El Fondo Monetario Internacional empieza a ocupar el centro de la escena de la política económica, protagonismo que tendrá al menos, durante la próxima década. Este gobierno llegará a cierto acuerdo que impactará plenamente sobre las políticas de las dos siguientes administraciones, definiendo trayectorias fiscales, monetarias, de reservas internacionales y de ingresos por al menos, diez años.
El FMI es un viejo conocido de la Argentina. Sus políticas de ajuste fueron duramente cuestionadas en los años 80, responsabilizándolas desde el imaginario colectivo de los graves desequilibrios de entonces. Veinte años después, en enero de 2006, durante la etapa de Néstor Kirchner, se canceló con reservas el saldo de deuda por US$ 9.600 millones y desde allí fueron rechazadas las burocráticas revisiones periódicas del artículo IV del organismo. El Fondo, que había salido de la agenda, regresó en 2018, crisis de balanza de pagos mediante.
Hoy la Argentina es su principal deudor. El 35% de las acreencias totales del organismo provienen de estas latitudes, lo que hace al “caso argentino” sumamente relevante, lejos de los problemas que pudiera tener la ejecución de programas tradicionales con países pequeños, usuarios tradicionales de estas asistencias financieras. Como gran deudor, paradójicamente la Argentina cuenta hoy con relativas mayores herramientas de negociación. La pospandemia también contribuiría, flexibilizando las rígidas condicionalidades y demandas de reformas estructurales de los “programas largos” del Fondo. No será un nuevo organismo, pero el cuadro influirá, sin dudas. Cuánto de esto quedará finalmente plasmado en el nuevo acuerdo está por verse.
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Estas líneas buscan argumentar por qué alcanzar un acuerdo razonable con el FMI es, en el mundo de los males menores, la mejor opción. Qué luce razonable es materia opinable, por supuesto, pero intentaremos demostrar por qué el destino de la economía argentina sin acuerdo, en un default abierto con su principal acreedor, sería peor. Nada de esto pretende ser una apología de estos programas sobre las economías endeudadas. Existe mucha evidencia internacional de los impactos regresivos sobre el ingreso y sus efectos sobre el crecimiento, entre otros, pero la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos actuales, heredados y potenciados en la pandemia, fuerzan a seguir esa dirección.
Hay tres razones potencialmente ordenadoras para alcanzar un acuerdo con el Fondo: la estabilización de las expectativas privadas (sobre la inflación y el tipo de cambio), la sustentabilidad del financiamiento privado y la necesidad de llegar a arreglos políticos estables en los próximos años.
Veamos una por una. En cuanto a estabilizar expectativas, el programa con el FMI puede convertirse en el programa económico que los decisores privados le vienen exigiendo al Gobierno. Al establecer criterios de performance cuantitativa sobre déficit fiscal, agregados monetarios, variación de reservas e inflación, entre otros, podría contribuir a una coordinación más eficiente de las “creencias” de los mercados financieros y a guiar las cotidianas decisiones de precios de los sectores productivos y de servicios.
El acuerdo, además, permitirá que la Argentina no sea definitivamente expulsada del radar del financiamiento internacional. Las líneas comerciales seguirían abiertas y, en algún tiempo, podrían darse algunas condiciones para el retorno de ciertos flujos de divisas que facilitarían la necesaria apreciación del tipo de cambio real (para reducir la inflación).
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Por último, el pasaje del acuerdo por el Congreso exigirá una toma de posición ineludible para una oposición que, de repetir en noviembre el resultado de las PASO, cuenta con posibilidades concretas de ser la que deba administrarlo a partir de 2024. Por la fuerza, no por la virtud, se llegaría así a compromisos entre el Gobierno y la oposición que también contribuirían a estabilizar las variables macroeconómicas.
Claro que un nuevo acuerdo con el Fondo no supone un sendero repleto de buenas noticias. Las condicionalidades más o menos habituales seguirán estando presentes. Una, en particular, merece destacarse dada la estructural incapacidad para generar dólares suficientes de la economía argentina. Estos programas, y el de facilidades extendidas que requiere la Argentina con más énfasis, presentan la exigencia de un superávit de balance de pagos que permita afrontar los nuevos compromisos en dólares. Implícitamente, además de las clásicas restricciones fiscales, estos criterios suponen correcciones a la política cambiaria que, en el manual fondomonetarista, equivalen a la liberación del tipo de cambio que permita acumular reservas netas.
En las actuales condiciones macro, una liberalización completa del mercado cambiario no es factible, ya que soltar el dólar oficial para comprimir la brecha con los tipos de cambio alternativos solo acelerará la inflación y hará caer más aún los salarios reales. La opción pasa por alcanzar un acuerdo que contemple un sendero cumplible de acumulación de reservas, pero que a la vez, mantenga al tipo de cambio como ancla aumentando suavemente la tasa de interés para minimizar la brecha y esperando el ingreso de las exportaciones de 2022 para dar cierto respiro al poder de compra. En todos los acuerdos recientes y más comparables con el caso argentino, como los de Pakistán, Egipto, Ecuador y Angola, el Fondo fue razonablemente laxo y, de hecho, se lograron sobrecumplir las metas de acumulación de reservas internacionales.
Si ahora el FMI exigiese una meta demasiado ambiciosa, la recuperación de la actividad económica de los próximos años sería muy mediocre. No habría dólares para todos los usos y el tipo de cambio real seguiría en niveles incompatibles para recuperar los salarios. El ajuste clásico se repetiría. Como dato, este año, con los términos del intercambio más elevados de la última década y prácticamente sin salida de dólares, las reservas internacionales apenas aumentaron US$ 2 mil millones (sin contabilizar los DEGS).
Que un acuerdo con el FMI pueda ser la llave para articular una lógica económica distinta para los próximos años no deja de ser una paradoja argentina más. Los malos ayudan a ordenar y un gobierno peronista usa esa hoja de ruta para empezar a bajar la inflación en serio, argumentando, como alguna vez el candidato Alberto Fernández dijo de la vicepresidenta, que con el Fondo no alcanza, pero que sin él no se puede.
*Economista y presidente de Analytica Consultora.
