El Gobierno, a inicios del año 2020, informaba a la población que el coronavirus no llegaría a la Argentina y que no era necesario el uso del barbijo. La situación fue variando rápidamente con el correr de los días, hasta imponerse una cuarentena insoportable por su extensión y limitación, que fundió a la mayoría de los argentinos y no evitó contagios y muertes.
El Gobierno sabía o debió saber que la solución era vacunar a la población. El Gobierno no ha previsto la real situación en la que nos encontramos o habiéndose previsto no han adoptado las medidas conducentes para evitar la grave situación actual.
Más de 75 mil muertos desde el inicio de la pandemia.
De esa cantidad, más de 40 mil muertos se han producido en los últimos cinco meses.
El gobierno es responsable al menos de la muerte de esas 40 mil personas que se han producido entre diciembre 2020 a mayo 2021 y de las que se sigan produciendo en el futuro. Ello constituye un verdadero crimen de lesa humanidad, en tanto todos los funcionarios han actuado a sabiendas y con dolo eventual.
La situación en la actualidad es más grave aún, porque a las muertes actuales le seguirán más fallecimientos, siempre motivados en la desidia del Gobierno, debido al retraso de la vacunación, a las mutaciones virales y a las posibles reinfecciones.
Es sabido que la falta de vacunación oportuna generará mutaciones virales y en lo que respecta a Argentina se están dando las variantes Andina y Manaos principalmente.
Asimismo, dichas mutaciones pueden producir otras variantes que pueden no estar cubiertas por las actuales vacunas. En otras palabras, si la población se hubiera vacunado como correspondía, se estarían evitando las mutaciones del virus.
Evitar las mutaciones del virus significa asimismo evitar las reinfecciones con la nueva cepa del virus.
Lo único que puede terminar con el virus, sus mutaciones y reinfecciones, es la aplicación de la vacuna.
Cuando se habla de vacunación hacemos referencia a la aplicación de las dos dosis de cualquiera de las vacunas. En Argentina, la inmensa mayoría de la población vacunada ha recibido solo una dosis de la vacuna y existe una gran incertidumbre sobre la aplicación de la segunda dosis.
Entendemos que la Justicia debe investigar a fondo este crimen de exclusiva responsabilidad del Gobierno Argentino, que ha causado muchísimas muertes que se podrían haber evitado. La Argentina se encuentra en los primeros puestos en cuanto a la cantidad de muertes por Covid por millón de habitantes.
Dentro de esa investigación, se debería llegar a fondo también con los motivos por los cuales la Argentina no accedió a algunas vacunas, mientras que otros países, incluso vecinos, sí lo hicieron. Por qué las vacunas de Pfizer o Moderna no se compraron y sin embargo otras, llegadas de Rusia, China o Cuba ganaron la posición. Hoy las vacunas provenientes de Rusia y China están llegando a cuenta gotas, a tal punto que no pueden entregar las segundas dosis para aplicar a más de 8 millones de vacunados sólo con las primeras dosis.
La vacuna de Pfizer parecía prometedora. Para cuando Pfizer acudió al Ministerio de Salud, el 28 de julio 2020, y presentó su primera oferta para que la Argentina comprara dosis de la vacuna de manera anticipada, la respuesta no fue la que esperaba. El laboratorio le comunicó al Ministro que podía entregarle vacunas en 2020, a pesar del “contexto de oferta global limitada de dosis”, pero el ministro al parecer no concretó. Parecía inclinarse por la opción de AstraZeneca y delegó las deliberaciones con Pfizer en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo.
Sonia Tarragona fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la esposa de Hugo Sigman y cofundadora del Grupo Insud.
Ya sea por ineptitud o viveza, el pueblo es rehén de la grave situación que vive hoy la Argentina, en la cual algunos pagan con la vida, lamentablemente y otros lo hacen con su libertad.
*Expresidente de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino. Miembro del Consejo ejecutivo de la agrupación República Unida. */**Abogados.
