En tiempos turbulentos donde parece florecer el discurso anarco-libertario siempre atento a la reducción del protagonismo estatal, y donde la post pandemia se acerca tanto como se aleja, -aquí y del otro lado del charco-, vale la pena repreguntarnos por qué es necesario revalorizar a los municipios, fortalecerlos y dotarlos de nuevas y viejas capacidades estatales y recursos.
Durante décadas no fueron considerados un objeto de estudio especialmente atractivo para las ciencias sociales, en parte fundamentado en la ausencia de recursos económicos gravitantes y la baja capacidad de actuación respecto de los otros niveles de gobierno. Es decir, o meras administraciones u actores obedientes de directrices emanadas de otros centros. Ni hablar de los Consejos Deliberantes, instituciones que en ocasiones, parecen funcionar como organismos pre-cortesanos o siempre enredados en lo minúsculo.
En Argentina existen alrededor de 2.200 gobiernos locales de los cuales la mitad se constituyen bajo la forma de Municipio y la mayoría de la población vive bajo la órbita de esta primera forma jurídico-política. La variabilidad en cuanto a tamaño y peso poblacional es demasiado pronunciada y como se sabe se adolece de un inframunicipalismo.
La autonomía municipal es reconocida por la Constitución Nacional en el artículo 123 y en la mayoría de las cartas magnas provinciales, siendo las provincias sin reformas constitucionales post 1994 -Bs.As, Mendoza, Formosa y Santa Fe- las que constituyen una excepción a la regla. No obstante, en todos los municipios -aún de las provincias citadas- se elige democráticamente a las autoridades políticas y legislativas y se cuenta con (escasos y desiguales) recursos financieros y de estructura administrativa.
Se suele repetir como un mantra que es en este nivel de gobierno donde recaen las principales y variadas demandas ciudadanas; es la primera línea de choque pero también el frontón donde repican otros golpes. En sucesivas crisis –nacionales o globales- se ha dado sobradas muestras de la territorialización de los problemas.
La reciente gestión de la pandemia implicó para los municipios el despliegue de un sinfín de variadas acciones, desde la comunicación en la prevención del contagio, la disponibilidad de recursos electrónicos, la disposición de nuevos espacios públicos con las distancias requeridas, la habilitación de bicisendas, la asistencia a poblaciones vulnerables, la cooperación para la compra de medicamentos hasta la gestión de la vacunación de su propia población.
La agenda de políticas públicas que emprenden estos actores de gobierno se viene reconfigurando ya desde hace décadas, sin embargo, sus recursos no se han visto sustantivamente incrementados.
Si queremos aprender las lecciones que nos ha dejado la gestión de una crisis sin precedentes, urge sostener esta transformación de políticas sustantivas y próximas a la ciudadanía con recursos igual de estables y relevantes. Cabe recordar que ese set de servicios públicos locales que tanto admiramos cuando tenemos el privilegio de viajar a España –por caso- llevó 20 años de construcción sostenida y a conciencia (recursos e impuestos) durante la transición democrática.
Es necesario ir abandonando o al menos modulando la política del “pedido ya” que practican los gobiernos provinciales y nacionales en momentos de crisis para dar lugar a la planificación a largo plazo, generar acuerdos asociativos intermunicipales y multinivel estables y de mayor calado así como perfilar un corazón de políticas e infraestructura comunes a todos los municipios que reduzca la diferencias entre ellos. Sólo así habremos aprendido la lección.
*Profesora Titular (Undav, Argentina). Doctora en Teoría Social y Política (UPF, Barcelona).
Producción periodística: Silvina L. Márquez.
