un representante del sindicalismo -Gerardo Martínez- y una representante de la UIA de Salta -Paula Bibini-.

La virtualidad no ayudó. No hubo diálogo, más bien monólogos donde cada uno de los participantes expuso su visión y no hubo segunda ronda ni preguntas de los moderadores. Con diferentes matices, los tres primeros hicimos hincapié en la productividad sistémica y la relativa al recorrido de la productividad en el resto del mundo que en la post pandemia adelantó varios casilleros con sectores ganadores y perdedores. Y también en la necesidad de avanzar hacia acuerdos de gobernabilidad que permitan estabilizar la macro, bajar la inflación, recrear el mercado de crédito para canalizar el ahorro y sentar las bases para la inversión, el crecimiento de la economía y del empleo. Las dos restantes en el trabajo decente y en el rol del Estado para reducir las inequidades enmarcando a la Argentina en la discusión global que se da en la postpandemia.

En cualquier caso, y más allá de que uno se quedó con ganas de más debate, lo cierto es que sólo plantear el cruce entre ambas problemáticas -productividad y empleo- es un paso adelante. Uno de los objetivos del Consejo es contribuir a frenar la nominalidad a través del “acuerdo de precios y salarios” que para que funcione debe estar enmarcado en un esquema fiscal financiero y monetario consistente y en un acuerdo con el FMI que descomprima la concentración de vencimientos que arrancan en septiembre y se concentran en los próximos dos años.

Por ahora este programa viene fallando, por la aceleración de la inflación en el margen, pero fundamentalmente por la dispersión de aumentos en los precios que se esconde. Detrás del 42% de inflación interanual de marzo, hay precios que suben 80% y 50% como los textiles y medicamentos, otros que suben 24%, 13% y 0% como los alimentos enmarcados en el programa de precios máximos, las prepagas y las tarifas, respectivamente. Tarifas eléctricas que al cierre de esta nota vuelven generar una situación de alcoba en el gabinete de coalición con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, planteando que si se mantienen congeladas y las distribuidoras siguen financiando con CAMMESA el cheque de $45.000 millones de pesos mensuales para compensar los costos de generación que no cubren las tarifas, no da lugar para aumentar las compensaciones frente a las medidas de restricción de la movilidad de las personas que se anuncian frente a la demora en la vacunación y la escalada en los casos de Covid. Lo interesante de la pelea además es que mientras el Ministro decía 30% en dos cuotas y ahora redujo la suba a 9%, el Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, renunciado a la mañana y al final de esta nota repuesto en su cargo, decía primero 7% y más tarde cero.

La discusión sobre la productividad estuvo ausente en una economía que durante los 2000 volvió a intentar un esquema de distribución agresivo del ingreso impulsando el salario y usando el dólar y las tarifas como ancla. Esquema que terminó chocando con la restricción externa en 2012, aún cuando esta vez el mundo hubiera permitido algo distinto. Esta dinámica se agudizó entre 2010 y 2011 donde el intento de recuperar el caudal político después de la derrota electoral de 2009 llevó a un aumento del salario en dólares del 50% en dos años que terminó recreando la restricción externa. El cepo cambiario fue la forma en la cual se intentó sostener la demanda de pesos en un contexto donde las tasas de interés negativas alentaban la fuga de capitales.

A fines de 2015, Argentina tenía precios de los bienes ridículamente caros (aún con cepo y brecha cambiaria) y precios de las tarifas ridículamente baratos. El intento de revertir la distribución del ingreso para devolverle rentabilidad a los sectores de energía y a la exportación en forma gradual (y agregaría inconsistente) durante los primeros dos años del gobierno de Macri financiando el desequilibrio fiscal y externo creciente con deuda, terminó volando por los aires cuando se cortó el crédito a la economía en 2018. En esta economía el crecimiento del empleo formal se estancó en 2012, y desde entonces sólo crece el empleo público, el informal y cuenta propista, escondido en parte detrás del monotributo. Y en menor medida también crece el desempleo.

La historia posterior es conocida. Un acuerdo con el FMI que no ayudó a estabilizar (y cambió deuda de mercado -que dos años después se reestructuró- por deuda con el organismo mientras el BCRA perdía US$26.000 millones de reservas netas), la falta de transición después de las PASO y la Pandemia derivaron en un derrumbe del salario que en términos reales acumula una caída de 25% y en dólares más de 55%. Cepo y Brecha mediante, la caída del salario en dólares marginales asciende al 75%. Argentina pasó de tener los salarios más altos de la región a los más bajos de la región (excluyendo la tragedia de Venezuela), pero el mercado laboral sigue trabado y los costos laborales impactados por la inflexibilidad incorporada en muchos convenios laborales, por la escalada del ausentismo en pandemia y fundamentalmente por el pasivo previsional que provoca la doble indemnización y ahora la prohibición de despidos.

De los 21 millones de personas que conformaban la población económicamente activa antes de la Pandemia, 1,8 millones eran desocupados y sólo 9 millones tenían un empleo formal con descuento jubilatorio. De estos, sólo 6 millones eran empleos privados, el resto, empleos públicos.

En el peor momento de la Pandemia, la economía destruyó casi 4,3 millones de empleos, de los cuales, sólo 180 mil fueron asalariados formales. La prohibición de despidos sumada a la doble indemnización que ya lleva más de un año, más el financiamiento de una parte de los salarios a través de los ATP y algunas rebajas transitorias de salarios sectoriales acordadas, amortiguaron la caída y también el rebote. En efecto, en la medida que se fueron soltando las restricciones a la movilidad de las personas, se recuperaron 3 millones de puestos de trabajo, aunque cuando se mira el empleo formal no sólo no se recuperó, sino que la pequeña caída se duplicó. El desempleo aumentó de 1,8 a 2,2 millones de personas, el resto fue una caída en la tasa de actividad, es decir la población desalentada dejó de buscar trabajo.

La segmentación del mercado laboral creciente no sólo se da entre ocupados formales e informales, sino que también está atravesada por la productividad del trabajo. Por un lado, sólo un 45% de la Población Económicamente Activa tiene un empleo Formal, y de esa un 42% tiene educación universitaria y/o está estudiando una carrera. El 58% restante tiene educación primaria y/o secundaria. Esta estructura es 20%/80% cuando se analiza el sector no asalariado. Del 20% con educación universitaria, casi la mitad es cuenta propia, número que probablemente crezca si, con el cepo, la brecha cambiaria y la virtualidad, quienes puedan busquen trabajo en el exterior, trabajen desde Argentina y reciban su pago en una cuenta afuera, paypal y/o cryptomonedas.

El status quo actual del mercado laboral requiere urgente una definición que evite el aumento en las inequidades que provoca y fundamentalmente evite que se siga destruyendo la base imponible. Discusión que seguramente requerirá cambios sobre el empleo adicional y/o sobre los años por delante de los empleados actuales.

La discusión sobre el mercado laboral no puede hacerse por separado del régimen previsional. Al final de cuentas, la moratoria previsional incorporó a muchos de los que habían quedado excluidos del mercado laboral formal durante los 90s. Y si bien actuarialmente quienes perciben la moratoria no van a incidir presupuestariamente en 10 años, entonces el problema va a ser el monotributo donde se necesita el aporte de 14 aportantes a este régimen para financiar una jubilación mínima. Tampoco puede resolverse el déficit previsional aumentando la edad jubilatoria sin buscar una solución al esquema de indemnización vigente.

Nuevamente, bienvenido el instrumento del Consejo Económico y Social. Apuntemos a que no sirva sólo para la foto.

*Directora Ejecutiva de Eco Go.

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