El efecto de la conducta política de Donald Trump ha transcendido a los Estados Unidos. Trump ha conseguido desquiciar a más de uno que creía en los valores y en las instituciones, bases de la democracia norteamericana y ejemplo para sociedades que quieren mantener un sistema político liberal. Sin restar responsabilidad a las llamadas “intermediarias” (marcas que ponen los medios para la distribución de contenidos que producen usuarios personales e institucionales: Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, Apple), el “estilo Trump” ha generado una onda expansiva mundial, con efectos finales inciertos.
Según Mark Zukerberg, el presidente Trump violó ciertas “Normas comunitarias” (“Discurso de odio o incitación al odio”, por ejemplo), por lo que anularon sus cuentas de Facebook e Instagram. También el CEO de Twitter (Mark Dorsey) decidió cerrar las cuentas personales del ahora ex presidente Trump. Dorsey ya había pasado por esto al eliminar tuits de los presidentes de Brasil y de Venezuela por difundir y promocionar falsas curas para el COVID-19.
Hasta este momento, la discusión tenía dos temas: por un lado, se trataba de determinar cuánta responsabilidad tenían las intermediarias sobre los contenidos que los usuarios ponen en sus redes y plataformas; por otro, cuánto control tienen estas compañías sobre nuestros datos privados y qué podían hacer con ellos. La pelea era por la intervención sobre esos contenidos y sobre el uso comercial o político inadecuado de los datos.
Pero lo que hicieron hace unas semanas con las cuentas del presidente Trump (pero también con las cuentas de Maduro y Bolsonaro) agrega un elemento adicional a todo el panorama de discusión y deja planteada una situación que ha instalado un antecedente que solo podemos esperar que se resuelva de otra manera.
A continuación plantearé algunos argumentos generales que defienden la libertad de expresión con el riesgo de que eso nos lleve a errores, falsedades y manipulaciones en el espacio público.
El impacto en la discusión pública. Sabíamos que las intermediarias habían cambiado la estructura y el funcionamiento del “espacio público”. Sabíamos que la comunicación y la discusión públicas conocidas hasta ese momento, había dejado de existir. Pero el problema central había sido el uso de los datos privados. Ahora en cambio, el impacto es sobre la conversación pública y su futuro cercano.
El diseño estructural del espacio público moderno consistía en un sistema en el que las novedades interesantes para los ciudadanos eran “tapadas” por otras novedades más o menos interesantes, pero más recientes. Este sistema altamente imperfecto, es, de todos modos, mejor que todos los demás y, sobre todo, mejor que el intento por controlar las novedades o noticias falsas o erróneas que se filtran constantemente en el sistema. Como se vio durante más de dos siglos de periodismo y de democracia, el proceso informativo se va auto-regulando por medio de la interacción de los participantes (empresas de medios, gobierno, oposición, empresas, ciudadanía, etc.) y por el uso de sanciones o de demandas que se realizan siempre a posteriori de lo que aparecía en el espacio público.
Este sistema deja muchas “heridas” (cualquiera que tenga alguna participación en el espacio público ha tenido malas experiencias con el uso de su nombre o por ser sujeto de acusaciones infundadas o por recibir críticas erróneas, o por ser agredido de manera inadecuada o incorrecta). Pero con todos estos efectos no buscados del sistema de información pública, incluso así estábamos de acuerdo en que era mejor soportar estos errores que intentar solucionarlos con intervenciones directas. ¿Por qué? Porque esas intervenciones dejan las condiciones para seguir interviniendo indefinidamente y las intenciones de intervención dejan de ser transparentes o evidentes. Dos libros de George Orwell tratan de cómo no funciona el control de la verdad: Rebelión en la granja y 1984. Aunque en apariencia los escritos de Orwell critican las dictaduras, también muestran lo ineficaz de la censura. Al dejar de controlar o de intervenir a priori sobre lo que se dice o sobre quién lo dice, entonces, empezamos a confiar en el impacto positivo de los pequeños arreglos a largo plazo.
Recomiendo para comprender esto, el libro del filósofo y terapeuta Paul Watzlawick, Lo malo de lo bueno. En este trabajo, Watzlawick enumera y relata el tremendo efecto negativo que significa el intento de generar soluciones definitivas a problemas complejos. Muchos problemas humanos, no tienen soluciones radicales, es decir, completas. Tienen solo soluciones procesuales y madurativas. Entonces, pretender determinar de manera inmediata que alguien está mintiendo y que el efecto de que no se diga algo es menos tóxico que el efecto de que la ciudadanía conozca la identidad de un mentiroso o de un manipulador, o de un irresponsable, es una “solución clarifinante” como las llama Watzlawick usando un neologismo. Las “soluciones clarifinantes” se forman por decisiones muy claras, que intentan llegar a respuestas finales. No es este tipo de soluciones las que debemos intentar en temas relacionados con el espacio público.
¿John Dewey o Walter Lippmann? De este modo, las empresas intermediarias se metieron de lleno y de forma explícita en la definición de lo “público”. Desde que el mundo tomó conciencia del impacto potencial de los medios de comunicación, sobre todo a partir de la prensa de masas y de la radio a principios del siglo XX, la discusión sobre la opinión pública se dividió en dos posturas: la que considera que solo es realista pensar la opinión pública como un proceso de discusión participativo de criterios, de creencias, de opiniones y de actitudes de la ciudadanía; o la concepción de que la opinión pública debe estar informada de modo objetivo, por medio de conocimiento verdadero y determinado por los expertos. La primera postura fue defendida por el filósofo John Dewey y la segunda, por el periodista y escritor Walter Lippmann. Aunque la postura de este último es la “ideal”, la que se relaciona con el “deber ser” de todos aquellos que pretenden que la verdad sea un valor real para la sociedad, sin embargo, no ha sido evidente que esto se dé de manera directa y lineal, como una “solución clarifinante” de acuerdo con el concepto de Watzlawick.
¿Estado de excepción? Siempre hay mucho revuelo cuando se justifican ciertas decisiones y acciones apelando al concepto de “estado de excepción”. La pandemia puede ser considerada un estado de excepción. Por eso, Twitter puede justificar un poco mejor el control de los tuits de los que dicen falsedades sobre remedios y curas casi milagrosas. ¿Pero qué sucede con las cuentas de una organización como la OMS que cometió algunos errores y generó expectativas falsas? ¿O de ministros de salud que se equivocaron por completo en su evaluación de la situación? En realidad, lo que se censura no es tanto la falta de verdad, el error, o simplemente la falsedad de un mensaje (o de una serie de mensajes) sino la “veridicción”, es decir, la forma o modalidad de “decir-verdad”. Si aceptamos esto, entonces debemos aceptar que el espacio público es un régimen de “veridicción”; es decir, un sistema en el que al par “ser/no-ser” (verdad/falsedad), debemos agregar la de “parecer/no-parecer” (verdad/mentira). En este sentido, los errores de la OMS no parecen ser manipulaciones intencionadas, mientras que la de ciertos líderes políticos, parecen ser intentos de desinformación.
¿Era Trump el estado de excepción que motivaba esas políticas de control de la expresión? Está muy claro que las cuentas de las redes sociales de Trump canalizaban mensajes con contenidos irónicos, sarcásticos, agresivos, ilusorios, fantásticos, pero sigo pensando que hay tantas cuentas con contenidos así, que no veo la solución en la intervención. Quién considere que el hecho de ser el Presidente de un país hace que sus dichos sean más importantes (con lo que coincido), debería pensar que la única manera de que se termine con el supuesto mal, es cambiar la percepción pública y la consecuente decisión de voto.
Y el otro problema posible que trae esta decisión de las intermediarias es el hecho de que dejan abierto el camino a una intervención en una cuenta privada y, por ende, a usar esto como una herramienta para otros litigios o conflictos.
Sabemos que la identidad digital de personas, de grupos y de organizaciones es tan importante o más que la identidad en el mundo físico. Por lo general, se intenta que la relación entre ambas sea coherente o consistente. Pero es posible que muchas de las decisiones que tomemos se hagan sobre la base de una identidad digital. Desde este punto de vista, tampoco es conveniente que las intermediadoras puedan decidir de manera unilateral la anulación de una cuenta en una red social.
Algunas conclusiones. El problema no es la censura a Trump. El problema es la posibilidad abierta a partir de esto, de censurar a Biden, a Obama, al movimiento francés de protesta “chalecos amarillos”, a Greta Thunberg, al movimiento zapatista, a grupos veganos o medioambientalistas, o a cualquier otro actor social que pretenda tener una voz pública.
En definitiva, las intermediarias almacenan datos privados de las personas y de las organizaciones, pero también definen las redes y las plataformas en las que funciona la discusión pública. Tienen mucho más poder que los medios de comunicación de la era industrial. Dejándolas que sean ellas las que decidan quién tiene que hablar no ayudamos a la democracia. Solo siendo prudentes y creyendo en la formación paulatina de mejores opiniones y actitudes de la ciudadanía, podemos mejorar a largo plazo, equilibrando el poder empresarial con el poder social.
*Director de la Maestría en Gestión de la Comunicación, Facultad de Comunicación, Universidad Austral.
