La reforma constitucional de 1994 previó algunas atenuaciones del hiperpresidencialismo. Entre otras, diseñó un organismo que tuviera a cargo la selección y remoción de jueces y juezas, en el que el poder político compartiera su influencia, hasta entonces monopólica, con las representaciones de otros estamentos.
La historia desde ese entonces ilustra cómo aquello que fue aceptado por unanimidad en la Constitución fue erosionado lentamente hasta fagocitarse al resto de los sectores del Consejo de la Magistratura.
En las primeras conformaciones del Consejo, con una composición de veinte miembros, los estamentos principales tenían la misma cantidad de representantes: tanto la Cámara de Diputados, la de Senadores, la representación judicial y de la abogacía contaban con cuatro. A su vez, los académicos tenían dos, sumado a un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema que también presidía el Consejo. Para el Congreso se incluía también un representante por la segunda minoría, que representaba una voz disonante.
Este esquema garantizaba que debieran buscarse consensos y que no pudiera tener predominio el poder de turno. Ante esto, en 2006, a instancias de la actual vicepresidenta (por entonces senadora), se reformó el Consejo para reducirlo a trece integrantes con seis pertenecientes al Congreso. La abogacía quedó reducida a dos, se eliminó la segunda minoría del Congreso y se quitó participación a la Corte.
Evidentemente esto resultaba insuficiente para el poder de turno porque en 2013 el Congreso aprobó una ley por la cual todos los integrantes del Consejo debían ser elegidos como parte de una lista partidaria en las elecciones generales del país. La Corte Suprema la declaró inconstitucional pocos meses después de sancionada.
En cambio, increíblemente, tuvieron que pasar quince años para que finalmente declarara inconstitucional la ley de 2006 por violar el equilibrio entre estamentos, aceptando durante tanto tiempo esa conformación ilegítima. Con la decisión adoptada en 2021, la Corte dispuso que se vuelva al Consejo de veinte integrantes hasta que el Congreso dicte una nueva ley. De esta forma, se aseguró volver a presidir el organismo.
Sin embargo, aun cuando se haya vuelto a la primera ley, las cosas son bien diferentes porque la política partidaria se ha inmiscuido en la selección del resto de los estamentos.
En cuanto a la abogacía, los partidos políticos ahora lograron patrocinar a las listas que se presentan en las elecciones, algo que hasta poco no ocurría. Quienes conocen la trastienda explican que cada vez es mayor el presupuesto que se requiere para la publicidad electoral y la fiscalización de los comicios y que por eso se insertaron los partidos políticos.
En el sector de los jueces y juezas también hay una lista identificada con JxC (lista Bordó), que termina siempre primera por poco, y otra con el FdT (lista Celeste). Además de estas dos agrupaciones, hay una que no está identificada con los partidos pero termina tercera. Un objetivo visible del actual oficialismo es ir designando magistradas y magistrados identificados con la lista Celeste para poder quedarse, en un futuro, con dos representaciones judiciales en lugar de una, como la que ostentan en la actualidad.
El sector académico es más difícil de catalogar aunque está muy influenciado por los partidos. Aquí podemos situar por un lado a la UBA, vinculada al radicalismo; las universidades del Conurbano, que están relacionadas con el oficialismo actual; y las del interior del país, que están divididas. Si hubiera elecciones directas de titulares de cátedra, vencería alguien elegido por la UBA. Para evitarlo, el resto se puso de acuerdo para organizar la elección a través de un mecanismo indirecto que las beneficia. La UBA viene protestando sin éxito.
Entre otros problemas de que el poder político y, encima con este nivel de “grieta”, se haya adueñado así de buena parte del Consejo hay que destacar obviamente la dificultad de lograr consensos. Así, hay casi un 30% de las vacantes de los tribunales federales y nacionales que está sin cubrir y el problema se incrementará rápidamente. A su vez, el organismo perdió completamente la función de sancionar pues como las y los magistrados quedan alineados con algún sector político, tienen quien los defienda. En definitiva, la situación de dos bandos enfrentados hace que se mantenga un statu quo que lentamente va corroyendo al Poder Judicial y lo vuelve menos autónomo, más precario, lento, alejado de la ciudadanía y decadente.
*Abogado y cofundador de ACIJ, integrante de la plataforma justa.acij.org.ar.
