Repaso los apuntes que tomé de las declaraciones del Presidente y del ministro de Economía el viernes del anuncio del acuerdo con el FMI. Algunos casi textuales: “No hay caída del gasto real”. “Negociaciones durísimas”. “Acuerdo razonable”. “Crecer para pagar”. “No hay reformas laboral ni previsional, tampoco salto devaluatorio”. “Nuevos financiamientos”. Luego, los lineamientos y metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, duración, cronogramas de pagos y, por último, las preguntas. Una, sin respuesta: el apoyo o no de CFK.
La primera sensación fue de alivio. Habíamos escrito desde esta columna a finales de septiembre que había tres razones esenciales para darle el sí al Fondo. Cito: “La estabilización de las expectativas privadas (sobre la inflación y el tipo de cambio), la sustentabilidad del financiamiento privado y la necesidad de llegar a arreglos políticos estables en los próximos años”.
Con acuerdo, la economía tendrá al menos una hoja de ruta para tomar mejores decisiones privadas. Con acuerdo, se mantiene abierto el financiamiento para el comercio exterior y de los organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial. Con acuerdo, las coaliciones mayoritarias llegarían a consensos sobre números básicos para la macroeconomía hasta 2025. No es poco.
Un primer análisis (con información incompleta aún) permite desgranar mitos de realidades en el entendimiento con el Fondo. El más significativo está en lo fiscal. El FMI exige una reducción del déficit primario de medio punto del producto en 2022, pasando del 3% al 2,5%. El Gobierno argumenta a capa y espada que lo hará creciendo, sin ajuste real del gasto primario. Escenario ideal, ¿pero alcanzable? Siguiendo el modelo de consistencia macrofinanciera de Analytica, sostener que la reducción del déficit provendrá exclusivamente de los mayores recursos tributarios generados por un crecimiento del 4% es impracticable. El déficit no solo no bajaría, sino que crecería al 3,5% del PIB. El mito del congelamiento del gasto real se desmorona; la pregunta entonces es por dónde ajustar.
El foco vuelve a los incomprensibles subsidios a las tarifas energéticas que disfrutan segmentos medio-altos
Aquí el foco vuelve a los incomprensibles subsidios a las tarifas energéticas que disfrutan los segmentos medio-altos y altos de los centros urbanos, especialmente del AMBA. En 2021 representaron más de dos puntos del PBI, similar al gasto en asistencia social para los sectores más vulnerables, incluyendo la AUH. ¿Puede llamarse progresismo o justicia distributiva tamaña inequidad? Como ejemplo, si al 10% de las familias de mayores ingresos se les multiplicara por 2,5 el gasto energético y de agua potable, el ahorro en el gasto en subsidios sería de un cuarto de punto del producto. Si se incluyeran, selectiva y progresivamente, al 40% de familias del tramo superior de ingresos, el ahorro fiscal alcanzaría al 0,7% del PBI. Es decir, una segmentación adecuada y progresiva resolvería el laberinto fiscal y daría más equidad al sistema.
Otra carta disponible para reducir el gasto en términos reales aparece a partir de la real perspectiva del fin de la pandemia covid. El año pasado estas partidas representaron un gasto de 1,6% del producto, especialmente en programas sociales, vacunas y apoyo a sectores productivos afectados. Si la evolución epidemiológica lo permite, el Gobierno contaría en 2022 con cierto margen fiscal para ir desmantelando parte de estas asistencias transitorias.
Una eventual combinación de ambas estrategias, incluso en dosis moderadas, hasta inocuas incluso políticamente, permitiría cumplir con la crucial meta de déficit primario de este año. Daría al Gobierno, además, algún elemento retórico de tinte progresista (“pagan más los que más tienen”) y, a la vez, estaría alineada con el anuncio sanitario más esperado: el final del covid.
Bajo una lectura de este tipo, de este modo, no encontraría justificación la renuncia de Máximo Kirchner este lunes a la presidencia del bloque oficialista en Diputados. El ajuste del gasto necesario luce moderado, digerible para la política, socialmente equitativo y enmarcado en un probable cambio de época desde el punto de vista sanitario. Además, entre las realidades del acuerdo, está la ausencia de reformas estructurales (de fracaso asegurado en este contexto) y devaluaciones de shock, siempre presentes en los arreglos con el Fondo. Todos recursos que difícilmente la política económica esté en condiciones de proveer al mismo tiempo en muchas oportunidades y en circunstancias complejas como esta. Así, las razones de este gesto político habría que buscarlas no en el ajuste del gasto, sino en otro tipo de especulaciones.
En el plano monetario, las metas son más complejas de cumplir. La emisión debe pasar del 3,7% del PBI en 2021 al 1% este año. ¿Solo la suba de tasas y el recorte de medio punto en el déficit alcanzan? ¿O serán necesarios otros “aportes”, como una mayor presencia de los superávits de dependencias tales como el PAMI, la Anses y diversos fondos fiduciarios estatales en las habituales colocaciones de títulos que hace el Tesoro? Este “resto” por fuera de la administración central generó un excedente de pesos equivalente a más de 2 puntos del PIB el año pasado.
Por el lado de la comprometida acumulación de reservas, las realidades parecen estar más cerca. Que el BCRA aumente sus tenencias en US$ 5 mil millones este año exigirá, como mínimo, la acordada devolución de los pagos de capital entre septiembre y enero (unos US$ 4.500 millones) y fondos netos de organismos multilaterales; el ministro Guzmán habló de 0,9% del PBI en este último caso. Si además el saldo comercial no se reduce tanto respecto de 2021, los precios de la soja superan los 500 dólares la tonelada (aun con efecto sequía) y se alcanzan arreglos bilaterales con otros países para fortalecer las reservas, el objetivo de atesorar dólares está muy próximo a ser alcanzado.
La experiencia indica, sin embargo, que los acuerdos con el FMI se cumplen solo si existe la suficiente decisión política, del Gobierno y de la oposición, para sostenerlos a lo largo de los años. Las metas pueden alcanzarse si esa materia prima dice presente. La Argentina no ha dado sobradas muestras de esa vocación. Si ahora además se agrega el componente desestabilizante de una coalición de gobierno inarmónica para decidir y resolver conflictos, la incertidumbre vuelve a aparecer.
Semanas críticas por delante, que reclaman señales muy claras de que el rumbo se mantiene y de que los cantos de sirena que prometían el default como un modo de salir del laberinto del endeudamiento serán acallados de forma contundente no bien sean escuchados.
*Economista y presidente de Analytica Consultora.
