Hace cincuenta años, la conflictividad social terminaba con las pretensiones de permanencia de la dictadura de la llamada Revolución Argentina, que se había instalado en 1966, tras el derrocamiento del presidente Arturo Illia, y empezaba a gestarse el regreso de Perón al país y del peronismo al poder, cerrando el ciclo abierto con el golpe de Estado de 1955. Menos de dos años después del Cordobazo (mayo del 69), las primeras chispas se produjeron en enero del 71, en la zona fabril de la provincia mediterránea. Las plantas industriales de la Fiat en Córdoba fueron tomadas por los trabajadores, en protesta por despidos, y la empresa automotriz pidió la intervención del Ejército para desalojarlas. El conflicto fue escalando con la activa participación de los sindicatos de fábrica Sitrac y Sitram y el respaldo de la filial local de Smata, el gremio de los trabajadores mecánicos. Fue un verano “caliente” que desembocó en cambios políticos fundamentales semanas más tarde.
El asesinato de un trabajador de 18 años, Adolfo Cepeda, provocó una pueblada en marzo del 71. Y así como el Cordobazo precipitó la caída del general Juan Carlos Onganía, esta otra protesta, conocida como el Viborazo, provocó el desplazamiento de su sucesor, el general Roberto Marcelo Levingston. Empezará a partir de allí la cuenta regresiva para ese régimen militar, que encabezará el general Alejandro Agustín Lanusse, con la convocatoria a las elecciones que se realizarán en marzo del 73. El movimiento sindical, en sus distintas expresiones, entre ellas los sindicatos clasistas y combativos, será un actor protagónico de esa etapa. Pero resultará también superado por los conflictos y enfrentamientos entre sus distintas expresiones, que se terminarán dirimiendo en un clima de creciente polarización y violencia.
Sindicalistas y militares. El 8 de junio de 1970 los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas habían removido de su cargo a Onganía y colocado en su lugar a Levingston, que cumplía destino como agregado militar en Washington y era un desconocido para la gente. Un neoperonista, el abogado Juan Alejandro Luco, era designado secretario de Trabajo. Pocas semanas después, se realizaba el congreso de la CGT bajo la advocación del asesinado líder metalúrgico Augusto Vandor, que consagraba como secretario general a otro metalúrgico, José Ignacio Rucci. De aquel Congreso surge una declaración que expresa: “Esta reunificación no es producto de un acuerdo circunstancial, sino el corolario de un proceso de grandes coincidencias entre todas las corrientes que conviven en el seno del movimiento obrero”. El diálogo de la dirigencia sindical con los funcionarios del régimen militar se tornaba más fluido. El ministro de Economía y Trabajo, Carlos Moyano Llerena, y el de Bienestar Social, Francisco Manrique, anunciaban un incremento salarial del 7% y mejoras para jubilados y pensionados.
Mientras parecía prevalecer un nuevo clima, la CGT realizaba cuatro paros generales, entre octubre y noviembre. Dos sindicatos que actuaban en la línea combativa del peronismo –petroleros y telefónicos– eran intervenidos. El nuevo ministro de Economía y Trabajo era un conocido de los gremialistas: el economista Aldo Ferrer, que había tenido actuación en 1963 como profesor de los cursos de capacitación sindical de la CGT. En el ámbito político, a fines de 1970, principales referentes del peronismo y del radicalismo firmaban un documento –La Hora del Pueblo–, cuyos artífices eran Jorge Daniel Paladino, delegado personal de Perón, y el radical Arturo Mor Roig, en el que planteaban una acción conjunta para desembocar en elecciones libres. Desde su exilio en Madrid, Perón jugaba a dos puntas: alentaba conversaciones y negociaciones políticas con el gobierno, mientras avalaba a la “juventud maravillosa” de las organizaciones armadas: “Tengo una fe absoluta en nuestros muchachos, que han aprendido a morir por sus ideales”, responde por carta a los jefes de Montoneros, en febrero del 71.
Peronismos y antiperonismos. A principios de 1971, las estrategias de confrontación del peronismo frente a la dictadura se superponen con las negociaciones sindicales con el gobierno sobre aspectos centrales de la política socioeconómica y las disputas internas del propio régimen militar. El ministro Aldo Ferrer anunciaba un aumento del 6% sobre el salario real, la elevación del salario mínimo y la convocatoria a comisiones paritarias, dentro de una llamada “ley de pautas”, entre máxima y mínima, mientras el gobierno prometía topes a los aumentos de precios del 10%, cifra que resultaría largamente superada.
Mientras en el área de Bienestar Social, la CGT discute con el ministro Manrique la distribución de fondos para el Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), en el área de Economía, por medio de la Comisión Nacional de Precios, y en Trabajo, los funcionarios sostienen sus fluidos vínculos en la negociación con los principales jefes sindicales. La central obrera recibe críticas de la Comisión Nacional Intersindical (nombre también utilizado por el Movimiento Nacional Intersindical) y de la CGT de los Argentinos pero también de los gremios denominados “ortodoxos” o combativos de las 62 Organizaciones, liderados por los telefónicos y obreros navales. En marzo, la CGT convoca al Comité Central Confederal para decidir una estrategia de mayor confrontación con el gobierno, en el preciso momento en que se producía otro movimiento de protesta que terminaba en un estallido social con represión.
Serpiente. La chispa que lo motivó se había encendido en enero y había tenido como epicentro las plantas fabriles de la empresa Fiat de Córdoba, con acciones de protesta que terminaron con el despido de siete trabajadores. La empresa pidió la intervención del Ejército, pero el gobernador Bernardo Bas se negó y fue removido por Levingston, que colocó en su lugar a José Camilo Uriburu, dirigente conservador y sobrino del general José Félix Uriburu. En su primer discurso, el 7 de marzo, Uriburu desafió abiertamente a las fuerzas sindicales y estudiantiles, asociándolas con las organizaciones armadas revolucionarias y calificando a unas y otras como “una venenosa serpiente” cuya cabeza había que cortar “de un solo tajo”. La reacción no se hizo esperar. Cinco días más tarde se realizaban paros de protesta contra el interventor, con incidentes que reeditaban los sucesos del Cordobazo y movilizaciones que se replicaban en otras ciudades del país.
El Ferreyrazo. El viernes 12 de marzo se realizó la huelga general con toma de fábricas convocada por la CGT. Ciento veintiocho fábricas fueron tomadas por los obreros, que colocaron en el ingreso carteles en los que se explicaban las razones de la huelga: “Fábrica tomada por los obreros. Paritarias sin topes. Salarios justos. No me pisen la víbora. Que se vaya”. Apartándose de la consigna de toma de fábricas resuelta por la CGT, los sindicatos Sitrac y Sitram resolvieron movilizarse directamente al barrio aledaño de Ferreyra, en los suburbios del sur de la ciudad, para realizar un acto en el paso a nivel de Materfer. La policía cordobesa, comandada por el comisario Julio Ricardo San Martino, reprimió a los huelguistas y en el curso de los enfrentamientos cae asesinado Adolfo Cepeda, obrero de Fiat de 18 años.
La muerte de Cepeda promovió la declaración de otro paro general activo por parte de Sitrac y Sitram, con movilización y asamblea en la plaza Vélez Sarsfield. La CGT cordobesa se sumó convocando a un nuevo paro general para el 15 de marzo, que se transformó en una insurrección general extendida a distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Hubo manifestaciones, barricadas, fogatas, incendios, saqueos y enfrentamientos entre trabajadores y estudiantes con fuerzas represivas de la Policía provincial y la Policía Federal, con un saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de 300 detenidos. En la coordinación de la represión actuaba el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Alcides López Aufranc, y un grupo de elite de la Federal traído de Buenos Aires, la Brigada Antiguerrillera, al mando del comisario Alberto Villar.
Al día siguiente, el diario La Voz del Interior publicó el irónico dibujo de Cognini que mostraba a la víbora comiéndose al interventor. La gravedad y repercusión que tuvieron en todo el país los hechos del barrio de Clínicas y Ferreyra desencadenó la renuncia de Uriburu. El Ferreyrazo, bautizado también como Viborazo, había expandido la llama de la protesta social y el impacto político sería inmediato llevando a un punto de no retorno las rivalidades y propósitos cruzados en los niveles más altos del gobierno.
Una semana después era desplazado el propio Levingston, que había intentado sin éxito remover a las cúpulas militares. El verdadero “hombre fuerte”, el jefe del Ejército, el general Alejandro Agustín Lanusse, asumió la presidencia el 26 de marzo del 71, iniciando negociaciones con la dirigencia política para una salida electoral que se concretaría dos años después con el triunfo del peronismo y el regreso de Perón al país, luego de 17 años de proscripción.
El sindicalismo combativo, entre dos fuegos
La movilización gremial de los años 1969 y 1970 resultaba un dato insoslayable para la Argentina de la década que comenzaba. Una serie de reagrupamientos perduraban o desaparecían, según las circunstancias; otros surgían impulsados por la movilización de las organizaciones juveniles del peronismo, algunas de ellas encuadradas en la lucha armada. En otro hecho de violencia, el 27 de agosto del 70, era asesinado el ex secretario general de la CGT José Alonso, con la misma lógica seguida por los autores del homicidio del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor un año antes. La CGT de Paseo Colón (o “de los Argentinos”) perdía su fuerza inicial mientras la CGT de Azopardo se reagrupaba como centro de gravitación, manteniendo divergencias internas.
Dirigentes de otras vertientes de izquierda no peronista conforman el Movimiento Nacional Intersindical. Este nucleamiento, que actúa desde fines de 1970, está orientado por Agustín Tosco, de Luz y Fuerza Córdoba, y Alfredo Lettis, del gremio de empleados de la Marina Mercante. Otro dirigente destacado era René Salamanca, de la regional cordobesa de los mecánicos de Smata. En Córdoba, se forman dos bloques de las 62 Organizaciones: “ortodoxos” y “legalistas”; en Salta y otros puntos del país, la semilla del “clasismo” prende, sobre todo a nivel de comisiones internas de fábrica, como Chrysler y Peugeot, en el Gran Buenos Aires, y en el orden nacional algunos sindicatos (telefónicos entre ellos, con la conducción de Julio Guillán) mantienen su identificación de peronistas “combativos”, al igual que los colectiveros cordobeses (UTA), liderados por Atilio López, secretario general de la CGT provincial, secundado por Tosco.
Mientras esto sucedía en uno de los sectores del sindicalismo combativo, en otro se desarrollaba el sindicalismo “clasista”, a partir de dos sindicatos de fábrica que agrupaban a los trabajadores mecánicos. La empresa Fiat tenía tres plantas fabriles en Ferreyra, en las afueras de la ciudad de Córdoba: Materfer (material ferroviario), Concord (mecánica de autos) y Grandes Motores Diesel (GMD). El 23 de marzo de 1970 se inició en Concord una radicalización que llevó al Sitrac (Sindicato de Trabajadores de Concord) junto con el Sitram (Sindicato de Trabajadores de Materfer), liderados por Gregorio Flores y José Páez, a constituirse en una vanguardia del movimiento contestatario. Se apoyaron en el funcionamiento permanente de las asambleas de base y en la movilización callejera, ganando un protagonismo que marcaría el paso del movimiento sindical durante los sucesos que culminarían en el segundo Cordobazo, bautizado como Viborazo, principio del fin de la dictadura de la llamada Revolución Argentina.
*Periodistas e historiadores.
Colaboró: Vittorio Hugo Petri.
