La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del escritor, filántropo y empresario farmacéutico, Alejandro Roemmers y dio por cerrada de manera definitiva la denuncia penal que se había presentado en su contra. El delito por el que lo investigaban era el de trata de personas, a raíz de acusaciones que le había hecho Roberto Mazzoni en una reunión pública en el Senado en 2022. El tribunal sostuvo que la acusación no tuvo sustento y descartó la existencia de cualquier hecho delictivo.
La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que ratificó lo resuelto previamente por un juez de primera instancia. De este modo, la Justicia concluyó que Roemmers que la denuncia que dio origen a la causa fue infundada desde el inicio, dado que nunca se aportaron pruebas que permitieran sostenerla.
Según surge del fallo, durante los más de tres años que duró la investigación no se logró acreditar ningún vínculo entre el denunciante y el empresario, ni se presentaron víctimas, pruebas ni hechos concretos que respaldaran la acusación. Tampoco aparecieron elementos que pusieran en duda su buen nombre y honor.
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El tribunal también evaluó que las personas presentadas como testigos no ofrecieron declaraciones confiables. De acuerdo con la investigación judicial, se trató de testimonios inducidos por el propio denunciante, quien habría intentado involucrar falsamente a Roemmers sin respaldo en hechos reales.Alejandro Roemmers reveló a qué edad comenzó a escribir y el por qué no tenía TV de chico
Con la confirmación del sobreseimiento, la causa quedó cerrada de manera definitiva. Desde la defensa señalaron que el fallo confirma que se trató de una denuncia falsa y advirtieron sobre el daño que este tipo de acusaciones genera, tanto a nivel personal como social.
Tras conocerse el fallo, el abogado defensor Juan Pablo Vigliero afirmó que la decisión judicial “ratifica por tercera vez que se trató de una denuncia fabricada con fines extorsivos” y advirtió sobre el impacto que este tipo de prácticas tiene en el sistema judicial. En ese sentido, señaló que el uso de denuncias falsas no solo genera un dispendio de recursos públicos, sino que también “banaliza delitos graves y daña la credibilidad de las verdaderas víctimas”.
Razón por la cual, afirmó que se impulsarán acciones legales contra quienes promovieron y difundieron la denuncia, con el objetivo de que se determinen responsabilidades por el daño causado.
LT
