¿Se puede pensar en un país que no solo no expulse allende sus fronteras sino que incentive una mayor movilidad y radicación de los recursos humanos calificados - de sus jóvenes- en las ciudades del interior? ¿Se debe? La respuesta a ambas preguntas es categórica: sí. Sin embargo, es necesario desglosar algunas aristas que hacen una vez más de la complejidad la norma. Ya se sabe: por definición, no hay problema público simple ni política pública imposible.
En primer lugar, la configuración espacial y regional de nuestro país pivotea sobre una excesiva macrocefalia bonaerense y porteña. Por tanto, es necesario dejar de lado el resabio de raíces histórico-culturales de un modelo de desarrollo que subraya, por activa y por pasiva, la dinámica interior/exterior o centro/periferia y que da por resultado una integración muy diferenciada. O en otros términos, una integración muy desigual.
Como muestra un botón. Mientras la región metropolitana y pampeana concentra más del 75% del capital productivo, el capital de trabajo, de las capacidades científico-tecnológicas y posee mayor diversificación de actividades con presencia de los tres sectores, otras regiones tienen una performance muy marginal alcanzando niveles paupérrimos de crecimiento demográfico, con un anclaje excesivo en la monoproducción y/o en la extracción no sustentable de sus recursos naturales. Y por tanto no logran constituirse en polos de atracción de recursos humanos y económicos. Por supuesto que esta dinámica tampoco es homogénea al interiores de las regiones del país.
¿Alcanza sólo con la planificación? Pues no, pero es un primer paso ineludible, que no siempre se da y mucho menos se completa en sus propósitos. El estado argentino, desde la creación del ex Ministerio de Planificación Federal impulsó una política explicita de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. Desde entonces y aún ya sin dicha estructura institucional - lo que sin duda da cuenta también de la alta volatilidad de los objetivos públicos sustantivos- ha definido un primer Plan Estratégico Territorial de alcance nacional (PET) que con altibajos ha sabido persistir a los cambios de colores políticos. Del mismo modo, a nivel subnacional existen +- un total de 18 planes, algunos más acabados e integrales que otros, destacándose el de la Provincia de Buenos Aires (2020) y Mendoza (2010 y 2017) ambos con proyección 2030. También el Cofeplan, órgano creado en el 2008 que nuclea a las provincias, CABA y el gobierno nacional, ha sido dispuesto para el encuentro y debate de las principales políticas y directrices en esta materia. Vale recordar que los Consejos Federales son buenos ejemplos de la tan declamada capacidad política de generar consensos y articular acciones a largo plazo.
Uno de los actores insoslayables a la hora de pensar políticas y ofrecer diagnósticos validados son las 131 universidades distribuidas en todo el país, 67 nacionales y/o provinciales y 61 privadas que sin embargo también se concentran territorialmente en la provincia de Buenos Aires y CABA, siendo las de gestión privada las que lo hacen aun en mayor medida. No obstante, las universidades públicas están presentes hoy por hoy en todas las provincias argentinas. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva definió hace algunos años una línea de investigación en consonancia con los temas de hábitat, planificación y expansión urbana. Y hace pocos días la cartera de referencia sectorial llevó a cabo un seminario que permitió relevar resultados, cruzar datos y vincular dicha masa crítica con las políticas públicas que se diseñan. Sin duda, el conocimiento generado por las universidades y el desarrollo de investigación, son recursos que no podemos darnos el lujo de obviar.
Conclusión: más planificación, más equilibrio y más perseverancia puede ser la solución al rompecabezas argentino.
*Dra. Teoría social y política (UPF, Barcelona), Investigadora Universidad Nacional de Avellaneda.
