El panorama político en Bolivia es de por sí telúrico. Un presidente acorralado por tensiones internas, un Evo Morales atrincherado en el Chapare con acusaciones judiciales a cuestas, ministros que renuncian o son expulsados y un tablero institucional que cruje. En ese escenario convulso ocurrió algo que debería encender todas las alarmas de la política argentina: la detención por seis meses de Fernando Cerimedo, acusado de contratar sicarios para atentar contra la vida de su pareja, Nadia Avelier.
No estamos ante un hecho aislado ni ante un problema estrictamente pasional. Cerimedo no es un ciudadano cualquiera. Es el arquitecto de la infraestructura digital de la ultraderecha, el estratega que operó en Brasil —investigado por los intentos de desestabilización contra Lula da Silva—, en Chile y en Honduras, y que en la Argentina se atribuyó la paternidad y el financiamiento del universo de los streamers e influencers libertarios.
Lo llamativo —o quizás previsible— es la reacción del ecosistema oficialista. Quienes hicieron del agravio diario y la descalificación su herramienta fundamental de construcción política hoy guardan un silencio sepulcral. Los mismos voceros y referentes digitales que surgieron bajo la sombra de esta red prefieren no pronunciarse sobre la suerte de su mentor.
Las sociedades de Fernando Cerimedo con el círculo del elenco estable de la SIDE
Pero el problema no radica únicamente en los propagandistas de las redes; el problema toca de lleno a la Casa Rosada. Por más que desde el Poder Ejecutivo ensayen la clásica estrategia de la negación ("no lo conocemos", "nunca lo vimos"), la realidad es que ministros clave de la gestión actual han sido y son habitués de estos canales y portales. El ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller; el ministro Federico Sturzenegger o el titular de Salud, Mario Lugones, aparecen o han participado de manera recurrente en las plataformas financiadas y diseñadas por este tipo de estructuras.
¿Saben los funcionarios dónde se meten? No se puede argumentar desconocimiento cuando se valida con la presencia institucional a espacios defendidos por abogados que sugieren barbaridades en términos de convivencia democrática. Como bien reveló la investigación periodística de Natalia Volosin, al descender a este "inframundo" con una linterna lo que se encuentra no es ideología pura, sino un entramado escabroso de sociedades, domicilios compartidos y vínculos oscuros que salpican la ética pública.
El Gobierno nacional suele enarbolar la tesis de la superioridad moral como política de Estado. Sin embargo, la acumulación de episodios oscuros y la dependencia de mecanismos basados en el algoritmo, el caos y la máquina de agredir dejan al descubierto una brecha insalvable entre el discurso y los hechos. El caso Cerimedo es un escándalo de proporciones colosales que no se puede tapar con la vorágine de la agenda diaria.
MEG
