Tengo dos pronósticos: uno bueno y otro eventualmente malo. Empiezo por el bueno. Se refiere a lo que resta de 2021. Luego de una brutal caída económica de casi 10% el año pasado, este será de recuperación. El rebote de la actividad se inició a fines de 2020 y continuó vigorosamente durante el primer trimestre de 2021. Las restricciones sanitarias a partir de abril, cuando arrancó la segunda ola del covid-19, afectaron la marcha de la economía. Por eso en el segundo la economía se contrajo transitoriamente. La caída de los contagios y el avance del proceso de vacunación han permitido que desde junio se fueran levantando las restricciones y que empresas y negocios retomen un funcionamiento más “normal”.
A una economía que comienza a funcionar con menos restricciones hay que sumar el inicio del proceso electoral. Los indicadores de humor social y consideración pública del Gobierno muestran niveles de aprobación más bien bajos. Esto obviamente preocupa a la coalición gobernante, que pondrá toda la carne al asador para llegar competitiva a las elecciones de noviembre. Existe una receta clásica para estimular una economía en tiempos electorales. Consiste en tres ingredientes.
El primero es pisar el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos de modo de apaciguar temporariamente la inflación y permitir, así, que los bolsillos del electorado ganen poder de compra. El Gobierno ya puso este ingrediente en la cacerola. El ritmo de suba del dólar oficial –que superó el 3% mensual promedio durante el cuarto trimestre del año pasado y el primero de 2021– se ha desacelerado al 1,5% mensual en el segundo trimestre y seguramente caerá al 1% mensual de acá a las elecciones. Las tarifas de luz y gas residencial en el AMBA tuvieron una módica suba de 9% y 6% y ya no volverán a tocarse hasta 2022. El anclaje de dólar y tarifas permitirá que la inflación descienda al 3% mensual –o incluso algo por debajo– durante el segundo semestre de 2021. Nuestra estimación en Equilibra es que la inflación anualizada del segundo semestre rozará el 39%; una desaceleración importante respecto al 57% anualizado de la primera mitad del año.
El segundo ingrediente es la expansión del gasto. No bastará con bajar la inflación para estimular el gasto de las familias. Las paritarias firmadas en los primeros meses del año acordaron subas anuales en un rango de 30-35%, en línea con la pauta de inflación de 29% prevista en la Ley Presupuesto. Pero la llamarada inflacionaria de fines de 2020 y principios de 2021 las dejó muy rezagadas. Las paritarias que se cerraron recientemente como la de los empleados del Congreso, Anses y Camioneros establecieron, en cambio, subas de 40%, 43% y 45%, respectivamente. En las semanas por venir, veremos reaperturas de paritarias que actualizarán sus pautas salariales en línea con estos números. El resultado será una mejora de 3 puntos porcentuales en el poder de compra de los salarios de acá a las elecciones.
Algo parecido ocurrirá con jubilaciones y asignaciones familiares. Este rubro del gasto se actualiza trimestralmente con una fórmula de movilidad que depende en un 50% de la evolución pasada de los salarios formales. Dada la evolución reciente de los salarios, la actualización implicaría una suba nominal levemente por debajo de la inflación. Por eso creemos que el Gobierno asignará bonos excepcionales de sumas fijas en el segundo semestre para mejorar el poder de compra de las jubilaciones y asignaciones. A esta expansión del gasto se sumarán otros rubros como la obra pública, cuya ejecución se acelerará vigorosamente en los próximos meses. Prevemos también ayudas a trabajadores informales, cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia. La expansión total del gasto público será potente. Para tomar noción de la magnitud, notemos que hasta mayo el resultado primario del Tesoro acumuló un déficit de apenas 0,1% del PBI; en diciembre, alcanzará casi 4%.
El tercer ingrediente es crucial para la concreción del programa. Estimular el gasto y contener la inflación puede generar presión en la olla y hacerla estallar. Para evitarlo, es indispensable que el Gobierno sea capaz de controlar la evolución del dólar y de la brecha cambiaria. La expansión del gasto involucrará una emisión monetaria de 900 mil millones de pesos. Si a ella se suman el pago de intereses de los pasivos remunerados del BCRA (Leliqs y pases), la expansión monetaria durante el segundo semestre alcanzará 1,5 billones de pesos. La pregunta del millón es: ¿podrá el mercado financiero digerir semejante volumen de pesos sin una brusca devaluación o ensanchamiento de la brecha? ¿Podrá hacerlo durante los meses electorales, cuando el sector privado tiende a dolarizar su cartera? Creemos que sí. Gracias a los excepcionales precios internacionales de las commodities de exportación, el BCRA ha logrado acumular hasta junio unos 4.200 millones de dólares adicionales de reservas. Seguramente sea capaz de sumar otros 1.500 millones de dólares entre julio y agosto. Con este volumen de reservas podrá convalidar la presión dolarizadora del sector privado –que se canalizará principalmente a través de los mercados cambiarios alternativos (contado con liqui y MEP)– y aun así cerrar el año con entre 1.500 y 2.000 millones de dólares adicionales de reservas netas.
Hasta aquí el pronóstico bueno. Vayamos al otro, mucho más conjetural e incierto, pero potencialmente negativo. Es el riesgo de que, tras la recuperación, la economía ingrese nuevamente en un estado de estancamiento. Sería un escenario en el que lo mejor de la gestión económica de Alberto Fernández habría ocurrido en 2021. ¿Qué motiva esta preocupación?
Para expandir la economía se necesitan dólares. Este año, hemos tenido la suerte de que los altos precios internacionales de nuestros commodities aportaran un plus de exportaciones de 10 mil millones de dólares. A ellos tendríamos que sumar los 4.300 millones de dólares que la Argentina recibirá de la emisión de Derechos Especiales de Giros que acaba de aprobar el FMI. Ambos factores han sido excepcionales. El precio de la soja se situó este año en un máximo histórico. Difícilmente perfore en el futuro los 600 dólares por tonelada, máxime teniendo en cuenta que la Reserva Federal de los Estados Unidos probablemente comience a desandar su política monetaria hiper-expansiva en 2022. Una menor liquidez tendería a deprimir los precios de las commodities y a depreciar las monedas de los países emergentes.
Con precios iguales o menores y monedas emergente depreciadas, los dólares que demandará nuestra economía para crecer solo podrán conseguirse con aumentos de las cantidades exportadas, inversiones y financiamiento externo. Difícil de imaginar sin un acuerdo con el FMI y una agenda económica que se perciba amigable con la inversión privada. ¿Es este el proyecto económico poselecciones? El Gobierno no ha articulado una respuesta aún.
*Martín Rapetti: Director Ejecutivo de Equilibra.
