El encuentro convocado por la Asociación de Jueces Federales de la Argentina en la ciudad de Rosario, y encabezado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, provocó una singular repercusión, sobre todo porque la agenda de la discusión se centró en las complejísimas aristas vinculadas con rol del Poder Judicial frente al narcotráfico.
De hecho, circularon mensajes falsos y alertas de todo tipo que exigieron manifestaciones de las autoridades orientadas a un concienzudo llamado a la responsabilidad.
No debe ser soslayado el hecho de que este intercambio se haya emplazado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es decir, en un escenario donde cotidianamente se apuesta a la construcción del conocimiento jurídico. Tampoco merece minimizarse que esta misma semana el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario emitió una contundente declaración respaldando la labor de los fiscales Luis Schappa Pietra –quien, además, es docente de dicha casa de estudios– y Matías Edery, quienes han sufrido episodios de persecución por sus actuaciones en causas de sensible impacto para los marcos delictivos actuales de la ciudad de Rosario.
En definitiva, la academia acoge, como corresponde que suceda, una preocupación que atraviesa, sin distinción alguna, la vida de la comunidad en la que se inscribe.
En virtud de ese mandato, una de las empresas iniciales en la enseñanza del derecho está dada por ubicarlo en sus íntimos vínculos con el poder. Allí, solemos decir que el poder reconoce contornos mucho más oscuros de los que efectivamente ostenta, esto es, posee una dimensión “subterránea” donde se mueven los hilos de aquello que, finalmente, se nos muestra aprehensible. Esos poderes que, frecuentemente, subyacen agazapados detrás de las estructuras visibles, hoy están exhibidos con plena nitidez, sin discreción alguna.
Por lo tanto, se refuerza la idea de que el estudio del derecho requiere, indefectiblemente, de perspectivas antiformalistas que lo sitúen y se hagan cargo de las significaciones en confrontación, más allá del texto de la ley. Poco podría contribuirse, ante tensiones del tamaño de las que nos convocan, si continuáramos afincados en la lógica de la reproducción y de la asimilación acrítica.
Las prácticas que nos atemorizan integran una serie de normatividades que amenazan el orden jurídico estatal y desacreditan su elemento distintivo: la fuerza. Convive, en suma, el derecho producido por los actores legítimamente investidos de autoridad con reglas respaldadas por la coerción, pero emergentes de otros centros de poder. En este último terreno no hay espacio para la deliberación, ni para los límites, no es posible advertir sujeción alguna, solo ferocidad.
El hecho de que esta detección ingrese a las aulas no la legitima ni coadyuva a sostenerla, forma parte de un ejercicio realista, de una verídica descripción del derecho como producto histórico, resultante de infinidad de tensiones encarnadas por sujetos muy diversos.
La academia es la atmósfera más saludable para tomar las riendas en ese desafío, porque allí prima la pluralidad, porque nos escuchamos, porque acordamos en la conveniencia de que subsista el desacuerdo.
En pocas palabras, los poderes salvajes –recuperando el título de una obra de Ferrajoli– no serán domesticados por la imposición del saber jurídico, pero conocerlos, someterlos a análisis, supone la conciencia de que toda disputa por el territorio es una disputa de sentido. Y ese sentido no se configura ni legitima en soledad.
*Máster in Global Rule of Law and Constitutional Democracy Profesor e Investigador de la Facultad de Derecho de la UNR.
