Antes de ser funcionario, el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue empleado. Trabajó casi 15 años en Mapemfi S.A., una concesionaria oficial de Renault, vinculada también con Centro Automotores S.A., Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A.. Pero la relación laboral terminó mal: a raíz de unas inasistencias, le empresa le envió una carta documento, y entonces Adorni inició una demanda. Si bien la acción no llegó a juicio, el exvocero del presidente cobró el equivalente a 60 mil dólares.
El conflicto comenzó en 2016. La empresa envió a Adorni una carta documento en la que le intimó a justificar ausencias de los días 11 y 12 de mayo, bajo apercibimiento de considerar abandono de trabajo. Adorni rechazó esa intimación mediante un telegrama donde explicaba que el 11 de mayo los directivos le negaron el ingreso al trabajo y le sugirieron que preparaban una liquidación por despido sin causa, según informó La Nación. A su vez, intimó a la compañía a que aclarara su situación laboral en 48 horas.
En su reclamo, Adorni sostuvo que recibía parte de su remuneración de forma no declarada: $15.000 por recibo oficial y $45.862,15 en negro cada mes. Además, señaló que la fecha de ingreso registrada era dos años posterior a la real, que databa de septiembre de 2002. Reclamó la regularización de aguinaldos, vacaciones proporcionales y obligaciones de seguridad social correspondientes a la parte no registrada.
Adorni y Mapemfi S.A. alcanzaron un acuerdo extrajudicial
La empresa rechazó los argumentos, negó la existencia de un vínculo laboral directo con Adorni y descartaron cualquier responsabilidad solidaria.
La demanda se formalizó el 24 de abril de 2017 ante el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66. Hubo dos audiencias de conciliación: una en junio de 2017, sin acuerdo, y otra el 12 de septiembre de ese año, donde Adorni desistió de la acción contra Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A.. En esa misma audiencia, el actual funcionario libertario alcanzó un acuerdo de resarcimiento económico con Mapemfi S.A., que fue homologado por la Justicia laboral.
Reforma laboral: sólo 6 millones de argentinos trabajan en el sector privado
La empresa no reconoció los hechos señalados por Adorni, pero se comprometió a pagar 1.000.000 de pesos en cuatro cuotas de 250.000 pesos cada una, entre septiembre y diciembre de 2017. El monto equivalía a más de 60.000 dólares al tipo de cambio de esa época.
Javier Milei admitió que también inició una demanda laboral
En el reciente coloquio de IDEA, el jefe de Gabinete tuvo palabras muy duras para lo que llamó "la nefasta industria del juicio laboral". “Necesitamos recomponer el vínculo entre el trabajador y la empresa, profundamente dañado por el exceso de burocracia y litigiosidad. Para eso debemos quitarle poder a los agentes que buscan dañarlo para su propio beneficio, como los caranchos laboralistas, que son capaces de mandar a la quiebra una pyme con tal de cobrar un juicio", dijo.
Pero Manuel Adorni no es el único de los funcionarios de alto rango que hablan de la "industria del juicio laboral" después de haber iniciado uno. El propio presidente Javier Milei también contó una circunstancia parecida en su libro El camino del libertario.
"Cuando regreso de las vacaciones me vuelven a plantear una nueva reducción del salario, achicando de nuevo la cantidad de horas", relató el mandatario. "Me pareció un delirio. No lo acepté. Me pareció tan bajo y miserable lo que me hizo aquel empleador que le hice juicio, ya que no estaba formalizado. Obviamente, lo gané".
En tren de defender el proyecto de ley de Modernización laboral, Milei habló recientemente de "los abusos que se cometían desde el Poder Judicial contra las empresas", y aseguró que las indemnizaciones "están absolutamente desatinadas".
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