Cuando en 1868 Domingo F. Sarmiento fue elegido presidente de la República por el entonces Colegio Electoral, se encontraba de viaje por los EE.UU. Desconocía quién había sido designado como su vicepresidente. Cuando le informaron que era Adolfo Alsina, con quien no tenía la mejor relación, dijo que no le importaba demasiado, ya que los vicepresidentes solo de dedican a “tocar la campanita en el Senado”.
La figura del vicepresidente no ha gozado en la Argentina de euforia popular, así como tampoco ha sido, ni lo es, institucionalmente relevante. Sarmiento tenía razón; a tal punto que cuando un vicepresidente se ausenta, no existe obligación constitucional de reemplazarlo. De hecho, jamás se lo ha sustituido en esos casos, salvo cuando falleció el vice de Perón, Hortensio Quijano, quien fue reemplazado en elección popular por Alberto Teisaire.
Incluso hay países americanos cuyas Constituciones no contemplan a la figura del vicepresidente, como ocurre con Chile y México. En el caso de nuestro país sí está constitucionalmente contemplada, y sin embargo, en 2019, asumieron dos presidentes juntos con el mismo apellido: Fernández Alberto y Fernández Cristina. Si bien desde el punto de vista institucional Cristina aparece como vicepresidenta, la realidad es que coconduce, o directamente conduce, al menos en algunos aspectos de la gestión, como por ejemplo en temas de la Justicia o vinculados con el Poder Judicial.
Con el comienzo de la pandemia y la posterior cuarentena, parecía que la figura de Alberto Fernández crecería lo suficiente para poner bajo su sombra a la influyente vicepresidenta. Sin embargo, a fuerza de errores y desaciertos, Cristina Fernández comenzó a fagocitar al primer mandatario, a quien terminó de devorar cuando se hizo la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1º de marzo. Allí se advirtió quién manda en la Argentina, y se confirmó con la designación del ministro de Justicia, Martín Soria, que es el vocero de Cristina Fernández dentro del Poder Ejecutivo.
Con la letra de su mentora, el novel ministro inauguró su cargo haciendo afirmaciones republicanamente temerarias, por ejemplo que terminaría con el pretendido lawfare, o que la misma Justicia que imputó y procesó a la vicepresidenta en varias causas debería ser la que la libere de culpas y cargos en las mismas.
La mimetización del Alberto Fernández con su vicepresidenta en esta materia, y la designación de un ministro de Justicia absolutamente influenciado por la política antirrepublicana de la presidenta del Senado, es una muestra cabal de cómo se continuará en el futuro con una política de presión y avasallamiento del Poder Judicial, a cuyos miembros Cristina Fernández desprecia personal e institucionalmente.
En lo personal los desprecia porque la siguen investigando por eventuales delitos cometidos durante su gestión como primera mandataria, en lo que para el populismo kirchnerista constituye la más nítida versión del lawfare o persecución judicial contra líderes populares. En lo institucional los desprecia porque no tienen la legitimidad democrática de origen que ostentan los representantes elegidos por el pueblo en las urnas. Y se sabe que, para la vicepresidenta, todo lo que huele independiente a su influencia (jueces, periodistas y fiscales) es una afrenta antidemocrática.
Las cartas están echadas: la realidad se impuso a la ficción de un presidente con autonomía respecto de su vicepresidenta. Es de esperar que, después de haberse fagocitado a Alberto, Cristina no pueda hacer lo mismo con el sistema republicano.
*Profesor de Derecho Constitucional, UBA.
