La ley de emergencia previsional impulsada por el gobierno de Martín Llaryora para atacar el déficit de la Caja de Jubilaciones sumó este viernes su primer frente judicial. Ingresó a Tribunales una acción de amparo de una jubilada contra la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba con motivo del dictado de la ley 11.087, norma que el oficialismo presenta como de “equidad jubilatoria”.
El planteo -patrocinado por el estudio de Horacio Gentile- cuestiona el incremento de los aportes personales a los trabajadores activos dispuesto por la nueva ley y advierte que esa suba repercute negativamente en los haberes previsionales de los beneficiarios del sistema.
El eje del reclamo es que el aporte personal no se computa para el cálculo del haber jubilatorio, por lo que el aumento de la alícuota implica, en los hechos, un recorte indirecto de ingresos.
La demanda también señala que este nuevo incremento se suma a otros ya establecidos por leyes anteriores, como la 10.333 y la 10.694, durante el gobierno del antecesor, Juan Schiaretti.
Según el amparo, se profundiza el impacto sobre el salario de los activos y, en perspectiva, sobre las futuras jubilaciones. Como medida cautelar de no innovar, la actora solicitó que no se altere su situación previsional mientras se tramita el amparo.
Ley de emergencia de Llaryora: la UCR endureció su postura y criticó el "ajuste" a jubilados
El anuncio esperado
El ingreso del expediente a la Justicia se produce a horas de que el gobernador brinde detalles de la reglamentación de la norma, aprobada en una maratónica sesión que terminó al amanecer del jueves y que dejó expuesto un fuerte quiebre entre el oficialismo y la oposición.
La ley fue aprobada con 34 votos del oficialismo, más el acompañamiento de la aliada Karina Bruno. El PRO, fragmentado, apoyó en general pero rechazó algunos artículos, al igual que la radical escindida Graciela Bisotto, lo que permitió al PJ reunir 38 voluntades. El resto del arco opositor —UCR, juecismo, Construyendo Córdoba y monobloques— votó en contra.
Con el primer amparo ya presentado y la reglamentación a punto de ser anunciada, la reforma previsional de Llaryora comienza a transitar su capítulo judicial, mientras el conflicto político en torno al rojo de la Caja promete seguir escalando.
