Entre disputas electorales, decisiones sobre reelecciones y un juicio político en curso, es normal que un fallo de la Corte Suprema sobre una médica misionera haya pasado totalmente desapercibido. Los hechos del caso son simples: una persona llegó a un hospital en San Ignacio, Misiones, con una infección urinaria en el marco de un embarazo de cuarenta y dos semanas. Fue revisada por quien estaba de guardia, M.G., que decidió que quedara internada. M.G. volvió a revisar a la paciente a las 5 AM y a las 6.30 AM la trasladó a la sala de partos. A las 7.05 AM se produjo el nacimiento, en el que el bebé murió por dificultades respiratorias.
La Justicia de Misiones condenó a M.G. por no haber “realizado las prácticas debidas” para evitar la muerte del niño. La Corte (al compartir la opinión de la Procuración General de la Nación) revocó la condena. Entre otras cosas, marcó que lo que se le había exigido a M.G. como prácticas debidas era irrealizable. Entre lo que se le exigió, estaba entubar al recién nacido. Pero lo cierto es que el especialista en entubación del hospital estaba en su casa y que la muerte se produjo a los 15 minutos del nacimiento, por lo que esta persona nunca hubiera llegado. A M.G. también se le reprochó no haber trasladado al bebé a otro hospital; pero el hospital más próximo está a una hora y, como vimos, la muerte se produjo a los 15 minutos. Para la Procuración General, en cuyos argumentos se apoyó la Corte, la urgencia de la situación hizo imposible que M.G. pudiera llamar al especialista o derivar al bebé y, de todos modos, esto hubiera sido en vano. Además, se tuvo en cuenta que M.G. era la única médica de guardia en el hospital, por lo que tenía que hacerse cargo de muchas cosas al mismo tiempo. Respecto del hospital, una obstetra declaró que no hacía partos allí porque “no hay nada”: ni pediatra, ni centro materno, ni especialista. El hospital tenía el doble de pacientes y menos médicos que hace pocos años. Lo que la Corte hizo al fallar a favor de M.G. es lo que muchos señalamos hace años: para decidir acerca de las responsabilidades de funcionarios o empleados estatales, es central reconocer las limitaciones con las que se enfrentan cotidianamente al ejercer sus trabajos y tener en cuenta las dinámicas con las que funciona el Estado en general. Gran parte del auge de la criminalización de la política que se intensificó a partir del año 2015 fue posible porque los jueces federales desconocieron completamente cómo funciona el Poder Ejecutivo y se ampararon en supuestas violaciones reglamentarias para perseguir a funcionarios y dirigentes. Un caso típico fue cuestionar la forma en que se hicieron licitaciones, sin considerar cómo los que imponían normas que, a veces, habían sido dictadas hace cincuenta años condenaban al fracaso la política que quería llevarse a cabo. Un ejemplo (real) es el de un hospital público en el que las autoridades tuvieron que comprar medicamentos de forma urgente para salvar vidas; el proceso de compra se hizo por una vía rápida, justamente para lograr el objetivo. Sin embargo, la Justicia federal los procesó por no utilizar métodos de compra que habrían conllevado meses de trámite.
La persecución penal a funcionarios públicos basada en lecturas descontextualizadas de normas administrativas pone al Estado en un callejón sin salida. Por un lado, vivimos un momento histórico en el que exigimos cada vez más cosas del Estado: salud, educación, transporte, seguridad. Por eso, en un mundo acelerado en el que la velocidad de respuestas es determinante, a nivel global, el Poder Ejecutivo absorbe cada vez más responsabilidades. Muchas veces, estas responsabilidades deben enfrentarse con recursos limitados y en marcos normativos anacrónicos. Pero, por otro lado, el Poder Judicial tiende a evaluar la tarea del Ejecutivo sin tener en cuenta este contexto y valora conductas sin tener en cuenta las consecuencias: esto provoca que funcionarios y empleados terminen condenados por tratar de cumplir con las misiones que imponen sus cargos. Condenar a M.G. por tratar de salvar al recién nacido, pero no haberlo entubado o derivado a otro hospital (que era lo que pedían las prácticas médicas), sin entender que no había gente capacitada ni tiempo para hacerlo, es una muestra clara de este tipo de enfoques.
El resultado es un incentivo a la parálisis o la disfunción estatal, en momentos en los que la tarea del Estado es central para nuestras vidas. El mensaje de la condena a M.G. es que la próxima vez que se enfrente a una situación similar, en vez de tratar de salvar al bebé con lo que tiene a disposición, lea el reglamento y ordene una derivación a una clínica a la que sabe que el recién nacido no llegará con vida. El mensaje a los que tienen que comprar medicamentos para salvar vidas urgentemente es que, si la licitación dura tres meses, liciten igual, porque solo así evitarán un proceso penal.
Claro que hay funcionarios que no se amilanan y que hacen lo que creen correcto aun a riesgo de enfrentar procesos penales que saben injustos, pero el diseño estatal no puede hacerse con una presunción de heroísmo de sus integrantes. Muchas otras personas (con razones más que entendibles) optarán por ceñirse a las normas, aunque sean ridículas y vetustas (¿“yo, cobrando 150 mil pesos, me voy a comer un proceso penal para el que no puedo ni pagar un abogado?). Para que el Ejecutivo satisfaga nuestras demandas e intervenga donde esperamos que lo haga, deben entenderse sus dinámicas y limitaciones. Para los que les gusta mirar al norte, la Corte estadounidense ha dicho que las normas administrativas deben ser interpretadas, principalmente, por el Poder Ejecutivo, que es quien mejor conoce su propio funcionamiento, y no por los jueces, que muchas veces no lo entienden. Lo que hizo la Corte con M.G. es un primer paso importante: el próximo debería ser extender esta lectura a las innumerables causas de persecución de la política que convalidó en los últimos años y que fomentó una parálisis estatal que nos afecta a todos.
*Abogado UBA, LLM, London School of Economics and Political Sciences.
