En un esfuerzo por evitar una catástrofe climática el mundo está avanzando, de manera cada vez más acelerada, en la necesaria transición energética que lo aleje de los combustibles fósiles hacia un creciente uso de energías no contaminantes. Este proceso, profundamente disruptivo para nuestra forma de vivir y producir, no tiene vuelta atrás. Como país, cuanto antes abracemos este cambio, mejor posicionados vamos a estar para el mundo que viene.
El transporte es un sector clave a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En nuestro país este sector explica 15% de los GEI y 24% del CO2 emitidos cada año. Por eso, celebremos la presentación del proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que busca avanzar en la descarbonización del sistema de transporte en Argentina impulsando la transición hacia la electromovilidad.
Para dimensionar el cambio que está ocurriendo sirven algunas cifras. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en 2015 había menos de 1,5 millones de vehículos eléctricos (VEs) patentados a nivel mundial, incluyendo automóviles, utilitarios, autobuses y camiones. Esta cifra superó los 11,3 millones en 2020, y se estima que para 2030 las ventas anuales superen los 26 millones de unidades. Este crecimiento no se está dando de manera equilibrada, sino que se concentra fuertemente en algunos países, principalmente China, países europeos (sobre todo Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido y Holanda) y en el Estado de California en Estados Unidos. En Noruega, líder a nivel mundial, casi el 75% de los nuevos autos vendidos en 2020 fueron eléctricos. En términos numéricos, China cuenta con la mayor flota de automóviles eléctricos con 4,5 millones de unidades.
¿Qué tienen en común estos países? Que en todos ellos la regulación y los incentivos públicos han sido clave. Por diferentes razones –precio de los Vehiculos electricos (Ves), falta de infraestructura, desconocimiento de los consumidores– la electromovilidad no despega si inicialmente no es fuertemente impulsada desde el Estado. Las medidas de apoyo que han resultado exitosas en el mundo se concentran principalmente en:
Medidas fiscales e incentivos monetarios destinados a favorecer la demanda.
Incentivos indirectos a la demanda, como privilegios de acceso a la infraestructura vial y estímulos para la extensión de la infraestructura de recarga.
Regulaciones ambientales, que incluyen medidas de restricción a la circulación de vehículos de combustión interna y prohibición a futuro de su comercialización.
Incentivos a la investigación y desarrollo (I+D) ligados a la electromovilidad.
Compras y contrataciones públicas para priorizar VEs en flotas estatales y de transporte público,
Un análisis inicial del proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable muestra que es un proyecto ambicioso que ha tenido en cuenta muchas de las buenas prácticas internacionales, incorporando además un componente fuerte de desarrollo y producción local, atento a que nuestro país cuenta con una importante industria automotriz y de autopartes, y significativas reservas de materias primas –litio– necesarias para la electromovilidad.
El proyecto, que aún debe ser discutido y aprobado en el Congreso, busca crear un régimen que promueva “el diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, reconversión y/o utilización de vehículos propulsados por fuentes de energía sustentables y que también promoverá partes, conjuntos y equipos auxiliares en el territorio del país”. Incluye una serie de medidas para beneficiar tanto la demanda como la oferta de VEs y la infraestructura de recarga asociada. Son medidas que, bien diseñadas, financiadas e implementadas, han tenido un impacto positivo en los países líderes. El proyecto contempla un Bono Verde de crédito fiscal en forma de descuento directo sobre el precio del vehículo y de los cargadores; eximición de los VEs del impuesto sobre bienes personales; cuotas de adquisición de VEs para la flota de la Administración Pública Nacional y de recambio en la flota del transporte público de pasajeros; beneficios fiscales para la instalación de proyectos productivos de movilidad sustentable y por el cumplimiento de metas ligadas a exportaciones, creación de empleo y mejora tecnológica entre otras; fomento de Investigacion y Desarrollo a través de la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable; prohibición de comercializar vehículos nuevos con motor de combustión interna desde el año 2041. Todo el régimen será financiado mediante la creación del Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (Fodems).
Es un texto positivo, alineado con las buenas prácticas a nivel global. Su éxito dependerá de la voluntad política para asegurar su aprobación e implementación así como de la colaboración sostenida en el tiempo con un gran número de actores. La clave, en última instancia, estará en la financiación del régimen y será clave el apoyo concreto que los Bonos Verdes otorguen a los compradores de VEs. Al respecto, el proyecto carece de precisiones, estipulando que será la autoridad de aplicación la que “fijará anualmente el monto o alícuota asignado a este bono”.
La tendencia es clara y la oportunidad para Argentina es grande. Está en nosotros subirnos a esta ola transformadora y ser protagonistas de la movilidad del siglo XXI.
*CEO de Luft Energía, con la colaboración de Tomas Kroyer, de la Red de Movilidad Sostenible 2030.
