En las primeras horas de mañana, el diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, Álvaro González, armó una medida cautelar para que la Justicia frene la resolución que Diputados aprobó para nombrar a tres miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN). La presentación, a la que accedió PERFIL, tiene la firma del titular del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo. Pedirá que se suspenda ese acto administrativo preventivamente hasta que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión: ¿fue legal o no haber aprobado un tema a las tres de la mañana mientras se había abierto el recinto para tratar el Presupuesto 2026 y la AGN no estuvo incluida en las sesiones extraordinarias que dictamina la Casa Rosada?
La presentación será un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo y la idea es paralizar los nombramientos con un antecedente clave: en 2015 el Frente Renovador logró frenar la designación de Julián Álvarez y de Juan Ignacio Forlón en la AGN vía judicial. Con todo, la madrugada del jueves, cuando designaron a los miembros de la AGN en Diputados, fue un escándalo político que fue más allá del organismo controlador.
El rumor comenzó a pocas horas de comenzada la sesión el miércoles pasado. “No va a pasar nada”, les respondió Lule Menem a dos legisladores amarillos que lo consultaron. Pero era tarde: el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, motorizó con su bancada de Innovación Federal el tema como moneda de cambio para colocar a su empleada, Pamela Caletti, además del camporista Forlón y la libertaria Mónica Almada. El macrista Jorge Triaca había sido quitado de la nómina.
Pasadas las 2 y media de la mañana, empezó a circular el escrito de nombramiento y media hora después lo votaron. Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, se enteró en esos minutos y explotó. Dedicó adjetivos de todo tipo al titular de Diputados, Martín Menem. Le adjudicó “falta de códigos” y “falta de palabra”. En privado llegó a decir: “Se perdió la confianza, que se consigan el quórum ellos”.
“Cagaron al tipo que fue un tractor que los llevó a sacar leyes, a sostener los vetos y a acordar en la Provincia. Que no crean que ahora Cristian va a volver a ser el mismo”, le dice a PERFIL uno de los legisladores del PRO que más lo conoce.
El episodio de la AGN es apenas un botón de muestra de la crisis profunda que se vive en estas horas entre el PRO y LLA. El peor momento desde que Javier Milei es presidente.
Sin diálogo con Mauricio Macri, tras la última frustrada reunión bilateral, ya hace dos viernes en la reunión de fin de año de la Fundación Pensar no hubo prácticamente alusiones positivas al gobierno nacional con excepción de la baja de la inflación y el achicamiento del Estado.
Por el contrario, la agenda que piensa llevar adelante la presidenta de Pensar, el think tank amarillo, María Eugenia Vidal, va en sentido contrario: una oposición racional, constructiva, con propuestas, pero oposición al fin. Fue el posicionamiento por el que Vidal vino pujando este año: distancia prudente de los libertarios. Es un lugar que hoy Macri prefiere.
En este marco, la sangría de diputados amarillos sigue siendo tema de conversación. “Decidí quedarme en el PRO más allá de que tuve algunas disidencias internas. Pero uno tiene que ser leal con el espacio que te dio la oportunidad de ocupar la banca que ocupás. Preferí quedarme en el PRO. A veces menos es más”, le dijo Álvaro González al canal C5N esta semana cuando salía del recinto en plena discusión por el Presupuesto 2026.
Durante semanas tuvo distintos ofrecimientos para ir al bloque de Provincias Unidas y lo desechó. A la jefa de ese bloque, la también santafesina, la exvicegobernadora Gisela Scaglia, la conoce muy bien, al igual que al gobernador Maximiliano Pullaro. Es más: González con Horacio Rodríguez Larreta fueron quienes le propusieron en 2023 a Pullaro que la llevara de compañera de fórmula.
“Yo entré por el PRO y me pareció una deslealtad hacia aquellos que me dieron esa posibilidad”, completó en la entrevista televisiva.
Sus palabras resuenan en la bancada amarilla. Hubo casos y casos en las salidas: por ejemplo, a Sabrina Ajmechet la colocó en la boleta violeta por la Ciudad la entonces ministra Patricia Bullrich –ya venía alejada del expresidente– y no el PRO. En cambio, Belén Avico, de Córdoba, Alejandro Bongiovanni o la empresaria Verónica Razzini (ambos de Santa Fe) sí entraron por la lista amarilla sin otros colores.
La situación se agrava cuando se mira la micropolítica bonaerense: allí hay ruido en muchos concejos deliberantes entre el PRO y LLA a pesar del acuerdo alcanzado en septiembre y en octubre. El caso Bahía Blanca fue emblemático: un impuesto a las grandes empresas locales –avalado por ellas mismas– para mitigar inundaciones, que impulsó el intendente peronista Federico Susbielles, fue acompañado por Gisela Caputo, del PRO, y bastardeado por los libertarios. Se rompió todo y Caputo fue elegida presidenta del Concejo Deliberante. Pero hubo problemas en muchos distritos: La Matanza fue otro caso, donde hubo peleas y divisiones.
Acaso por ello en la Legislatura bonaerense el PRO conservó su bloque tanto en Diputados como en Senadores.
