Antes de la pandemia varios especialistas en educación coincidían en que existe una velocidad diferente entre la apropiación de las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en los establecimientos educativos y su utilización por parte de los alumnos. Este fenómeno producido por los vertiginosos cambios operados en los últimos años hacía necesario explorar desde una perspectiva reflexiva, cómo ellos estaban afectando a los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Frente al impacto de las TIC en todas las áreas del quehacer humano, en el caso de la educación, era fundamental relevar y aportar información significativa sobre el uso que le daban los profesores y alumnos para favorecer y focalizar las políticas en materia de desarrollo tecnológico y digital de cada país.
Mientras esto sucedía, la inesperada irrupción del Covid-19 en todo el planeta obligó al cierre de las escuelas, dejando sin educación a 1.600.000 alumnos en todo el mundo y lo que hasta ese momento estaba todavía en debate, se convirtió en la única alternativa para sostener la actividad a pesar del encierro.
En estos días, el recrudecimiento de la pandemia junto con el confinamiento y sobre todo con la interrupción de las clases presenciales motivada por esta peligrosa “segunda ola de contagios”, ha puesto en evidencia las profundas desigualdades para los hogares que cuentan con recursos, habilidades y competencias en el uso de equipos informáticos y los que las tienen escasamente o directamente no las tienen. Cosa que no había sido tan evidente durante la anterior cuarentena.
Las extraordinarias posibilidades que, sin duda, ofrecen las nuevas tecnologías para complementar (y en este tiempo reemplazar) la imposibilidad de la presencia física, chocan con esta nueva vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.
En un país en donde, según datos el Indec casi seis de cada diez chicos son pobres (una década atrás eran dos de cada diez), el desafío de la inclusión digital y la conectividad se convierte en un tema prioritario y muchos sostenemos que debiera agregarse a la lista de los “derechos humanos”.
Particularmente el Estado nacional y el Provincial son los principales responsables de atenuar estas diferencias tecnológicas en los sectores vulnerables, pero dada la dramática situación de contexto actual, también los municipios, el sector privado y la sociedad civil, junto con las empresas proveedoras de servicio, deben sin duda ser protagonistas en el diseño de las soluciones.
Hace diez años tuve la suerte de acompañar el proyecto que el Gobierno implementó bajo el nombre de “Conectar Igualdad” entregando más de seis millones de computadoras a alumnos y docentes de las escuelas de gestión pública y a los institutos de formación docente. La CABA y varias provincias hicieron algo parecido. Esto permitió a millones de alumnos conseguir gratis una computadora, que de otro modo, hubiera sido imposible obtenerla.
Si bien hoy el desafío tiene que ver principalmente con la conectividad ¿por qué no recuperar y actualizar esta exitosa experiencia de inclusión digital que tan buenos resultados está dando en otros países?
Sabiendo que las decisiones que tomemos impactarán durante años y décadas es importante que nos preguntemos: ¿Qué acciones se deben implementar para que se achique esta nueva grieta tecnológica? ¿Cuál es la responsabilidad de los políticos en la solución del problema? ¿Cómo puedo comprometerme para ser parte de la solución?
*Doctor de la UBA en Ciencias Sociales.
