El mercado de trabajo argentino no puede más. Y esto es así porque bajo este sistema de reglas y el orden económico en el que vivimos no puede generar los empleos suficientes para abastecer la demanda de los argentinos, un pueblo que siempre pretendió orgullosamente vivir por sus propios medios.
Casi el 50% de nuestros compatriotas en edad de trabajar no están registrados ni formalizados. Laburan igual, claro. Nadie puede vivir sin laburar. Pero sí se puede trabajar a la buena de Dios. Sin derechos, sin ingresos fijos.
En la franja etaria más joven, este porcentaje es aún más alto. Hay una palabra que, con picardía, usan algunos pibes para definir su situación laboral: “monotributriste”. Porque la expectativa de conseguir un empleo privado y de calidad ya casi no existe.
Esto queda claro al ver el gráfico que ilustra este texto. La desaceleración en la tasa de crecimiento del PBI observada durante la última década puede explicar por qué entre 2012 y 2019 se generaron unos 170 mil puestos de trabajo anuales menos que entre 2003 y 2011.
Sin embargo, ese no es el dato que más salta a la vista, sino otro que nos muestra que la crisis es más profunda. Porque no es solo una cuestión cuantitativa, sino también estructural. El 80% de los puestos de trabajos creados entre 2003 y 2011 correspondía a asalariados registrados privados. En el período siguiente, esa relación pasó de a ser del 1%. Sí, leíste bien. Uno de cada cien. En una década rompimos lo que nosotros mismos habíamos construido.
¿Cómo podemos volver a generar puestos de trabajo formales en el sector privado? ¿Se puede revertir la situación y volver a crear la expectativa de conseguir un laburo en blanco, con buen sueldo y prestaciones, que permita a los argentinos proyectar una vida hacia adelante?
Primero que nada, hay que recuperar la noción de crecimiento. Si la economía no logra aumentar de manera sostenida la producción, es prácticamente imposible lograrlo. Para que haya más y mejor empleo tiene que haber más producción. No hay en esto soluciones mágicas: no se puede repartir una torta que no existe. La productividad, como también sostuvo Perón, tiene que volver a ser nuestra estrella polar.
Pero con eso solo no alcanza. También necesitaremos recrear un nuevo marco legal para que el mercado laboral argentino se adapte a las nuevas formas de la economía. Sobre todo, en aquellos sectores en los que Argentina puede disputar los puestos de trabajo que de otro modo pueden localizarse en otras geografías (competir internacionalmente) y aquellos que necesitamos impulsar para impactar y dinamizar la estructura social (incluir localmente). En síntesis, un nuevo pacto laboral.
En las últimas décadas hemos transformado el tema en un tabú. Ante la mínima insinuación de algún cambio en la legislación laboral, se tilda a quien lo propone de “neoliberal”, de derechista, de estar en contra de la clase trabajadora. Falso. La necesidad de cambiar el mercado laboral es un planteo serio de distintos sectores. Lo realizan los empresarios –fundamentalmente las Pymes– que con cada nuevo empleado se arriesgan a un juicio contra su capital. Y lo empiezan a pedir distintos sectores de trabajadores que quieren ver crecer las plantas gremiales.
Se entiende por qué: la situación actual es tan absurda que hay muchos laburantes que prefieren seguir en negro. Porque así cobran más y tienen acceso a beneficios que estando registrados no tendrían.
Seamos claros. Las vacaciones, el aguinaldo, los aportes patronales son consensos ya establecidos. Tótems argentinos que nadie puede derribar. No es eso lo que hay que cambiar. Es todo lo demás. El que diga que una modernización laboral implica necesariamente un recorte de derechos está haciendo pura y simple demagogia.
Tomemos, como ejemplo, lo que sucedió con la litigiosidad laboral. Este tema fue el objeto de estudio de mi tesis para la finalización de la maestría en economía de la Universidad de San Andrés (https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/handle/10908/18829).
Entre 2004 y 2007, un conjunto de fallos judiciales de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación dio lugar al acceso directo de los reclamos a la justicia laboral. Esto diezmó el rol de las comisiones médicas y condujo a una explosión de la actividad judicial relacionada con los siniestros en el mundo del trabajo.
Las empresas aseguradoras encontraron provechoso estirar los plazos judiciales: así demoraban el pago y utilizaban el cobro de la prima a las empresas para otras actividades financieras. Por su parte, los abogados defensores acumularon un conjunto grande de juicios que les permitía extraer beneficios “extraordinarios” de las ART. El sistema de riesgos del trabajo incrementó de modo sustancial los pasivos contingentes y los juicios sin resolución. Y los trabajadores, que en teoría eran los beneficiarios, nunca recibían en tiempo y forma los resarcimientos correspondientes por los accidentes ocurridos.
En febrero de 2017, se promulgó la modificación de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, cuyo objetivo principal fue reintroducir la instancia administrativa de revisión médica. El impacto fue inmediato y contundente.
La modificación de la ley llevó a una reducción del 64% de las notificaciones judiciales (respecto del promedio de las recibidas entre febrero de 2016 y febrero de 2017). Simultáneamente, hubo una caída del 46% de los siniestros ocurridos (respecto del promedio mensual que hubo entre febrero de 2016 y el mismo mes de 2017).
Lo más importante es que no hubo impacto en las alícuotas pagadas por las empresas que aplicaron la ley respecto de aquellas que estaban en jurisdicciones que no lo hicieron. Y que se agilizaron los procesos, haciendo que los trabajadores pudieran recibir en tiempo y forma los resarcimientos por los accidentes sufridos.
¿Qué tiene que ver con lo que decíamos más arriba? Todo. Existen cuestiones centrales en las que podemos identificar obstáculos claros que tienen un impacto negativo en la productividad del mercado laboral. Concretos, medibles, inapelables y que perjudican tanto a las empresas como a los trabajadores. Por eso, cuando dichos obstáculos son removidos, todos ganan. El mercado laboral se fortalece. Y la economía crece.
Pero para lograrlo hay que romper la veda. Animarse a hablar de lo que no se habla y tomar acciones decididas. Decir y hacer, las dos cosas juntas. Y romper los tabúes que ya no nos sirven para nada, para volver a proyectar un país en el que mañana estemos un poquito mejor que ayer. Demósle forma a esa voluntad: está al alcance de nuestras manos.
*Economista. Exdirector ejecutivo de Anses.
