El Gobierno profundizó en uno de los frentes de conflicto abiertos contra el establishment al ratificar la eliminación de los aportes patronales obligatorios, una medida incluida en la Reforma Laboral que golpea la línea de flotación financiera del gremialismo patronal. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dinamitó cualquier instancia de negociación.
"La Cámara de Comercio quiere seguir cobrando su peaje privado", lanzó, apuntando a una de las cámaras empresarias que más ha respaldado a la gestión de Javier Milei ante un grupo de periodistas entre los que se encontraba PERFIL. Según respondió, no habrá modificaciones en ese punto sobre el que ya el Ejecutivo había intentado apuntar al considerar que de esta forma habrá baja de “costos” y que las cláusulas de aportes a entidades no asociadas no tienen fundamento normativo.
"Altruismo escaso" y riesgo de cierre
Del lado empresario argumentaron que uno de los principales objetivos de los aportes vigentes es “capacitar a los trabajadores de la actividad”. “Son muy cuantiosas las acciones de formación gratuitas que se realizan gracias a esos recursos –y que resultan particularmente necesarias en un contexto de cambios acelerados como los que experimenta actualmente el mundo–, como así también son numerosas las acciones educativas a valor subvencionado que se ponen a disposición de la comunidad merced a ese financiamiento”, advirtió una fuente patronal en estricto off the record.
Según el esquema actual, “si el aporte es voluntario, el altruismo es escaso y son muy pocos los que están dispuestos a pagar por lo que pueden obtener gratis". Las consecuencias directas, para el gremialismo empresario es que “no pocas entidades, particularmente las de menor tamaño, verían seriamente amenazada su continuidad; en tanto que las sobrevivientes sufrirían una baja sustancial en su capacidad de acción”.
Del revés judicial a la vía legislativa
A diferencia de otras actividades donde los aportes ya son voluntarios, en el rubro mercantil estas contribuciones están formalizadas a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Este esquema fue homologado por una resolución del Ministerio de Trabajo en 2008. Es decir, es el propio marco legal vigente el que hoy obliga a las empresas a tributar a sus representantes.
El Gobierno ya había intentado desarticular este mecanismo en marzo mediante el decreto 149/2025, una normativa que tuvo corta vida: fue rápidamente judicializada por el INACAP y hoy se encuentra suspendida por una medida cautelar. Ante el revés judicial, la estrategia oficial mutó hacia la vía legislativa.
El artículo 128 del proyecto de reforma modifica la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo 14.250 para establecer, sin grises, que los aportes a cámaras o asociaciones de empleadores "tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales". La redacción aclara que la no obligatoriedad regirá incluso para las contribuciones vigentes.
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Convenios afectados
Tal como contó PERFIL, existen entre 20 y 24 convenios colectivos de trabajo que contienen una obligatoriedad de aporte patronal. Algunos de ellos comparten los ingresos con cajas sindicales, a pesar de que la contribución es exclusivamente de los empleadores. Además de Comercio y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), están los rubros del Caucho, Farmacia, Gastronómicos, Metalúrgicos, Estaciones de Servicio, Camioneros, Plásticos, Textiles y Madereros.
Lo que está en juego son miles de millones de pesos mensuales que hoy sostienen la estructura operativa de las entidades. En la Rosada hacen las cuentas sobre un universo de 1,2 millones de trabajadores mercantiles, lo que agiganta el volumen de la "caja" a recortar. Desde las cámaras empresarias perjuran que el cobro efectivo del aporte obligatorio alcanza a un universo mucho menor, estimado en 700.000 empleados, debido a la alta tasa de informalidad del sector.
Para Sturzenegger y el equipo de Javier Milei, sin embargo, este argumento esconde una ineficiencia de mercado: si el servicio que prestan las cámaras es valioso, las empresas deberían estar dispuestas a pagarlo voluntariamente.
Conflicto en ascenso
El conflicto no es nuevo, pero la tensión escaló. El primer round público ocurrió durante el Council de las Américas en agosto de este año, cuando se produjo un fuerte encontronazo entre el expresidente del Banco Central y el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.
Invitado por la propia CAC, Sturzenegger pidió delante de todo el auditorio que el pope de la entidad bajara la cautelar contra el decreto. "Estamos en democracia", le respondió secamente Grinman para oponerse al reclamo oficial. La discusión, lejos de saldarse, ahora promete una batalla final en el Congreso.
AM/ff
