En abril la inflación alcanzó el 8,4% mensual y acumula cinco meses sin encontrar un techo. La aceleración lo más probable es que se repita en mayo por la inercia heredada, y las subas programadas en las tarifas de luz y gas. Atravesamos un régimen de alta inflación, donde la inercia y la dispersión de precios va en aumento haciendo que reine la incertidumbre. Así el mercado es cada día menos transparente, tanto para los consumidores como para los productores. El fenómeno se traduce en una fuerte neblina que se expande más y más y nos deja ver con claridad a la hora de tomar decisiones.
Un efecto que como siempre golpea más a aquellos en la base de la pirámide: trabajadores informales, cuentapropistas y Pymes. Porque a la mayor pérdida de sus ingresos se suma la necesidad de dedicar más tiempo a analizar las diferencias de precios para un mismo bien o servicio y las distintas formas de pago disponibles (efectivo, Ahora 12, etc.)
La caída en el poder adquisitivo de los trabajadores es una constante desde el 2018, pero se profundiza en el 50% que se encuentra en la informalidad, por fuera de los convenios colectivos de trabajo. Tanto porque tienen menos herramientas para negociar mejoras salariales frente a la inflación como porque en su mayoría al contar con salarios bajos, el porcentaje de sus ingresos que destinan a alimentos es mayor.
Desde fines del año pasado cuando la inflación volvió a acelerarse el precio de alimentos y bebidas aumentó casi 50%, liderando la subas entre las distintas divisiones del índice de Precios al Consumidor (IPC). En particular, en el Gran Buenos Aires algunos consumos tradicionales de nuestra dieta estuvieron muy por encima de esos porcentajes como la lechuga +217%, el tomate +223%, el kilo de pollo entero +80% y el de paleta +60%.
Ante estos aumentos el Gobierno propuso una medida particular: importar alimentos sin aranceles por medio del Mercado Central. Una forma de mostrar que se ocupa del problema, como los controles de precios, pero que difícilmente tenga impacto en la tasa de inflación. Por caso, los programas de precios cuidados apenas alcanzan al 3% de los precios que releva el Indec en el Gran Buenos Aires. La inflación es un problema macroeconómico, las soluciones micro sólo pueden contener alguna situación particular, aliviar a algunos, pero no al conjunto.
El encarecimiento de los alimentos impacta directamente en los índices de pobreza e indigencia ya que sube el monto de la canasta básica alimentaria y total, los ingresos mínimos necesarios para no caer en la indigencia y en la pobreza respectivamente. Entre los trabajadores de menores ingresos el salario mínimo, hoy en $ 80 mil, es una referencia y se encuentra apenas un 22% por encima de la línea de la pobreza para un adulto. Antes de la crisis del 2018, cuando la inflación se duplicó, ese salario era un 75% superior.
En los últimos años mediante el aumento del gasto público el Gobierno buscó compensar la pérdida de ingresos de los sectores de menores recursos. Pero desde agosto del 2022 eso cambió. Ante la falta de financiamiento el Frente de Todos se vio forzado a implementar un ajuste fiscal. En consecuencia durante los últimos nueve meses las partidas en jubilaciones, AUH y otros programas sociales se vieron reducidas respecto a un año atrás. De todas formas, no fueron las más perjudicadas, el ajuste se concentró principalmente en subsidios y obra pública. Al igual que la reducción en los programas sociales, esto último afecta en particular los ingresos de las clases populares dado que el sector de la construcción es uno de sus principales empleadores.
Por su parte, los trabajadores más beneficiados, aquellos en una relación formal de trabajo, tuvieron una menor pérdida en sus ingresos, pero su situación también empeoró. Hoy una familia tipo (mamá, papá y dos menores) en el Gran Buenos Aires necesita $ 203.361 para no ser pobre, apenas un 20% por debajo del salario promedio formal. Ese porcentaje llegó a ser del 39% en 2017.
El deterioro de los ingresos laborales se manifiesta en la macro. El consumo privado aún no retornó a los valores del 2017 mientras el PIB, la cantidad de bienes y servicios que producimos en un año, sí. Aunque parezca difícil de creer en una economía que desde hace seis años va de crisis en crisis, los componentes más dinámicos de la demanda son las exportaciones y la inversión. En el primer caso, se explica principalmente por el aumento en los precios de las commodities a nivel global. Mientras para la inversión la causalidad está más repartida: suba del gasto público y compra de maquinaria importada al dólar oficial para no perder contra la inflación, entre otros.
Ahora bien, así cómo la inflación le quita información a las familias a la hora de consumir, lo mismo le ocurre a las empresas en sus procesos productivos. Las expectativas tienen cada día un peso mayor en la formación de sus costos. Por caso, principalmente desde mitad del año pasado, los precios mayoristas de los productos importados aumentan por encima del dólar oficial (al que acceden los importadores). En el caso de las Pymes ese efecto se ve magnificado porque no suelen importar directamente ninguno de los insumos que usan, como sí hacen muchas multinacionales. Y a su vez, tienen menor poder de negociación con clientes y proveedores.
Es evidente que una economía con una brecha cambiaria e inflación superiores al 100% está rota. Más allá de alivios transitorios, la mayor parte de la sociedad atraviesa una tendencia declinante en su calidad de vida.
El mayor desafío del próximo gobierno será terminar su mandato habiendo iniciado un proceso sostenible de desinflación. Por contradictorio que parezca, para transitar ese camino en un primer momento la inflación se acelerará. Corregir el atraso cambiario y en las tarifas tiene réditos en el mediano plazo, pero costos en el corto. Una situación que en el primer caso ya estamos evidenciando.
Mientras atravesamos ese proceso, proteger a los más vulnerables tiene que ser la prioridad. Para eso serán necesarios consensos y como siempre, que las condiciones internacionales nos ayuden. A mayor cantidad de dólares en el Banco Central más suave será la transición hacia un nuevo régimen macroeconómico.
*Director de Analytica Consultora.
