Defender el interés nacional construyendo una soberanía multidimensional es el gran desafío argentino. Nos toca asistir a un mundo que sufre la parálisis del multilateralismo, que no resulta capaz de construir bienes públicos globales ni en el plano ambiental, ni en el plano tecnológico, ni en el plano financiero. Y Argentina lo padece descarnadamente cuando se trata de remediar consecuencias de endeudamientos tóxicos.
Una lupa sobre diversos aspectos de las finanzas globales exhibe que no hay una dicotomía absoluta entre Oriente y Occidente, sean cuales sean sus ideologías. Por el contrario, todavía no se han podido construir los consensos de cambio para superar los injustos fundamentos de la arquitectura financiera internacional en espacios de cooperación como el G20, en organismos multilaterales, y en compromisos compartidos rubricados en el marco del Acuerdo de París o la persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Veamos lo que ocurre en el seno del FMI, por ejemplo. Se ha decidido una histórica emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), que hasta el momento han tenido un uso escaso a pesar de la gravedad de la pandemia. Y, lo que es mucho peor, corren el riesgo de engrosar solamente las reservas de los países más ricos, es decir, aquellos que no los necesitan. Cerca de cuarenta países en total accedieron a US$ 37 mil millones, es decir, 6% de los US$ 650 mil millones emitidos en agosto pasado (Centro de Investigación Económica y Política, 2022).
La creación en el seno del FMI del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad prevista para fin de año, a partir de una recanalización de US$ 50 mil millones en DEG, abarca poco más del 10% de la cuota que recibieron los países más ricos, y refleja otro punto de encuentro entre hemisferios opuestos. Las sacrosantas autonomías de los Bancos Centrales, las dificultades burocráticas de todo tipo y la falta de voluntad política concreta hacen que este instrumento tan valioso por ahora esté congelado como modo de inyectar liquidez y mayor alivio a la economía mundial. La Argentina despliega una estrategia en múltiples campos para que esto se supere, de la mano de las visiones más sensibles a un mejor uso de los DEG, tanto de los organismos multilaterales como en las relaciones bilaterales.
Otro ejemplo por demás relevante, que tiene que ver con el costo del financiamiento internacional, tampoco responde a una lógica bipolar de Oriente versus Occidente, ni de derechas versus izquierdas. Organismos multilaterales e instituciones de préstamo bilateral, tanto en nuestro continente como en Europa y Asia, cobran una tasa de interés de referencia similar, Libor, Euribor o Sofr, más un diferencial que varía según la institución entre 2% y 4% aproximado, al que se añaden en el FMI los polémicos sobrecargos. Sobrecargos que hasta ahora ni desde uno u otro sector se proponen eliminar. Los contratos de préstamos con cláusulas de default cruzado y eventos de incumplimiento que disparan parálisis de desembolsos no reconocen credos teóricos capitalistas, marxistas o maoístas. Lo vemos descarnadamente cuando se acerca la fecha de un vencimiento para la Argentina. Tienen todos una misma lógica de pago en tiempo y forma y, como las raíces de los árboles en el bosque, se encuentran entrelazadas aunque en la superficie política se parezcan a otra cosa.
Tampoco aparecen de modo suficiente los fondos para reparar el daño ambiental, y contribuir a apuntalar las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en los países en desarrollo. Los países que más contaminan aún están lejos de movilizar los US$ 100 mil millones anuales comprometidos en el Acuerdo de Copenhague. Glasgow terminó en vanas promesas y los recursos a canalizar ni por asomo permiten albergar acciones concretas a este respecto.
La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés), implementada en conjunto por el G20, el Banco Mundial y el Club de París para generar una reducción del endeudamiento en las naciones más pobres es otro eje de coincidencia que tuvo un alcance acotado. Según Kevin Gallagher, profesor de la Universidad de Boston, los países más pobres son reticentes a ingresar al programa debido a que verían reducidas sus calificaciones crediticias y encarecido el financiamiento futuro, ya que estarían dando señales confusas sobre su capacidad de pago. Una iniciativa en la dirección correcta pierde fortaleza al toparse con obstáculos enquistados. Los reclamos desoídos de las Naciones Unidas para incorporar a esta propuesta a los países de renta media es otro ejemplo del deterioro del multilateralismo.
Posiciones políticas antagónicas y debates encendidos en muchos otros frentes no se replican en esquemas de finanzas internacionales escritos sobre piedra que no logran reducir las brechas de desigualdad. Brechas que no tienen lugar entre este y oeste, sino entre norte y sur, entre periferia y centro.
Este núcleo duro de inequidad amparado en la dinámica del crédito externo exige, desde la defensa del interés nacional, terminar con una lógica extractivista que posee básicamente una triple dimensión. La extracción primarizada de recursos naturales depredadora del ambiente; la extracción financierizada de capitales fugados; la extracción de recursos nacionales a través de mecanismos de corrupción estructural.
Superar este extractivismo requiere la generación de divisas de calidad, que no sean fruto de endeudamiento espurio o especulación financiera, sino de una economía real pujante, innovadora, exportadora e inclusiva. De lo contrario, cualquier intento de desarrollo chocará más temprano que tarde con la restricción externa, una creciente demanda de importaciones y un cuello de botella que acabará frenando el potencial de los mercados internos.
En 2021, las exportaciones de la región crecieron 25%, pero impulsadas por un alza de 17% en los precios y de 8% en las cantidades. Las importaciones no solo crecieron a una tasa mayor, de 32%, sino que lo hicieron con una expansión de 20% en volumen y 12% en precios. Es decir, con la tendencia inversa (Cepal, “Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe). Con 42% de suba de exportaciones y 49% de importaciones, la Argentina no fue la excepción.
El principal factor de mejora fue el alza generalizada en el precio de las commodities que siguió al derrumbe de 2020. La primarización fija límites a la cooperación regional. Sin soberanía comercial, las economías latinoamericanas y caribeñas seguirán a merced de proveedores externos y de divisas para la importación.
América Latina es una de las regiones más dependientes de sus productos básicos en el mundo, con una proporción que supera el 60% del total de exportaciones en muchos países. Esta dependencia incide negativamente en indicadores de desarrollo humano como la esperanza de vida, la educación y el ingreso per capita (“State of Commodity Dependence Report”, Unctad).
La región precisa encontrar un camino al desarrollo donde no quede reducida al mero aporte de materias primas en un viejo esquema de división internacional del trabajo. La integración intrarregional es una prioridad, porque no es tiempo de Estados-Nación aislados sino de Estados continentales 4.0, capaces de un intercambio industrial cada vez más sofisticado.
Tampoco podemos pensar la Argentina del siglo XXI con la lógica del siglo XIX. Ni granero del mundo, ni supermercado. En los supermercados no se compran energías renovables, ni insumos para la electromovilidad, ni se contratan servicios de la economía del cuidado, de salud o educación a distancia, de diseño audiovisual, no se producen vacunas, o medicamentos, ni se ponen en valor ecosistemas estratégicos.
No se trata solo de envasar alimentos sino también de “industrializar” conocimiento que sea heterogéneo, en el campo y la industria. De agregar valor en una estrategia de soberanía productiva sin la cual la soberanía financiera se hace cuesta arriba. De evitar una división internacional del trabajo que sea regresiva y avanzar hacia una sana multiplicación de los beneficios de la integración productiva.
Una publicación reciente del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que América Latina podría abastecer a Estados Unidos en una gran cantidad de productos industriales, como textiles y conductores eléctricos, y en servicios especializados (“Nearshoring en las Américas”, BID). Similares ventanas de oportunidad pueden hallarse en otras geografías para productos sofisticados, en un intercambio que –más allá de fronteras ideológicas– esté basado en la transparencia y la competencia en el momento de decidir obras de infraestructura, la transferencia tecnológica y el respeto al ambiente.
Una relación con el resto del mundo primarizada y unipolar y excluyente es el resultado del monocultivo de ideas precarias. Dejarlo atrás implica establecer relaciones diversas de confianza, ir más allá de las ventajas comparativas y diversificar nuestra canasta exportadora sobre la base de ventajas innovativas.
La nueva economía y las tecnologías 4.0 nos brindan la oportunidad de disminuir los déficits de productividad, de agregar valor y crear empleo sobre la base de productos de calidad diferenciada. Así nos estaremos preparando para una etapa de “regionalización globalizada”, como lo denomina Cepal, con cadenas de suministro más cortas y un rol cada vez más importante de los acuerdos megarregionales (RCEP, Cptpp, T-MEC).
El plan de autosuficiencia sanitaria para la región aprobado en 2021 en el marco de la Celac es un paso en la dirección de profundizar la integración productiva y comercial de la región, y alcanzar de forma mancomunada escalas de mercado con las que ya cuentan los países desarrollados, al tiempo que se reduce la vulnerabilidad a vaivenes externos.
Tenemos que dejar atrás la división internacional del trabajo empobrecedora y alejada de los nuevos tiempos. Es el momento de una multiplicación nacional y regional del trabajo, creando las condiciones para defender la soberanía multidimensional.
*Secretario de Asunto Estratégicos.
Presidente del Consejo Económico y Social.
