La migración es un fenómeno constante en América. Aunque vemos un reciente aumento en patrones migratorios, la realidad es que, históricamente, el movimiento de personas en los países ha seguido tendencias similares a las globales, es decir, las personas migrantes son apenas un 3,5% de la población en el mundo, y ese es el peso poblacional que usualmente tienen en la mayoría de los países de la región.
Aunque los números no son mayores, recientemente hemos visto varias crisis de migración y desplazamiento forzado que han llamado nuestra atención. Me refiero al caso de los centroamericanos desplazados desde el llamado Triángulo Norte que, según datos de ACNUR, eran alrededor de 1 millón para 2020, siendo Estados Unidos su principal destino. En efecto, sabemos que los nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador representan el 86% de los Centroamericanos llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, y que, tal como han documentado estudios del Migration Policy Institute, para 2017 representaban el 8% de los 44.5 millones de migrantes en este país. Pero también hemos visto aumentos en el número de nicaragüenses saliendo de su país. Desde abril de 2018, cuando se dio la crisis política en Nicaragua, más de 100 mil personas habían huido, con alrededor del 80% asentándose en Costa Rica.
El hemisferio y el mundo atraviesan otra crisis migratoria: la de los más de 5.5 millones de venezolanos que se han visto forzados a dejar el país en los últimos años, convirtiéndola en la segunda crisis de desplazamiento más grande del mundo después de Siria. Para nadie es ajena la realidad que se está viviendo en el Tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, o en ciudades fronterizas entre EE.UU. y México. La movilidad de estas personas desde sus países de origen, pasando por los de tránsito y su integración en los países de destino, ha presentado retos y oportunidades importantes.
Entre los retos que aún se enfrentan, y que resultan claves atender está la persistencia de situaciones de xenofobia y discriminación contra las personas migrantes. El más reciente caso de esta discriminación a nivel regional capturado en medios y redes sociales fue en septiembre de 2021, cuando una manifestación en la ciudad de Iquique en Chile congregó a unas 3 mil personas que protestaban contra la llegada de migrantes a la ciudad. La protesta terminó en la lamentable quema de las pertenencias de migrantes que acampaban en las calles de la ciudad. Este desafortunado hecho ilustra la persistencia de prejuicios y discriminación contra migrantes. Muestra la pertinencia de seguir combatiendo narrativas negativas sobre la migración apelando a la empatía, y trabajando por la plena integración de las personas migrantes y desplazadas forzadas. La alentadora contracara de estos hechos fue la contundente respuesta del Estado chileno para proteger los derechos de estos migrantes, desplazar a la fuerza pública para asegurar su integridad, y las posteriores muestras de solidaridad de miles de iquiqueños que incluso recolectaron donaciones para reponer los efectos personales de estos migrantes.
El hecho es que podemos anticipar que estas situaciones se seguirán dando si no se implementan nuevas y mejores respuestas de política pública. Por un lado, es clave continuar innovando en cuanto a las opciones legales para la regularización de estas personas. Esto es esencial para, por un lado, garantizar una migración segura, ordenada y regular, y por el otro, para proteger los derechos de las personas migrantes. En segundo lugar, tanto como las necesidades de protección e integración de poblaciones migrantes, estas políticas deben propender a la inclusión socio-productiva en las poblaciones locales. Tercero, es importante la generación de datos que ilustren las contribuciones de las poblaciones migrantes, y desmitifiquen las narrativas negativas sobre la migración (en temas como criminalidad, o asistencia social). Nada es más efectivo que tener datos para contrarrestar generalizaciones y desinformación sobre la migración.
Finalmente, es clave que los Estados continúen priorizando el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos, buscando transversalizar el principio de igualdad y no discriminación y asegurando que el principio de interseccionalidad sea central al diseñar las respuestas. Esto es clave en tanto la condición de migrante o desplazado forzado genera ciertas vulnerabilidades que frecuentemente se complejizan con otras identidades como el ser mujer, indígena, afrodescendiente, LGBTI. El diseño, implementación y monitoreo de políticas migratorias usando estos lineamientos sin duda contribuirá al éxito de nuestros esfuerzos por combatir y eliminar la xenofobia y la discriminación en la región.
*Directora de Inclusión Social (OEA). Co-Coordinadora @RedPolitologas #NoSinMujeres.
Producción periodística: Silvina L. Márquez.
